Sed de justicia: el STJ se compra un nave de 95 millones pero le niega agua filtrada al Tribunal de Familia

Hay decisiones administrativas que, por su mezquindad, terminan siendo mucho más reveladoras que cualquier discurso institucional. El Superior Tribunal de Justicia de Formosa acaba de protagonizar una de ellas: le negó al personal del Tribunal de Familia el pago del agua filtrada para consumo de sus trabajadores. Sí, el agua. Un gasto elemental para cualquier ámbito laboral, convertido en un privilegio que aparentemente debe justificar su existencia ante la máxima autoridad judicial de la provincia.
La decisión quedó asentada en el Acta N.º 18 del 18 de noviembre de 2026. El presidente del Tribunal de Familia, Marcial Antonio Mántaras, elevó el pedido de los trabajadores para que se cubriera mensualmente el costo del agua filtrada destinada al consumo del personal. La respuesta de los ministros Claudia María Fernández, Marcos Bruno Quinteros, Guillermo Horacio Alucín y Ariel Gustavo Coll fue tan escueta como contundente: «No ha lugar».
No hubo explicaciones públicas sobre la imposibilidad presupuestaria, ni una propuesta alternativa, ni siquiera una solución mínima para una necesidad básica. Apenas una fórmula burocrática que clausuró el reclamo. El agua quedó del otro lado de la puerta, junto con la consideración que mereció el pedido de los trabajadores.
Y aquí aparece la contradicción que convierte este episodio en algo más que una anécdota administrativa. Mientras se le niega al personal judicial el financiamiento de un insumo tan elemental como el agua potable filtrada, el Poder Judicial exhibe ingresos del orden de los 30 millones de pesos y se mueve en una escala de gastos donde aparecen camionetas de aproximadamente 95 millones de pesos.
La comparación es brutal. Para el agua de los trabajadores no hay autorización. Para los vehículos oficiales, los millones parecen tener otra disponibilidad. No se trata de discutir si una institución necesita movilidad, equipamiento o recursos para cumplir sus funciones. Por supuesto que los necesita. Lo que corresponde discutir es la escala de prioridades, la transparencia del gasto y el criterio con el que se administra el dinero público.
Porque una camioneta puede ser necesaria para determinadas tareas judiciales, pero el agua para quienes pasan horas trabajando en una dependencia también lo es. Y si el argumento es la austeridad, esa austeridad no puede comenzar por el vaso de agua del empleado mientras se mantiene intacta la comodidad presupuestaria de las estructuras superiores.
El episodio también desnuda una cultura administrativa preocupante: la de un Poder Judicial que exige productividad, controla rendimientos, rechaza solicitudes salariales y evalúa permanentemente a sus agentes, pero que parece encontrar dificultades extraordinarias cuando se trata de garantizar condiciones básicas de trabajo.
En la misma acta, el Superior Tribunal rechazó el pago por subrogación solicitado por una jueza de Cámara, argumentando que no alcanzaba la productividad exigida. Es decir, el mensaje hacia abajo es claro: se controla, se mide, se exige y se niega. Pero cuando la discusión pasa por las condiciones materiales en las que trabajan quienes sostienen diariamente el funcionamiento de los tribunales, la respuesta vuelve a ser la misma: no ha lugar.
La justicia no puede reclamar autoridad moral desde un edificio institucional que administra recursos públicos sin explicar suficientemente sus prioridades. Mucho menos cuando sus trabajadores tienen que gestionar un expediente administrativo para conseguir algo tan elemental como agua para beber.
El problema no es solamente el costo de un dispenser o de los bidones. El problema es lo que representa. Es la distancia entre quienes deciden sobre los recursos y quienes deben pedir autorización hasta para satisfacer una necesidad básica durante la jornada laboral.
En Formosa, donde la ciudadanía conoce demasiado bien las dificultades para acceder a servicios esenciales, el Poder Judicial debería ser especialmente cuidadoso con el ejemplo que ofrece. No puede convertirse en otra estructura de privilegios, blindada detrás de resoluciones administrativas y actas de acuerdos que parecen escritas para que nadie pregunte demasiado.
Los ministros del Superior Tribunal tendrán que explicar cuál es el criterio presupuestario que justifica negar el agua filtrada al personal del Tribunal de Familia. También deberían transparentar los ingresos, los gastos y las compras de vehículos oficiales. Porque los 30 millones de ingresos y las camionetas de 95 millones no pueden quedar fuera de la discusión cuando se rechaza un pedido que, en términos presupuestarios, resulta insignificante frente a esas cifras.
La justicia podrá tener edificios, camionetas, despachos y funcionarios con remuneraciones millonarias. Pero hay algo que no debería faltarle nunca: sentido de las proporciones.
Cuando un Poder Judicial puede discutir millones para sus estructuras, pero le niega el agua a sus trabajadores, el problema ya no es presupuestario. Es una cuestión de prioridades, de sensibilidad institucional y de respeto por quienes hacen funcionar la Justicia todos los días.
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