leonardo fernández acosta
La Legislatura provincial vuelve a dar una muestra clara de su vaciamiento institucional. El mismo día en que convoca a sesión extraordinaria para tratar el Presupuesto 2026, este lunes 29 de diciembre, la mayoría oficialista se dispone a aprobarlo sobre tablas, sin ninguna instancia real de análisis, debate o estudio previo. Un proyecto que supera largamente las mil fojas será votado por legisladores que en su gran mayoría, no tuvieron tiempo, posibilidad material de leerlo y como en el oficialismo no les importa leerlo, solo aprobarlo.
No se trata solo de un atropello parlamentario. Es la negación misma del acto legislativo. La Cámara deja de ser un ámbito de deliberación y control para transformarse en lo que es desde hace años: una escribanía del Poder Ejecutivo, donde la orden llega cerrada y los legisladores se limitan a levantar la mano.
Un presupuesto “superavitario” pero blindado por leyes de emergencia
Desde hace diecinueve años consecutivos o más, la provincia presenta presupuestos superavitarios. Siempre superavitarios. Siempre prolijos en los números oficiales. Sin embargo, en paralelo, se sostienen y se prorrogan una y otra vez leyes de emergencia económica, marcos normativos excepcionales que otorgan al Ejecutivo facultades amplísimas para renegociar contratos, reprogramar pagos, intervenir en servicios y administrar recursos con mínima supervisión legislativa.
Ese esquema incluye normas como la Ley 1296 y sus prórrogas acumulativas —1342, 1367, 1472, 1485, 1503, 1518, 1530, 1544, 1576, 1600, 1629, 1661, 1686, 1699, 1709, 1730, entre otras— que mantienen viva, año tras año, una situación de “emergencia permanente”.
Es un verdadero oxímoron institucional: una provincia que declara superávit fiscal sostenido pero gobierna bajo emergencia económica crónica, tomando por idiotas a todos los formoseños, que se tragan el relato. Si hay superávit, ¿por qué la necesidad de sostener un régimen extraordinario que permite dilatar pagos, renegociar obligaciones y blindar al Ejecutivo frente a responsabilidades financieras?
La respuesta es sencilla y brutal: la emergencia no es financiera, es política. Es un dispositivo legal para concentrar poder y reducir controles. Ni los legisladores ni la ciudadanía conocen con precisión qué facultades concretas se siguen prorrogando, qué obligaciones se posponen, qué contratos se renegocian o qué costos reales pagan el Estado y los contribuyentes por esta excepcionalidad perpetua. Se renuevan paquetes normativos sin explicación y muchas veces sin que los propios diputados sepan qué están votando.
El otro capítulo: más impuestos y más discrecionalidad
Como si el atropello institucional no fuera suficiente, el paquete incluye la modificación del Artículo 65 del Código Fiscal (Ley 1589) y de los artículos 61 y 63 de la Ley Impositiva (Ley 1590). Detrás de la terminología técnica se esconde lo esencial: más presión fiscal sobre los contribuyentes, más intereses y penalidades por deuda tributaria y más poder discrecional del Ministerio de Economía para definir tasas e importes sin pasar por la Legislatura
El Artículo 65 fija intereses automáticos y crecientes sobre toda deuda fiscal, mientras que los artículos 61 y 63 habilitan al Ejecutivo a ajustar tasas e importes impositivos de manera unilateral, con la simple obligación formal de informar después.
Es decir: la Legislatura no decide, solo convalida delegaciones de poder.
En pocas palabras estamos ante un impuestazo encubierto, vestido de reformulación técnica, que amplía la capacidad del Gobierno para recaudar más, sancionar más y actuar sin debate ni control democrático. Una mayoría que vota sin saber y sin que le importe, salvo conformar al gobernador.
El problema no es solo lo que se aprueba: es cómo se aprueba ya que se trata de un presupuesto sin análisis, leyes prorrogadas sin síntesis pública y reformas fiscales sin evaluación de impacto. Lo más patético es una mayoría legislativa que, en muchos casos, no conoce el contenido real de lo que vota. No porque no quiera aunque a algunos les alcanza con obedecer sino porque el propio mecanismo legislativo está diseñado para impedir cualquier tipo de deliberación.
El Parlamento deja de representar a la sociedad para representar la voluntad del poder porque desde hace años el presupuesto se aprueba a ciegas y la emergencia económica se vuelve eterna por otra parte la política fiscal se administra por decreto técnico y cuando una inutil legislatura delega todas las atribuciones de control al Poder Legislativo.
