La Justicia no necesita jueces influencers: Morán más pendiente de la cámara que del perfil institucional.

Las imágenes recorrieron el país. Entre miles de argentinos que viajaron al Mundial de Estados Unidos, las cámaras de la transmisión oficial enfocaron al juez federal de Formosa, Pablo Morán, con la camiseta de la Selección, disfrutando del partido y celebrando como un hincha más.

La escena, en apariencia, no tendría nada de extraordinario. Un ciudadano que aprovecha una licencia, compra una entrada con su dinero y viaja para ver jugar a la Argentina no está cometiendo ninguna falta. Ni un delito. Ni una irregularidad administrativa.

Pero Pablo Morán no es un ciudadano cualquiera.

Es el juez federal de una de las provincias institucionalmente más complejas de la Argentina. Un magistrado que ejerce jurisdicción en una provincia gobernada desde hace más de tres décadas por el mismo signo político, donde buena parte de los debates públicos giran alrededor de la independencia de los poderes del Estado, la calidad institucional y el funcionamiento de la Justicia.

Y es allí donde aparece una cuestión que no es jurídica sino ética.

La investidura judicial no termina cuando comienza una licencia. Tampoco se guarda en un cajón junto con la toga. Un juez representa a la Justicia las veinticuatro horas del día, incluso cuando está de vacaciones. La sociedad no deja de verlo como juez porque él haya dejado de firmar expedientes durante algunos días.

Ese estándar puede parecer injusto. Sin embargo, es precisamente el precio de ocupar uno de los cargos más relevantes de la República.

La confianza en la Justicia no se construye únicamente con sentencias. También se construye con gestos, con prudencia y con la conciencia de que cada exposición pública tiene un significado institucional.

En una provincia donde miles de familias apenas llegan a fin de mes, donde los indicadores sociales siguen ubicando a Formosa entre las jurisdicciones más postergadas del país y donde la Justicia Federal suele ser objeto de permanentes cuestionamientos por su lentitud o por su escasa intervención en causas sensibles, la imagen de un juez federal disfrutando del evento deportivo más costoso del planeta inevitablemente genera preguntas.

No porque viajar sea un privilegio prohibido.

No porque un juez no pueda tener dinero para hacerlo.

Sino porque la sociedad espera de sus magistrados un nivel de sobriedad y de reserva superior al que se exige a cualquier otro funcionario.

La discusión nunca debería ser cuánto costó la entrada ni quién pagó el viaje si todo fue realizado con recursos propios y de manera lícita. La verdadera discusión es otra: ¿es consciente un juez del impacto institucional que produce su exposición pública nada menos que en la televisión nacional?

Los códigos de ética judicial, en todo el mundo, insisten en una idea sencilla: la independencia no sólo debe existir; también debe parecerlo. Del mismo modo, la prudencia no sólo debe ejercerse; también debe proyectarse hacia la sociedad.

Porque la autoridad moral de un juez no proviene de un decreto de nombramiento. Proviene de la confianza pública.

Y esa confianza se fortalece o se debilita con cada decisión, incluso con aquellas que parecen personales.

Tal vez Pablo Morán no hizo nada objetablemente incorrecto. Es posible. Pero quienes ocupan determinados cargos tienen la obligación de preguntarse no solamente qué pueden hacer, sino también qué conviene hacer para preservar el prestigio de la institución que representan.

En tiempos en que la credibilidad de la Justicia atraviesa una de sus peores crisis, los jueces deberían comprender que no alcanza con ser independientes. También deben cuidar la imagen de imparcialidad, austeridad y responsabilidad que la sociedad espera de ellos.

Porque un juez puede tomarse vacaciones.

Lo que nunca puede tomarse vacaciones es la investidura que representa.