leonardo fernández acostaMientras el Gobierno nacional intenta reactivar el proyecto nuclear en Formosa con una inversión privada de más de US$230 millones, lo que empieza a tomar forma no es solo una obra inconclusa que se termina, sino un cambio de lógica: menos control político provincial y más esquema empresarial con beneficios fiscales y socios estratégicos. En ese rediseño, el gran ausente es el gobernador Gildo Insfrán.
La empresa estadounidense Nano Energy presentó formalmente una iniciativa ante el Ministerio de Economía para completar la planta de uranio de Dioxitek en Formosa, una obra iniciada en 2014 y que durante años quedó atrapada entre promesas, falta de financiamiento y parálisis.
El dato político clave no es la inversión en sí, sino cómo se reconfigura el negocio.
La planta fue concebida originalmente dentro del Plan Nuclear con fuerte financiamiento público. Pero ahora el Gobierno de Javier Milei impulsa un modelo “comercial”, donde el capital privado pasa a tener un rol central.
En ese esquema, Dioxitek, empresa estatal, se asociaría con Nano Energy una vez finalizada la obra. Pero además aparece un actor local: REFSA (Recursos y Energía Formosa Sociedad Anónima), que participaría con acciones en el emprendimiento.
Es decir, la provincia no queda completamente afuera, pero cambia radicalmente su rol: pasa de ser potencial conductor político del proyecto a un socio minoritario dentro de una estructura dominada por capital externo y decisiones nacionales.
Hay otro punto que termina de explicar el corrimiento del poder provincial: los beneficios impositivos.
Aunque Formosa no adhirió al RIGI, el régimen estrella del mileísmo, la inversión igual podría acceder a ventajas fiscales:
A nivel nacional, si Nano Energy solicita ingresar al régimen, obtendría rebajas impositivas.
A nivel provincial, la planta está ubicada dentro de un polo científico-tecnológico, lo que le otorga exenciones en impuestos locales como Ingresos Brutos.
Traducción política: hay negocio, hay beneficios, hay inversión pero no hay control político directo de la provincia sobre esas condiciones.
Insfrán, corrido del centro de la escena
El dato más incómodo para el oficialismo formoseño es que el proyecto avanza en su territorio, con recursos estratégicos, pero sin que la provincia marque la agenda.
Insfrán quedó atrapado en una contradicción:
No adhirió al RIGI para sostener un discurso político de autonomía frente a Nación.
Pero el proyecto igual avanza, consigue beneficios fiscales y se estructura sin necesidad de su aval político directo.
El resultado es un desplazamiento silencioso: el negocio se arma igual, pero sin que el poder provincial lo controle.
El plan prevé dos etapas:
Finalizar la planta para producir dióxido de uranio, destinado a abastecer centrales nucleares argentinas como Atucha I, Atucha II y Embalse.
Construir una instalación adicional para convertir ese material en hexafluoruro de uranio, con potencial exportador.
El Gobierno estima que la obra podría completarse en tres o cuatro años y generar al menos 200 empleos.
El trasfondo: quién maneja los recursos estratégicos
Más allá de los números, lo que está en juego es el control sobre un sector clave como el nuclear.
Durante años, Formosa fue sede de una obra estratégica sin terminar. Hoy, esa misma obra podría reactivarse, pero bajo otra lógica: inversión extranjera, beneficios fiscales y participación estatal acotada.
En ese nuevo tablero, Insfrán no es protagonista. Y eso, en una provincia donde históricamente el poder político ordenó cada negocio relevante, no es un dato menor.
La planta avanza. La inversión llega. El esquema cambia.
Y el poder por primera vez en mucho tiempo se corre del lugar donde siempre estuvo. ¿Será un presagio de lo que se viene?
