leonardo fernández acostaLa Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el archivo de la causa contra el gobernador Gildo Insfrán por el presunto desvío de fondos hacia el Partido Justicialista de Formosa. Y, como suele ocurrir en esta provincia, la discusión no terminó en si el mecanismo es sano o ético, sino en si encuadra dentro de una norma. Para la mayoría de los jueces, encuadra. Punto final.
El expediente analizaba transferencias por más de 1.660 millones de pesos, realizadas en octubre de 2024, desde una cuenta oficial del Gobierno provincial en el Banco de Formosa hacia una cuenta partidaria en el Banco de la Nación Argentina. La Justicia concluyó que no eran fondos públicos desviados, sino descuentos salariales aplicados a funcionarios jerárquicos afiliados al PJ, en cumplimiento de la carta orgánica partidaria y de un convenio vigente desde 2007.
En el papel, todo prolijo: bancarizado, documentado, auditado. El juez Carlos Mahiques habló de operatoria “debidamente documentada”. Mariano Borinsky acompañó. Juan Carlos Gemignani disintió y propuso profundizar antes de cerrar. Pero la mayoría selló el archivo.
Ahora bien, desde Formosa la lectura es otra.
Porque aquí no se discute solo la legalidad formal. Se discute el contexto. Se discute la asimetría estructural. Se discute el peso real del poder político sobre quienes ocupan cargos jerárquicos en un Estado donde el oficialismo gobierna hace casi tres décadas sin alternancia. ¿Cuán voluntario es un aporte cuando el empleador y el partido son, en la práctica, la misma cosa? Esa pregunta no parece haber tenido espacio judicial.
La querella, representada por el abogado David Gamarra, objetó la cantidad de funcionarios aportantes. Se habló de 90 jerárquicos cuando el organigrama visible mencionaba 38. La Cámara respondió que el organigrama publicado no agota la estructura real del poder. En otras palabras: puede haber más, aunque no se vean.
Y ahí radica una de las claves formoseñas: lo que no se publica, no necesariamente no existe.
El fallo cita la Ley de Partidos, la Ley de Financiamiento, la normativa provincial y el convenio firmado en 2007 entre el Ministerio de Economía y el PJ. Todo dentro del marco normativo. Pero el problema político excede el expediente: en una provincia donde el oficialismo concentra Ejecutivo, mayoría legislativa y fuerte influencia territorial, el financiamiento partidario vía descuentos a funcionarios no es un simple mecanismo administrativo. Es parte de una ingeniería de poder.
Antes, la Sala I ya había confirmado el archivo con los votos de Bertuzzi y Bruglia. Mariano Llorens había advertido que la investigación podía ser prematura. Ahora, la mayoría de Casación vuelve a cerrar la puerta. La querella dejó planteada la reserva para acudir a la Corte Suprema.
Desde Buenos Aires, el mensaje es técnico: no hubo delito. Desde Formosa, el mensaje es político: el sistema se autoprotege dentro de las reglas que el propio sistema diseñó. Legal no siempre significa saludable.
Y en Formosa, esa diferencia es la discusión de fondo.
