Mas de 4 billones para Gildo: el Presupuesto 2027 de Formosa o el arte de gobernar con chequera abierta y números de humo

Dicen que hay dos formas de hacer un presupuesto: una es decir cuánto vas a gastar y en qué; la otra es decir "confiá en mí". Formosa eligió la segunda. Y para disimularla, la envolvió en 20 artículos, dos firmas y un sello que parece estampado con la misma tinta desde hace 25 años.
Vamos a los números, que es donde se pone picante.
El superávit de cartón
Según los artículos 1 y 2, el Ejecutivo proyecta erogaciones por $4.296.280.118.706** y recursos por **$4.327.692.981.894. La resta da un superávit de $31.412.863.188. ¿Suena bien, no? Treinta y un mil millones de pesos de resultado positivo.
Ahora el detalle: no hay una sola planilla en el documento enviado que permita verificar de dónde sale esa plata ni adónde va. El artículo 2 remite "a las planillas que integran la presente Ley", que brillan por su ausencia en el texto elevado. Es como presentar un balance diciendo "los números están en otro cuaderno, confíe". En cualquier empresa privada, un directorio serio devuelve ese papel a la mesa de entradas. Acá se convierte en ley.
Y el superávit, además, es un 0,73% de los recursos. Un margen tan fino que cualquier desvío —una inflación mal calculada, una coparticipación que cae, un aumento salarial no previsto— lo convierte en rojo de un plumazo. No es un superávit robusto: es un superávit de equilibrio inestable, de esos que se sostienen con alambre hasta que alguien estornuda.
El artículo 6: la chequera con membrete
Si hay una cláusula que resume el espíritu de este proyecto, es el artículo 6. Y merece leerse despacio, porque es una obra maestra del poder sin control.
Dice, textualmente, que se autoriza al Poder Ejecutivo a "incrementar y reestructurar las erogaciones, los recursos y el financiamiento estimados, como también el número y composición de las plantas de personal permanente y temporario, de las horas cátedras de nivel medio y superior". Todo eso, agrega, "en la medida en que las modificaciones sean necesarias para el desenvolvimiento de los servicios y el cumplimiento de los objetivos del Estado".
Detengámonos en cada palabra, porque cada una es una puerta abierta:
"Incrementar": no dice hasta cuánto. No fija techo. No exige ley. El Ejecutivo puede inflar el gasto todo lo que quiera y el presupuesto se adapta solo.
"Reestructurar": puede mover partidas de un lado a otro. Lo que la Legislatura aprobó para hospitales puede terminar en cualquier otro renglón sin que nadie vote nada.
"Los recursos": no solo el gasto. También los ingresos. Puede inventar o reasignar fuentes de financiamiento por decisión administrativa.
"El número y composición de las plantas de personal": puede crear cargos, eliminarlos, cambiar permanentes por temporarios, multiplicar horas cátedra. El artículo 4 fija plantas... y el artículo 6 las desfija. El artículo 4 es una foto; el artículo 6, la licuadora.
"De las horas cátedra": el mismo Ejecutivo que hoy declara 74.108 horas de Nivel Medio y 9.023 de Nivel Superior puede mañana duplicarlas o recortarlas a la mitad, sin pasar por la Legislatura.
"En la medida en que sean necesarias": ¿quién define qué es "necesario"? El propio Ejecutivo. No hay parámetro, no hay control, no hay instancia de revisión. Es la cláusula del "porque yo lo dispongo".
Y por si quedara alguna duda, el artículo 8 remata la faena: autoriza a constituir, transformar o disolver organismos descentralizados, autárquicos, fondos fiduciarios, empresas públicas o sociedades con participación estatal, y a "incorporar ingresos adicionales" incrementando los totales de erogaciones y recursos. Es decir: puede crear una estructura nueva, disolver la que ya existe, meter plata que no estaba presupuestada y engrosar el total. Todo por decisión administrativa.
Como si esto fuera poco, el artículo 15 habilita a contraer obligaciones financieras "cuando las necesidades de caja o de ejecución de obra pública o de desenvolvimiento del Estado lo exijan", garantizándolas con la coparticipación federal. Traducido: si la caja no alcanza —y con un superávit de 0,73%, no va a alcanzar—, se endeuda. Y si el que decide que "la caja no alcanza" es el mismo que maneja la caja, entonces el límite no existe.
La secuencia es demoledora: el artículo 1 fija un techo de gasto; el artículo 6 autoriza a romperlo; el artículo 8 permite ampliar el universo de organismos y sumar ingresos; el artículo 15 habilita a endeudarse para cubrir el agujero. Cuatro artículos que convierten la ley de presupuesto en un permiso en blanco firmado por la Legislatura.
