El Presidente insiste en culpar al periodismo por las filtraciones que comprometen a Karina Milei, mientras la Justicia le recuerda que las fuentes y el acceso a la información son pilares democráticos.
En Formosa, la operadora Patricia García —ligada al diputado Gerardo González— habría replicado el esquema de coimas que estalló en Chaco y en el ANDIS: aprietes a prestadores del PAMI, descuentos compulsivos a empleados y manejos turbios de fondos públicos. Lo que en otras provincias ya llegó a la Justicia, aquí sigue siendo un secreto a voces, protegido por la impunidad. Con la nueva conducción de LLA en manos de Atilio Basualdo, Gabriela Neme y Francisco Paoltroni, la incógnita es si habrá denuncias o si la corrupción seguirá bajo la alfombra.
En medio de un allanamiento en las oficinas del Instituto de Colonización y Tierras Fiscales, llevado a cabo por la policía de la provincia de Formosa, habrían desplazado al administrador, quien desde hace más de la cantidad de años que lleva el gobernador Insfrán en el poder es titular del organismo.
Como era previsible, el gobernador de Formosa fue sobreseído por la justicia provincial. El juez gildista, Marcelo Picabea resolvió que existió delito en la reestructuración de la deuda de Formosa cuyo convenio se firmó en 2009 con Nación y terminó cumpliéndose en los términos acordados según un juez provincial. The Old Fund -cuyo titular era Vandenbroele- nunca fue intermediaria en el proceso, para la justicia provincial. Denuncia previa de Naidenoff que ya fue juzgada arrastró remanente en el fuero provincial.
El presidente de la UCR, Dr. Martín Hernández y el apoderado, Dr. Gabriel Hernández realizaron una presentación para participar como querellantes en la causa. La jueza federal, María Belen López Macé, no movió un papel.
La organización pudo funcionar gracias a la participación de funcionarios públicos que se aprovecharon de sus cargos, y de empresarios que, durante años les pagaron “retornos” de los fondos que les eran entregados, en conceptos de contratos de obras, servicios y subsidios.
El Subcomisario Palacios que prestaba servicios en Clorinda fue preso, al igual que otros policías por aparentemente pedir coimas para dejar trabajar a un comerciante de esa ciudad.
Entre sorpresas fingidas y comparaciones forzadas, Zabala volvió a confirmar que en Formosa la Fiscalía de Estado funciona menos como un órgano de control que como una oficina jurídica del patrón de siempre: Gildo Insfrán.
Mientras crecen los actos de vandalismo, las picadas nocturnas y la ausencia policial, los vecinos hablan de una “zona liberada” en la única ciudad que gobierna la oposición. Todo ocurre en un contexto donde el gildismo ve a Atilio Basualdo como una amenaza real para la sucesión provincial y estaría dispuesto a dejar que Las Lomitas se deteriore antes que permitirle consolidar poder.
Hay una diferencia abismal entre la protesta legítima y la intimidación mafiosa. Entre el reclamo con argumentos y la imposición por la fuerza. Lo que hemos presenciado en las puertas del Concejo Deliberante con el acoso al concejal Evans es el triste espectáculo de quienes, queriendo aparentar ser actores sociales, no pueden disimular su esencia de patota.
El subjefe policial Rubén Mauri, quien habría sido designado sin carrera ni antecedentes y tras el retiro forzado de comisarios más antiguos, reapareció en la reunión del Norte Grande junto a Insfrán mientras en la provincia crecen el robo de motos, el narcomenudeo y la falta total de estadísticas de seguridad. Su presencia política expone, otra vez, que en Formosa la Policía responde más al poder que a la ciudadanía.
Mientras Formosa intenta justificar un repunte “estacional” en pleno calor y atribuye el brote a falta de vacunas, el ministro correntino Ricardo Cardozo lo desmiente de plano: en su provincia no hay brote, no faltan dosis y el Covid casi no circula. El contraste deja al descubierto que el problema no es epidemiológico, sino narrativo.
