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La Cámara Federal de Resistencia suspendió provisoriamente la aplicación material de la resolución del Consejo Superior que cuestionó las designaciones de Rafael Olmedo, Carlos Martínez y María Rosa Sanabria. Mientras el Rectorado defiende la legalidad de lo actuado y confía en un fallo favorable, la medida judicial obliga a precisar los alcances de las decisiones adoptadas y vuelve a poner bajo la lupa la regularidad institucional de la universidad.

Egresados del Profesorado y de la Licenciatura en Geografía de la UNaF presentaron una nota administrativa ante el Rectorado para exigir que sus diplomas sean firmados exclusivamente por autoridades legítimamente constituidas. La presentación se produce después de que el Consejo Superior declarara la nulidad de las elecciones de decanos realizadas en diciembre de 2024.

El Consejo Superior declaró la nulidad absoluta e insanable de los comicios del 13 de diciembre de 2024 en tres facultades de la UNaF. La decisión dejó fuera de sus cargos a Rafael Olmedo, María Rosa Sanabria y Carlos Aníbal Martínez, quienes serán reemplazados por los respectivos vicedecanos.

La Cámara Federal de Resistencia revocó la "medida precautelar" que el juez federal N°1 de Formosa, Pablo Fernando Morán, dictó a fines de agosto contra la Universidad Nacional de Formosa y le propinó una amonestación sin precedentes: lo acusó de causar un "daño institucional" con una medida "prematura", "lesiva" y "carente de sustento probatorio", le advirtió que sus fallos son "capaces de quebrar" el normal funcionamiento del Consejo Superior y le ordenó "no interferir" en los procesos internos de la universidad. El fallo no solo desnuda un patrón de activismo judicial desmedido: consagra un principio fundamental, la autonomía universitaria no es un obstáculo que el juez pueda saltar a gusto, sino un límite constitucional que debe respetar.

La Cámara Federal rechazó el planteo por una cuestión procesal, pero no avaló la permanencia de los consiliarios cuestionados ni descartó las denuncias por presunta caducidad de mandato e incompatibilidades. El conflicto institucional sigue abierto y ahora deberá buscar otra vía judicial para llegar al fondo.

El tribunal consideró que no se acreditó la urgencia ni la fuerte verosimilitud requerida para este tipo de acciones excepcionales, y reafirmó los límites de la autonomía universitaria frente al control judicial. Los jueces recordaron que, semanas antes, la misma Cámara había revocado el procesamiento del Rector Palmetler, por lo que la falta de información alegada por los actores no podía sustentar una situación de gravedad institucional que justificara la intervención del Poder Judicial en la órbita de autogobierno de la casa de altos estudios.

Investigadores de la Universidad Nacional de Formosa, junto a especialistas de universidades argentinas y de la Universidad de Estambul, iniciaron una agenda de trabajo orientada a desarrollar investigaciones conjuntas, promover el intercambio académico y fortalecer la cooperación científica entre ambos países.

Los consejeros denunciaron que el decano Carlos Martínez intentó desplazar de manera arbitraria al equipo de gestión, ignoró el funcionamiento del Consejo Directivo y puso en riesgo el proceso de acreditación de las carreras de Ingeniería. Además, respaldaron a los funcionarios restituidos por el Rectorado y exigieron el cese de las decisiones unilaterales que afectan la institucionalidad de la Facultad.

Trabajadores no docentes pidieron una investigación formal al sostener que la empleada percibe haberes, pero no cumpliría horario ni realizaría tareas efectivas. También afirman que ni siquiera residiría en la ciudad de Formosa.

La decisión dictada bajo el artículo 310 del Código Procesal Penal, con encuadre en los artículos 253 y 248 del Código Penal, no solo consolida la imputación contra las autoridades de la UNaF, sino que tensiona los límites entre autonomía universitaria y control judicial penal.

Con una decisión firme frente a presuntas irregularidades y hechos de violencia, la conducción de la UNaF abre un proceso de ordenamiento institucional que pone en el centro la legalidad, la transparencia y el funcionamiento pleno de sus órganos de gobierno.

La Universidad Nacional de Formosa vuelve a ser noticia, pero no por sus avances académicos, sino por una controversia que, según la propia encargada de la Tecnicatura en Gestión Universitaria, Zully Rivero, es más superficial que real: el funcionamiento del comedor universitario.