En Formosa, la operadora Patricia García —ligada al diputado Gerardo González— habría replicado el esquema de coimas que estalló en Chaco y en el ANDIS: aprietes a prestadores del PAMI, descuentos compulsivos a empleados y manejos turbios de fondos públicos. Lo que en otras provincias ya llegó a la Justicia, aquí sigue siendo un secreto a voces, protegido por la impunidad. Con la nueva conducción de LLA en manos de Atilio Basualdo, Gabriela Neme y Francisco Paoltroni, la incógnita es si habrá denuncias o si la corrupción seguirá bajo la alfombra.
Locales24/08/2025
leonardo fernández acosta
En Formosa, el nombre de Patricia García suena con sordina, como esos secretos a voces que todos conocen pero que muy pocos se animan a poner por escrito. Ex operadora del diputado provincial Gerardo González, García habría montado un sistema de aprietes y pedidos de coima a prestadores del PAMI local. El mecanismo es siempre el mismo: clínicas y médicos obligados a “devolver” un porcentaje de las capitas que la obra social paga por atender jubilados.
Cuando eso no alcanzaba, la presión también se trasladaba hacia adentro: empleados de PAMI a los que se les exigía entregar parte de sus sueldos para “financiar al partido”. La indignación estalló en grupos de WhatsApp, pero no porque los trabajadores se resistieran a la extorsión, sino porque descubrieron que al hijo de una dirigente gremial del organismo no le aplicaban el diezmo. El malestar fue generalizado: todos protestaron, confirmando que el sistema era real y no un simple rumor.
Lo que en Formosa quedó encapsulado en los pasillos, en Chaco ya llegó a los tribunales federales. En la causa que investiga el fiscal Patricio Sabadini, varios médicos declararon bajo juramento haber recibido pedidos de coimas del 20% de las capitas o, directamente, sumas millonarias en dólares para seguir trabajando con PAMI. Patricia García ya en ese momento se encontraba en esa provincia trabajando para Alfredo "Capi" Rodriguez, cabeza de La Libertad Avanza en Chaco.
El otro detalle, mientras mensajes de wassap le alcanzaron al fiscal federal del Chaco para iniciar de oficio la investigación, en Formosa no existen los fiscales que investiguen un entramado de igual magnitud, con indicios del mismo tenor.
Entre los nombres que aparecen señalados en este entramado estarían:
Alfredo “Capi” Rodríguez, presidente de La Libertad Avanza Chaco, titular de la Anses local y con manejo directo sobre el PAMI chaqueño. Alfredo Moreno, mano derecha de Rodríguez y funcionario del PAMI, acusado de ser el operador de los pedidos de dinero. Patricia García, identificada por los testigos como la mujer que llegó a pedir 100.000 dólares en nombre de Rodríguez y Moreno, presentándose como “encargada de los entes provinciales" y otro formoseño cuyo nombre también figura en la causa.
Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), removido tras la filtración de audios donde se describía el circuito de coimas que llegaba a la Secretaría General de la Presidencia.
Y el recorrido llega hasta Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y presidenta nacional de LLA, nombrada en los audios y chats como conocedora de la maniobra. Eduardo “Lule” Menem, operador central de la Casa Rosada, señalado como beneficiario del esquema de recaudación ilegal. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, mencionado en la causa de Chaco por recibir alertas de las afiliaciones truchas sin intervenir.
Los testimonios recabados en Resistencia también apuntan a que una parte de la “plata negra” quedaba en la provincia, y otra viajaba a Buenos Aires, cerca del círculo íntimo del presidente Javier Milei.
La nueva dirigencia no puede mirar para otro lado
Con la asunción de una nueva conducción libertaria en Formosa, encabezada por Atilio Basualdo (intendente de Las Lomitas), Gabriela Neme (diputada provincial) y Francisco Paoltroni (senador nacional), este esquema de impunidad no puede seguir naturalizándose. Ya no alcanza con “mirar hacia octubre” y trabajar en la campaña electoral. La política también se mide por su capacidad de romper con la corrupción enquistada y denunciar —como es su obligación— este tipo de prácticas en los organismos públicos.
Porque lo que comenzó como un escándalo nacional con derivaciones judiciales en Chaco y en Buenos Aires, amenaza con extenderse a otras provincias. Y en Formosa, donde los testimonios y las pruebas circulan en voz baja, el riesgo es doble: no solo se compromete la transparencia, sino que se habla de millones de pesos en recursos públicos desviados bajo el manejo de LLA.
Un límite necesario
El caso Patricia García expone el corazón de un problema estructural: cuando un partido que prometió terminar con la “casta” repite los mismos vicios que decía combatir, la traición es doble. Si Basualdo, Neme y Paoltroni realmente quieren encarnar un cambio, deberán poner un límite. El silencio y la complicidad no son opción.
Surge también de las visitas guiadas por la operadora de González, el nombre de Carlos Carusso, un operador del armado nacional de LLA, que manejaba a Gerardo González y ambos viajaban a Formosa para traer y llevar el financiamiento, muchas veces en miles de dólares como fue para la última campaña de LLA en Formosa (otra historia de manejos irregulares). Carusso, hoy también se abrió de LLA con el grupo donde, Gerardo González se juntó con Carlos D´alessandro y opera para ellos, por supuesto analizando como podrán negociar sus votos en el Congreso de acá para delante.
La pregunta ya no es si existió el esquema: médicos, empleados y dirigentes lo confirmaron con sus propias palabras. La pregunta ahora es si la nueva dirigencia se atreverá a denunciar, o si en Formosa volverá a ganar el pacto tácito de la impunidad.
Mientras Formosa intenta justificar un repunte “estacional” en pleno calor y atribuye el brote a falta de vacunas, el ministro correntino Ricardo Cardozo lo desmiente de plano: en su provincia no hay brote, no faltan dosis y el Covid casi no circula. El contraste deja al descubierto que el problema no es epidemiológico, sino narrativo.
El subjefe policial Rubén Mauri, quien habría sido designado sin carrera ni antecedentes y tras el retiro forzado de comisarios más antiguos, reapareció en la reunión del Norte Grande junto a Insfrán mientras en la provincia crecen el robo de motos, el narcomenudeo y la falta total de estadísticas de seguridad. Su presencia política expone, otra vez, que en Formosa la Policía responde más al poder que a la ciudadanía.
Hay una diferencia abismal entre la protesta legítima y la intimidación mafiosa. Entre el reclamo con argumentos y la imposición por la fuerza. Lo que hemos presenciado en las puertas del Concejo Deliberante con el acoso al concejal Evans es el triste espectáculo de quienes, queriendo aparentar ser actores sociales, no pueden disimular su esencia de patota.
Mientras crecen los actos de vandalismo, las picadas nocturnas y la ausencia policial, los vecinos hablan de una “zona liberada” en la única ciudad que gobierna la oposición. Todo ocurre en un contexto donde el gildismo ve a Atilio Basualdo como una amenaza real para la sucesión provincial y estaría dispuesto a dejar que Las Lomitas se deteriore antes que permitirle consolidar poder.
En una de las fronteras más calientes del país, el gildismo impulsa a una magistrada sin trayectoria mientras la diputada Gabriela Neme expone una red estatal que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y manipulado expedientes.
Entre sorpresas fingidas y comparaciones forzadas, Zabala volvió a confirmar que en Formosa la Fiscalía de Estado funciona menos como un órgano de control que como una oficina jurídica del patrón de siempre: Gildo Insfrán.
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