La Cámara Federal de Resistencia desestimó una medida cautelar por la cual la justicia federal intento (por segunda vez) suspender las elecciones. El magistrado afín al gobierno provincial podría terminar enfrentando un jury de enjuiciamiento.
Locales14/10/2021
leonardo fernández acosta
La Cámara Federal de Resistencia desestimó la medida cautelar interpuesta en fecha 27 de septiembre de 2021 y las elecciones del claustro estudiantil en las Facultades de Recursos Naturales y Administración, Economía y Negocios (FAEN) de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) se realizaron este jueves 14 con una amplia concurrencia y con total legitimidad judicial.
De esta manera se cumplimentó con una etapa más del cronograma electoral dispuesto en la Resolución Rectoral Nº 0746/21 firmada por el Rector de la UNaF, Prof. Esp. Augusto Parmetler, que fuera ratificada por la Cámara Federal de Resistencia.
Nuevamente el juez federal de Formosa, Pablo Morán, intentó suspender las elecciones ante una cautelar del sector que obedece al oficialismo provincial, siendo él, profesor nombrado por los docentes parte del litigio judicial para apropiarse del poder de la UNaF sin pasar por las urnas.
El calendario electoral finalizará con las elecciones del claustro de graduados, que se desarrollarán el próximo lunes 18 de octubre
Según estimaron los abogados que intervinieron en varias cautelares donde el juez Morán tuvo fallos que luego eran revocados por la Cámara, el funcionario volvía a fallar de la misma manera en otras medidas similares posteriores sin tomar en cuenta los antecedentes.
Estiman que después de las elecciones de modificarse la composición del Congreso, también se modificaría el Consejo de la Magistratura, donde de no mediar una mayoría que avale abiertamente a jueces que sean hegemónicos al oficialismo nacional y provincial, la iniciación de un jury de enjuciamiento a Pablo Morán sería viable, no solo por sus fallos revocados en favor del sector que no quiere ir a elecciones sino también por los cientos de Habeas Corpus en los que el magistrado se declaró incompetente favoreciendo al gobierno de Gildo Insfrán con sus restricciones con la excusa de la pandemia.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
Un cadáver pasó inadvertido durante una semana; una acusada de grooming fue detenida en 24 horas. La desigual rapidez del Estado desnuda que el problema nunca fue la capacidad operativa, sino dónde decide aplicarla.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
El fallecimiento de Marcos Godoy, un joven de Villafañe que murió en circunstancias aún no esclarecidas, quedó en manos del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº4 de Marcelo Picabea, el mismo que tramita la causa por el femicidio de Xiomara Portillo. Pese a las pruebas, los testimonios y los vínculos políticos señalados por la familia, el expediente no avanza porque se trataría de un sobrino del dirigente sindical, Hilario Martínez.
