leonardo fernández acostaLa llegada de seis mil toneladas de mineral de hierro al Puerto de Formosa fue celebrada por el gobernador Gildo Insfrán y buena parte de su gabinete como si se tratara de una conquista económica provincial. Funcionarios, empresarios y autoridades desfilaron frente a las cámaras para presentar el desembarco de la materia prima proveniente de Brasil como un hito histórico para Formosa.
La escena resultó tan llamativa como reveladora: el Gobierno provincial festejando con entusiasmo la llegada de insumos destinados a una empresa privada de capitales brasileños.
El acontecimiento fue presentado como una demostración del éxito de la política de desarrollo impulsada durante décadas por la administración provincial. Sin embargo, la realidad muestra que lo que arribó por la hidrovía no fue producción formoseña destinada al mundo ni una muestra de la fortaleza exportadora de la provincia. Lo que llegó fue mineral importado desde Brasil para abastecer una planta que todavía debe demostrar su impacto real sobre la economía local.
La celebración también expuso una contradicción que el discurso oficial intenta ocultar. Formosa continúa siendo una de las provincias más dependientes de los recursos nacionales y una de las que menor participación tiene en el comercio exterior argentino. El puerto que hoy vuelve a ocupar titulares permaneció durante años prácticamente inactivo pese a las millonarias inversiones realizadas con fondos públicos y a las promesas de convertirlo en un motor del desarrollo regional.
Por eso la imagen de funcionarios exultantes alrededor de una carga de mineral extranjero tiene una fuerte carga simbólica. Después de más de una década de anuncios, el gran acontecimiento económico exhibido por el Gobierno consiste en la llegada de materia prima importada para una empresa privada.
La situación adquiere una dimensión todavía más delicada cuando se observa el papel que desempeña el Estado provincial en este emprendimiento. Fermosa Biosiderúrgica no es una inversión privada que asume íntegramente sus propios riesgos. REFSA, una empresa estatal sostenida con recursos públicos, posee el 25 por ciento de las acciones. Además, la Provincia actúa como garante de un préstamo por ocho millones de dólares.
De esta manera, los formoseños participan de los riesgos económicos del proyecto sin haber sido consultados y sin contar con información suficiente sobre las condiciones de esas operaciones. Si el negocio prospera, los beneficios principales recaerán sobre una empresa privada. Si fracasa, la exposición del Estado y de los recursos públicos quedará nuevamente en evidencia.
El caso también vuelve a poner la lupa sobre REFSA, una empresa que con el paso de los años dejó de limitarse a la distribución de energía para extender su presencia a sectores tan diversos como hidrocarburos, telecomunicaciones, internet y ahora la siderurgia. El crecimiento de ese entramado empresarial bajo control estatal se produjo sin los niveles de transparencia y control que exigiría la administración de fondos públicos.
Mientras hospitales denuncian faltantes, los salarios estatales pierden poder adquisitivo y gran parte de la infraestructura básica de la provincia sigue presentando déficits, el Gobierno decidió convertirse en socio y garante de un emprendimiento industrial privado cuya rentabilidad futura todavía es una incógnita.
La verdadera postal de la jornada no fue la llegada del hierro. Fue la alegría del poder político celebrando una operación comercial privada como si se tratara de un logro colectivo de todos los formoseños. Una celebración que refleja con precisión el modelo económico provincial: un Estado omnipresente que asume riesgos, aporta recursos y pone la infraestructura, mientras los resultados concretos para la mayoría de la población siguen siendo una promesa pendiente.
La fotografía oficial también dejó una imagen difícil de ignorar. Junto a funcionarios provinciales y representantes de la empresa privada aparecieron organismos nacionales cuya intervención resulta indispensable para cualquier operación de comercio exterior.
La llegada del mineral dependió de controles aduaneros, de la seguridad y fiscalización de la navegación ejercida por Prefectura Naval y de todo el entramado regulatorio que administra el Estado nacional. Sin embargo, el acto fue presentado casi exclusivamente como una conquista provincial.
Más llamativa aún resultó la presencia del juez federal Pablo Morán, cuya participación en un evento de características políticas y empresariales no fue explicada oficialmente. Mientras los organismos nacionales cumplían funciones concretas vinculadas al ingreso de la carga al país, la asistencia del magistrado quedó rodeada de interrogantes institucionales que el Gobierno tampoco consideró necesario aclarar.
