El día que la patota intentó razonar, pero el cerebro le dijo: "me aburro" y les devolvió un ladrido

Un concejal es, por definición, un custodio de lo público. Su voz, elevada en el recinto deliberativo, debería ser la de sus vecinos, y su integridad, un bien intangible de la democracia local. Lo sucedido con el concejal Patricio Evans trasciende un mero incidente; es la expresión más cruda de una degradación institucional que confunde la fuerza con el derecho y el grito con el argumento. Y este cuadro de intimidación se completa con un elemento siniestro y recurrente: la desaparición de quienes deben garantizar la seguridad.

El hecho es alarmantemente claro: Evans fue interceptado y hostigado a las puertas del propio Concejo Deliberante. Su transgresión, según sus acosadores, había sido ejercer una legítima supervisión sobre el cobro de un impuesto municipal. Quienes lo acosaron se escudan bajo la sigla de un sindicato, UNICO, pero este acto debe enmarcarse en un problema mayor: la proliferación en la ciudad de varios grupos que se autoarrogan la representación de los trabajadores municipales. Esta fragmentación en micro-gremios, a menudo sin personería jurídica clara, no es un signo de pluralidad, sino de una lucha por cotos de poder donde la legitimidad de origen se reemplaza por la presión en la calle.

La escena, sin embargo, fue más elocuente que cualquier discurso. La apariencia y los modales de estos supuestos gremialistas no reflejaban la seriedad de un dirigente que se prepara para una negociación colectiva. Por el contrario, su actitud y lenguaje corporal evocaban el modus operandi de una barra brava: la postura agresiva, la verbalización soez, la lógica de la manada. Era evidente, a simple vista, la ausencia total de la formación intelectual o la solvencia moral necesaria para sostener un debate de ideas. No había en ellos intención de discutir, sino todas las ganas de "amasijar" – por usar un término que describe con crudeza su objetivo– al concejal Evans. Su herramienta no fue la razón, sino la amenaza física latente.

Y en este punto, surge la pregunta inevitable, la que la ciudadanía formula con creciente desaliento: ¿Dónde estaba la Policía de Formosa? La ausencia de custodia en un lugar de tan alta visibilidad institucional como el Concejo Deliberante no puede ser atribuida al azar. Es un patrón. Nuevamente, la fuerza de seguridad no estuvo "ni a medio metro" de los hechos. Esta omisión, ya sea por negligencia calculada o por instrucción superior, se convierte en un mensaje tan potente como las amenazas de la patota: "Sigan, no habrá consecuencias". La impunidad, así, queda garantizada de antemano.

Este episodio descarna dos problemas estructurales. El primero es la crisis de representación sindical. Cuando cualquier grupo puede autoproclamarse vocero sin rendir cuentas, se vacía de contenido la verdadera lucha gremial y se abre la puerta a que operadores con intereses inconfesables secuestren la voz del trabajador para beneficio propio.

El segundo, y más grave, es la sustitución de la política por la barbarie. El mensaje que esta patota envió es primitivo y claro: “La ley es lo que nosotros podemos imponer con nuestra presencia intimidante”. Acosar a un edil por fiscalizar es un ataque directo al corazón del Estado de Derecho. Es la negación misma de la convivencia civilizada.

Frente a este espectáculo bochornoso, la respuesta no puede ser el silencio. Acciones como estas podrían configurar delitos de amenazas, coacciones e intimidación pública, agravados por ser contra un funcionario en ejercicio. 

Es irrisorio pensar que el Ministerio Público Fiscal va a investigar de oficio y que todos los sectores políticos van a condenar unánimemente este proceder mafioso porque en el reino de Insfrán nadie jamás va a investigar la absoluta y cómplice desprotección en la que quedó el concejal.

La sociedad formoseña merece que sus instituciones sean territorios de debate, no plazas sitiadas por matones. Permitir que esta lógica de la patota se normalice es claudicar ante la peor versión de nosotros mismos. La democracia, insistimos, también se defiende en la vereda de sus instituciones. No permitamos que la silencien con golpes de pecho y amenazas veladas, mientras quienes deben protegerla observan desde lejos, cómodamente ausentes. El futuro de la ciudad depende de ello.