Como en los tiempos de Camioneros: René Maldonado intenta imponer la "protección" de su gremio

Como en los peores tiempos del sindicalismo patotero, la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) vuelve a instalar un método que nada tiene que ver con la defensa de los trabajadores y mucho menos con el ejercicio legítimo de la representación gremial. El mecanismo es sencillo: presionar, intimidar y condicionar a quienes organizan espectáculos o contratan servicios de seguridad para imponerles que solamente puedan trabajar empresas o vigiladores vinculados al sindicato.

La actividad sindical está protegida por la Constitución Nacional y por la legislación laboral. Los gremios tienen derecho a negociar convenios colectivos, representar a los trabajadores y reclamar el correcto encuadramiento de una actividad cuando consideran que corresponde. Lo que no forma parte de ningún derecho constitucional es utilizar la amenaza como herramienta de negociación ni convertir la representación gremial en un monopolio de hecho.

Si una empresa de seguridad privada reúne todas las habilitaciones exigidas por la legislación vigente, no existe fundamento jurídico para impedirle prestar servicios únicamente porque sus empleados no pertenezcan a un determinado sindicato. La afiliación sindical es una decisión del trabajador y la libertad sindical comprende tanto el derecho a afiliarse como el derecho a no hacerlo. Pretender que solamente puedan trabajar quienes respondan a una organización gremial constituye una distorsión de ese principio.

En ese contexto aparecen situaciones como la que hoy rodea a la cobertura de seguridad del festival IVY PORÁ de Lázaro Caballero. La advertencia de que ninguna empresa proveniente de otra provincia podrá ingresar si no responde a UPSRA no representa una discusión sobre convenios colectivos ni sobre derechos laborales. Representa un intento de apropiarse del mercado mediante la intimidación. El mensaje es claro: quien no acepte las condiciones impuestas por el sindicato enfrentará conflictos, bloqueos o presiones. Ese mecanismo no pertenece al derecho laboral; pertenece a la lógica de la coerción.

No se trata de una modalidad novedosa. Durante años, distintos sectores del sindicalismo argentino fueron cuestionados por recurrir a prácticas similares para forzar encuadramientos gremiales o imponer determinadas contrataciones. La utilización de la presión como sustituto de los procedimientos legales terminó convirtiéndose en una marca registrada de un modelo sindical que privilegia el poder corporativo por encima de la libertad de trabajar y de contratar.

Si UPSRA considera que existe un incumplimiento del convenio colectivo o un incorrecto encuadramiento de trabajadores, dispone de herramientas legales para plantearlo ante la autoridad laboral o ante la Justicia. Ese es el camino previsto por el Estado de Derecho. Lo que no puede hacer es reemplazar esas instituciones por la amenaza o la fuerza para decidir quién puede prestar un servicio y quién debe quedar excluido.

Más preocupante aún resulta que estas prácticas aparezcan asociadas a dirigentes que ya han protagonizado episodios de intimidación pública. René Maldonado fue señalado por su accionar contra el periodista Tyntu Ruiz durante el proceso electoral de la CGT Formosa, en una demostración de prepotencia incompatible con la convivencia democrática. Ese antecedente permite comprender que no se trata de un conflicto aislado, sino de una forma de ejercer el poder sindical basada en la presión antes que en la representación.

La defensa de los trabajadores jamás puede convertirse en una excusa para restringir la libertad económica, condicionar la contratación privada o imponer un monopolio sindical de hecho. Los derechos gremiales terminan donde comienzan los derechos de los demás. Cuando un sindicato pretende decidir quién trabaja, qué empresa puede ingresar al mercado y bajo qué condiciones, deja de actuar como representante de los trabajadores para transformarse en un actor que busca controlar una actividad mediante el temor.

La Argentina necesita sindicatos fuertes para defender derechos, pero sometidos a la ley como cualquier otra organización. El poder gremial no puede estar por encima de la Constitución, ni la libertad de trabajo quedar subordinada a la voluntad de quienes creen que la representación sindical les otorga la facultad de administrar un negocio exclusivo. Allí donde la amenaza reemplaza al derecho, el sindicalismo deja de ser una herramienta de protección social para convertirse en un instrumento de dominación.