leonardo fernández acostaCada vez que un productor rural denuncia abusos en los controles ganaderos, la respuesta del Gobierno de Gildo Insfrán es exactamente la misma: el problema nunca es el procedimiento, sino el productor. Nunca hay un exceso policial. Nunca hay un funcionario que se extralimite. Nunca hay un derecho vulnerado. Siempre, según el relato oficial, el Estado actúa a la perfección.
Las declaraciones del subsecretario de la Producción Sustentable, Nazareno García Labarthe, son un claro ejemplo de esa lógica. En lugar de responder a las denuncias concretas de quienes aseguran sufrir controles arbitrarios, demoras injustificadas y multas por cuestiones discutibles, el funcionario eligió construir un enemigo externo: el desfinanciamiento del SENASA por parte del Gobierno nacional.
Sin embargo, el verdadero interrogante sigue sin respuesta.
Si el SENASA perdió capacidad operativa, ¿desde cuándo esa circunstancia habilita a la Policía de Formosa a asumir funciones técnicas que corresponden a organismos especializados?
Porque una cosa es controlar documentación, prevenir el abigeato o verificar la identidad del transportista. Otra muy distinta es decidir si un camión jaula fue correctamente lavado o desinfectado. Esa evaluación requiere conocimientos veterinarios, protocolos sanitarios y criterios técnicos, no la apreciación subjetiva de un agente policial.
La Policía está para hacer cumplir la ley, no para reemplazar al veterinario oficial.
Labarthe sostiene que "hay que garantizar la trazabilidad". Nadie discute ese objetivo. Todo productor serio quiere combatir el abigeato, impedir el contrabando de hacienda y garantizar la sanidad animal. El problema aparece cuando bajo la bandera de la trazabilidad se termina justificando cualquier procedimiento, incluso aquellos que los propios productores califican como abusivos.
Porque la trazabilidad no puede convertirse en un cheque en blanco para ampliar facultades estatales sin límites.
Tampoco alcanza con repetir que "los controles siempre existieron". Si siempre fueron iguales, entonces resulta contradictorio afirmar que ahora deben intensificarse porque el SENASA perdió capacidad de fiscalización. Y si la Provincia efectivamente asumió nuevas tareas para suplir al organismo nacional, corresponde explicar con absoluta claridad qué facultades incorporó, bajo qué norma legal lo hizo y cuáles son los límites de esa intervención.
En un Estado de Derecho las competencias no se improvisan. Mucho menos cuando pueden derivar en multas, secuestros de vehículos o perjuicios económicos para quienes producen.
Hay otro aspecto que el funcionario omite deliberadamente.
En ningún momento responde a las denuncias de productores que afirman ser detenidos durante horas en controles, obligados a cumplir exigencias cambiantes o sometidos a interpretaciones discrecionales de las normas. En lugar de revisar esos procedimientos, el Gobierno prefiere desacreditar las críticas y presentar toda objeción como un ataque al sistema de control.
Ese mecanismo ya es conocido en Formosa.
Todo aquel que cuestiona una decisión oficial pasa a ser sospechoso. Si un médico denuncia el estado de la salud pública, es un operador político. Si un docente reclama salarios, es funcional a la oposición. Si un productor cuestiona los controles, entonces pareciera que estuviera en contra de la trazabilidad o favoreciendo el delito.
Es una manera de evitar el debate de fondo.
Nadie pide eliminar los controles. Lo que se exige es que sean legales, razonables, transparentes y ejercidos por las autoridades competentes.
Porque el productor no es un delincuente hasta que demuestre lo contrario.
La producción agropecuaria ya enfrenta presión tributaria, costos logísticos, incertidumbre económica y dificultades climáticas. Lo último que necesita es un sistema de controles donde la discrecionalidad termine reemplazando al criterio técnico.
El Gobierno provincial insiste en hablar de "seguridad sanitaria". Pero la seguridad sanitaria no se construye otorgando atribuciones difusas a la Policía ni utilizando el debilitamiento de un organismo nacional como argumento para expandir el poder de control del Estado provincial.
Si el SENASA necesita más recursos, corresponde reclamar por ellos. Lo que no corresponde es transformar esa carencia en una excusa para que funcionarios políticos justifiquen procedimientos cuya legalidad y proporcionalidad hoy son seriamente cuestionadas por quienes viven de producir.
En definitiva, la confianza del productor no se obtiene con discursos. Se construye con reglas claras, controles imparciales y funcionarios dispuestos a escuchar antes que a justificar. Porque cuando el Estado deja de controlar con criterios técnicos y comienza a controlar con criterios políticos, el problema ya no es la trazabilidad de la hacienda. El problema es la trazabilidad del poder.
