“La prueba ordenada por el Dr. Marcos Rea, estaba en pleno trámite y a pesar que no se habían agregado todavía y que los plazos no habían vencido se solicitó la suspensión de la audiencia” explicaron y agregaron que: “Luego con la providencia que declara superflua la prueba, esta conducta encuadra en el delito de prevaricato” afirmaron los abogados.
Locales28/08/2021
leonardo fernández acosta
Los abogados, Mariela Cáceres y Ricardo Ruíz promovieron una denuncia penal por el delito de prevaricato contra el Juez, Dr. Marcos Rea, del Tribunal del Trabajo, Sala I.
En un juicio laboral, la empresa El Pajarito S.A. contestó la demanda y solicitó el agregado de la documentación correspondiente para demostrar la inexistencia de un vínculo laboral de acuerdo a los horarios planteados por la demandante en donde realizaba otra actividad.
Fue así que por Resolución del Juez, se solicitaron informes de la AFIP, ANSES, Banco de Formosa S.A., Correo Argentino, Municipalidad de Formosa y el Registro de la Capacidad de las Personas como elementos probatorios.
Con un plazo de 10 días para que estos organismos remitieran los informes, el juez de la causa, sin que se cumpliera su propia resolución o los plazos en ella contemplados, decide dejar sin efecto el cumplimiento del agregado de las documentales al expediente, volviendo sobre sus propias decisiones. “
En cuanto a los informes de la ANSES, Banco de Formosa S.A., Correo Argentino, Municipalidad de Formosa o Registro de las personas, surgiendo superfluas en parte por lo informado por la AFIP DGI o inconducente con respecto a informar y déjese sin efecto las mismas por innecesarias” dictaminó el Juez Rea.
Fijó la audiencia de vista, sin estos elementos y tres días antes del vencimiento del plazo para el agregado de la documental.
Los abogados Cáceres y Ruíz consideraron que una vez que el juez toma una resolución se considera calidad de cosa juzgada procesal, es decir que una vez firma una resolución no es susceptible de ser reformada o dejada sin efecto, garantizando la seguridad jurídica.
“La prueba ordenada por el Dr. Marcos Rea, estaba en pleno trámite y a pesar que no se habían agregado todavía y que los plazos no habían vencido se solicitó la suspensión de la audiencia” explicaron y agregaron que: “Luego con la providencia que declara superflua la prueba, esta conducta encuadra en el delito de prevaricato” afirmaron los abogados.
Estimaron que esta conducta del magistrado evidencia parcialidad hacia una de las partes y aclararon que el único momento para declarar si una prueba es inconducente, superflua o dilatoria es al momento de ordenar la producción de las mismas y no hay otro estadio procesal para declararlas inconducentes.
La denuncia se presentó en la Fiscalía N° 4 y será tramitada por el Juez, Marcelo Picabea del Juzgado homónimo.
Un cadáver pasó inadvertido durante una semana; una acusada de grooming fue detenida en 24 horas. La desigual rapidez del Estado desnuda que el problema nunca fue la capacidad operativa, sino dónde decide aplicarla.
Mientras Formosa intenta justificar un repunte “estacional” en pleno calor y atribuye el brote a falta de vacunas, el ministro correntino Ricardo Cardozo lo desmiente de plano: en su provincia no hay brote, no faltan dosis y el Covid casi no circula. El contraste deja al descubierto que el problema no es epidemiológico, sino narrativo.
El subjefe policial Rubén Mauri, quien habría sido designado sin carrera ni antecedentes y tras el retiro forzado de comisarios más antiguos, reapareció en la reunión del Norte Grande junto a Insfrán mientras en la provincia crecen el robo de motos, el narcomenudeo y la falta total de estadísticas de seguridad. Su presencia política expone, otra vez, que en Formosa la Policía responde más al poder que a la ciudadanía.
Hay una diferencia abismal entre la protesta legítima y la intimidación mafiosa. Entre el reclamo con argumentos y la imposición por la fuerza. Lo que hemos presenciado en las puertas del Concejo Deliberante con el acoso al concejal Evans es el triste espectáculo de quienes, queriendo aparentar ser actores sociales, no pueden disimular su esencia de patota.
Mientras crecen los actos de vandalismo, las picadas nocturnas y la ausencia policial, los vecinos hablan de una “zona liberada” en la única ciudad que gobierna la oposición. Todo ocurre en un contexto donde el gildismo ve a Atilio Basualdo como una amenaza real para la sucesión provincial y estaría dispuesto a dejar que Las Lomitas se deteriore antes que permitirle consolidar poder.
En una de las fronteras más calientes del país, el gildismo impulsa a una magistrada sin trayectoria mientras la diputada Gabriela Neme expone una red estatal que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y manipulado expedientes.
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Hay una diferencia abismal entre la protesta legítima y la intimidación mafiosa. Entre el reclamo con argumentos y la imposición por la fuerza. Lo que hemos presenciado en las puertas del Concejo Deliberante con el acoso al concejal Evans es el triste espectáculo de quienes, queriendo aparentar ser actores sociales, no pueden disimular su esencia de patota.
El subjefe policial Rubén Mauri, quien habría sido designado sin carrera ni antecedentes y tras el retiro forzado de comisarios más antiguos, reapareció en la reunión del Norte Grande junto a Insfrán mientras en la provincia crecen el robo de motos, el narcomenudeo y la falta total de estadísticas de seguridad. Su presencia política expone, otra vez, que en Formosa la Policía responde más al poder que a la ciudadanía.
Mientras Formosa intenta justificar un repunte “estacional” en pleno calor y atribuye el brote a falta de vacunas, el ministro correntino Ricardo Cardozo lo desmiente de plano: en su provincia no hay brote, no faltan dosis y el Covid casi no circula. El contraste deja al descubierto que el problema no es epidemiológico, sino narrativo.
Un cadáver pasó inadvertido durante una semana; una acusada de grooming fue detenida en 24 horas. La desigual rapidez del Estado desnuda que el problema nunca fue la capacidad operativa, sino dónde decide aplicarla.
