leonardo fernández acostaTres decanos fueron denunciados ante la Justicia Federal por presuntas irregularidades relacionadas con la presentación de documentación presuntamente apócrifa, una situación que pondría en tela de juicio la legalidad de su condición de docentes ordinarios y, por consiguiente, la legitimidad de sus respectivas elecciones como autoridades académicas.
La denuncia sostiene que Carlos Martínez (Facultad de Recursos Naturales), María Rosa Sanabria (Facultad de Economía y Negocios) y Rafael Olmedo (Facultad de Humanidades) no cumplirían con el requisito de acreditar cinco años ininterrumpidos de antigüedad como docentes ordinarios, condición exigida por el artículo 73 del Convenio Colectivo de Trabajo para Docentes Universitarios y por la Ley de Educación Superior N.º 24.521. De confirmarse esa situación, quedarían comprometidos los actos electorales mediante los cuales accedieron a los decanatos.
Sin embargo, lejos de concentrar sus esfuerzos en demostrar el efectivo cumplimiento de esos requisitos legales, los tres decanos continúan impulsando decisiones que vuelven a generar cuestionamientos institucionales.
Uno de los casos más controvertidos es el pedido formulado ante la Justicia para incorporar al Honorable Consejo Superior de la UNaF a Mirian Jara como representante de la comunidad. Jara, abogada y esposa del personal no docente Alfredo Sena, ambos identificados con el espacio político que conduce Rafael Olmedo, no habría acreditado hasta el momento el proceso electoral mediante el cual resultó designada para ese cargo.
El reglamento universitario establece que dicha representación debe surgir de una elección realizada entre asociaciones civiles legalmente constituidas y con convenios vigentes con la universidad. Esa documentación, según los cuestionamientos planteados en la causa, no habría sido incorporada para acreditar la legitimidad de la representación.
A pesar de ello, el juez federal Pablo Fernando Morán, titular del Juzgado Federal de Primera Instancia N.º 1 de Formosa, dispuso mediante una medida autosatisfactiva la incorporación de Jara al Honorable Consejo Superior.
Las medidas autosatisfactivas constituyen herramientas procesales de carácter excepcional, previstas para situaciones de urgencia en las que resulta necesario proteger de manera inmediata un derecho o evitar un daño irreparable. Precisamente por ese carácter extraordinario, su utilización en un conflicto institucional de esta naturaleza ha generado fuertes cuestionamientos dentro de la comunidad universitaria.
Mientras la Justicia aún debe resolver cuestiones de fondo sobre la legitimidad de las autoridades denunciadas, la sucesión de decisiones controvertidas profundiza la crisis institucional de la UNaF. En lugar de despejar las dudas mediante la acreditación transparente de los requisitos legales, las actuaciones impulsadas por los decanos parecen alimentar un escenario de creciente desconfianza, donde cada nueva maniobra es interpretada por amplios sectores universitarios como un intento de consolidar posiciones de poder antes que de fortalecer la institucionalidad.
Cuando quienes deben garantizar el respeto por las normas aparecen reiteradamente cuestionados por presuntamente incumplirlas, la universidad deja de discutir proyectos académicos para debatir su propia legitimidad. Y ese es, probablemente, el mayor daño que puede sufrir una institución dedicada a formar profesionales y defender el conocimiento.