Y hay un detalle que huele a picardía: el artículo 6, en su segundo párrafo, habilita a cobrar un canon compensatorio por el uso de inmuebles del Estado para espectáculos y eventos privados, con facultad de reglamentar las condiciones. Es decir, el mismo artículo que desregula el gasto también crea una fuente de ingresos a discreción del Ejecutivo, cuyas sumas van "a rentas generales". ¿Cuánto? No se sabe. ¿Con qué criterio se fija el canon? Lo reglamenta el Ejecutivo. Otra vez: confianza.
El contraste que duele
Para dimensionar la magnitud de estas facultades, basta comparar: el artículo 4 fija 11.221 cargos permanentes en el Ejecutivo. El artículo 6 autoriza a modificar "el número y composición" de esa planta. Es decir, el mismo texto legal que establece un número es el que autoriza a cambiarlo. La Legislatura aprueba una cifra que el Ejecutivo puede reescribir con una resolución. ¿Para qué entonces votar el artículo 4? Para la foto. Para poder decir en el recinto que se fijaron plantas. Mientras tanto, la lapicera quedó del otro lado del mostrador.
Lo mismo con las horas cátedra: 74.108 y 9.023 son números que suenan precisos, técnicos, verificables. Pero el artículo 6 los deja a merced de la "necesidad" que el propio Ejecutivo declare. Precisión de fachada, discrecionalidad de fondo.
Lo que no dicen
El mensaje del Ejecutivo dedica páginas a denunciar la inflación nacional (10,1% proyectada contra más del 25% real) y la caída de coparticipación del 21% real. Perfecto, es un diagnóstico. Pero cuando llega el momento de proyectar su propio presupuesto, no dice qué inflación asume ni qué crecimiento del PBI estima. El Documento Complementario habla de "la pauta de inflación proyectada" como si fuera un dato obvio y conocido. No lo es. Sin esa cifra, las proyecciones de Ingresos Brutos y Sellos son letra muerta.
Peor: para el Impuesto Inmobiliario Rural aplica "la variación interanual inmediata" —mirando al retrovisor—, mientras la Tasa Retributiva se ajusta por Unidad Tributaria. En un país con inflación superior al 25%, congelar la base de un impuesto es regalar recaudación real. Lo real es que poco le importa a Insfrán la recaudacion local.
Y sigue la lista de silencios:
Deuda pública: los artículos 10, 12 y 15 hablan de reestructurar, cancelar y contraer deuda. No hay un solo número: ni stock, ni vencimientos, ni intereses. Cero.
Gasto tributario: el mensaje promete precisiones, el documento entregado solo describe plataformas digitales y regímenes de regularización. No hay estimación de cuánto cuesta cada exención o alícuota diferencial.
Obra pública: el mensaje enumera acueducto, hospitales, plantas fotovoltaicas y el Ciclotrón. Ninguna partida asignada. El artículo 9 solo pide "identificar la localización geográfica".
La planta temporaria: el elefante en la sala
El artículo 4 fija las plantas. Y acá hay un dato que merece explicación urgente:
Poder Ejecutivo: 11.221 permanentes contra 22.605 temporarios. El doble.
Poder Legislativo: 532 permanentes contra 1.350 temporarios. Dos veces y media.
¿Qué es un "temporario" en Formosa? ¿Un cargo estacional? ¿Un contrato que se renueva por décadas? ¿Una forma de no engrosar la planta permanente y mantener el número prolijo en el papel mientras la nómina real sigue creciendo? La relación 2 a 1 (y 2,5 a 1 en la Legislatura) no la explica ningún calendario agrícola. La explica la comodidad política de tener personal sin estabilidad, renovable a voluntad. Y ahora, con el artículo 6, esa composición puede cambiar sin que nadie vote nada. El elefante no solo está en la sala: tiene llave de la puerta.
El detalle que cierra el círculo
El mensaje dice que este presupuesto "ratifica el Modelo de Provincia que fue ratificado en las urnas por el 70% de la ciudadanía". Con ese criterio, cualquier número es válido porque tiene mandato popular. Pero el 70% de los votos no audita un balance, no verifica una planilla y no controla una deuda. Para eso está la Legislatura, que en este proyecto parece convocada a aprobar un cheque en blanco con fecha 2027.
El Presupuesto 2027 de Formosa tiene la estética del orden: dos totales, un superávit declarado, plantas fijadas. Pero en el fondo es una ley de facultades disfrazada de ley de presupuesto. Los $31.400 millones de superávit son un número que nadie puede verificar con el documento en la mano. La pauta macroeconómica que sostiene los ingresos no se explicita. La deuda y el gasto tributario no se cuantifican. Y el artículo 6 —con el 8 y el 15 como escolta— convierte cada cifra aprobada en un borrador sujeto a revisión unilateral.
Un presupuesto responsable no se mide por el equilibrio que proclama, sino por la transparencia que permite controlarlo. En ese examen, el proyecto no aprueba: se lleva la materia a diciembre con un aplazo en auditoría y otro en honestidad numérica. La Legislatura tiene la pelota. Si la pasa sin mirar, después no se queje de que el resultado no cierre.
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