Un concejal no es dueño del pueblo: denuncian avance sobre tierras y uso del poder para imponer hechos

El testimonio de Celeste Ramos, en las redes sociales de Ingeniero Juárez, no describe una simple disputa privada: expone, si se confirma, un mecanismo de presión, ocupación y utilización del aparato estatal para torcer la voluntad de una propietaria que, según afirma, posee documentación oficial que acredita sus 800 hectáreas. Ante la negativa a firmar un acta que implicaba ceder 400, lo que habría seguido no fue un proceso judicial, sino alambrados, candados y presencia policial. Es decir: hechos consumados con un evidente abuso de poder.

La frase que atraviesa el relato es demoledora: “usurpar por el simple hecho de ser concejal o ser la sobrina de”. Si el poder político se convierte en atajo para resolver conflictos de tierras por la fuerza, estamos frente a algo mucho más profundo que una controversia dominial: estamos ante la degradación del Estado de Derecho.

Pero el caso adquiere otra dimensión cuando aparece el nombre y apellido, Hugo Salinas. No se trata, según múltiples versiones públicas y comentarios de pasillo, de un desconocido en el entramado de la obra pública provincial. Su recorrido, según se comenta en ámbitos políticos, habría comenzado en el IPV durante la gestión del recordado “Papu” Giménez, para luego desembarcar en Ingeniero Juárez como inspector de obras y terminar, de manera cuanto menos llamativa, vinculado al supuesto gerenciamiento de la empresa PROCOM, señalada por muchos como proveedora cartelizada de la obra pública. Hoy le sumamos la conveniencia de también ser concejal en el legislativo de Juárez.

Las malas lenguas, siempre difíciles de probar pero persistentes, incluso mencionan relaciones con el titular del SPAP, Vargas Yegros. Son versiones que circulan. Lo que no circula son explicaciones claras sobre un crecimiento patrimonial que varios consideran inexplicable en relación con cargos técnicos o administrativos.

En cualquier provincia normal, un funcionario o dirigente con semejantes señalamientos debería exhibir con transparencia su evolución patrimonial, su rol exacto en empresas proveedoras del Estado y su intervención concreta en conflictos de tierras donde aparece mencionado. La transparencia no es un ataque: es una obligación.

Por eso el pedido de intervención urgente del Instituto de Tierras Fiscales no es un capricho político. Es una necesidad institucional. Más aún cuando el señalado es un funcionario electo que lejos de mejorar la calidad de vida de la gente, la empeora tratando de apropiarse de terrenos ajenos, algo muy característico en el interior. Si el organismo existe para ordenar, regular y garantizar legalidad en la tenencia de tierras, este es el momento de demostrarlo.

Porque el contraste es obsceno: mientras a pequeños productores o movimientos campesinos se les exigen trámites interminables, relevamientos, certificaciones y controles exhaustivos, aquí se habla de divisiones, ocupaciones y alambrados ejecutados con una rapidez sorprendente y bajo paraguas político.

La pregunta de fondo es simple: ¿la ley es igual para todos o depende del cargo y del apellido?

La tierra en el interior no es un activo financiero. Es herencia, es sustento, es identidad. Si alguien tiene título perfecto, la discusión debe resolverse en tribunales. No con candados. No con patrulleros. No con hechos consumados. Y aquí aparece el punto central: en democracia el poder no habilita privilegios. Un concejal no tiene más derechos que cualquier vecino. Tiene más responsabilidades.

Si existe un conflicto dominial, debe dirimirse con expedientes, pericias y sentencias. Si no existen papeles firmados, nadie puede arrogarse propiedad por la fuerza. Y si hubo abuso de autoridad o usurpación, eso no es política: es delito. El silencio institucional ante este tipo de situaciones es lo que alimenta el descreimiento social. Porque cuando el débil siente que la balanza está inclinada desde el inicio, deja de confiar en la Justicia, en la policía y en el sistema.

Esta no es una historia aislada. Es el síntoma de una cultura política donde el cargo muchas veces se interpreta como un derecho adquirido sobre el territorio. Si la documentación de la familia Ramos es válida, que se restituya lo que corresponde. Si hubo acto administrativo o judicial que avaló la subdivisión, que se exhiba. Si no lo hubo, el silencio se convierte en complicidad.

La democracia no se mide por los discursos, sino por cómo se resuelven los conflictos cuando el poder está de un lado y un ciudadano común del otro. Y en este caso, lo que está en juego no es solo un campo: es la credibilidad de las instituciones.

Porque cuando el poder político empieza a parecerse demasiado a un consorcio de intereses, deja de gobernar y comienza a administrarse a sí mismo. Y eso, en cualquier lugar serio, tiene un nombre: impunidad.