Con un absurdo casi calcado a través de los años, en la misma sesión en donde se alardeaba sobre un superávit de casi mil millones de pesos, también se prorrogaba la ley de emergencia económica para blindar del pago a proveedores cuando el gobernador así lo considerase, generando una situación de inseguridad jurídica única y que a todas luces espanta la inversión en la provincia.
Locales19/11/2021
leonardo fernández acosta
Como lo anticipaba este portal, el presupuesto 2022, solo modifica los números pero como en un cuarto de siglo de una provincia subsidiada por los impuestos nacionales, el 93% de los recursos vienen de ingresos nacionales y solo el 7% es aportado por ingresos propios.
Con una absoluta falta de transparencia, el oficialismo presentó el día miércoles en la Comisión de Asuntos Económicos el proyecto de recursos y gastos para el año que viene, con más de mil hojas de partidas, imposibles de analizar en 24 horas pero ya lo aprobó el día de ayer dando cuenta del abuso sobre el número que posee en todas las comisiones y también en la sesión de cámara de todos los jueves.
Como también era previsible, la presentación del proyecto de ley estuvo a cargo del interminable, Jorge Román, quien expuso que el cálculo de gastos para el año próximo fue fijado en $243.673.059.547 pesos, mientras que el cálculo de ingresos es de $244.476.062.617, luego utilizó palabras como equilibrado, austero, previsible y prudente sin acusar recibo del vaciamiento financiero del IASEP, la Caja de Previsión, el colapso de los hospitales públicos, los bajos sueldos de los estatales, etc.
Increíblemente y con el peor de los salarios de todo el país en el empleo público, más de 100 mil empleados con contratos basuras con el estado en negro, el legislador gildista estimó un superávit para el año próximo de 800 millones de pesos.
Siguiendo con un absurdo casi calcado a través de los años, en la misma sesión en donde se alardeaba sobre un superávit de casi mil millones de pesos, también se prorrogaba la ley de emergencia económica para blindar del pago a proveedores cuando el gobernador así lo considerase, generando una situación de inseguridad jurídica única y que a todas luces espanta la inversión en la provincia.
Entre algunas partidas que se irán despuntando para la opinión pública con el transcurso de los días, ante la absoluta falta de acceso a la información por parte del gobierno hacia los medios (los legisladores reciben el presupuesto un día antes) se pueden anticipar que por ejemplo hay mas partida presupuestaria para el ministerio de Antonio "Pomelo" Ferreira (jefatura de gabinete) que amarroca 3700 millones de pesos, mientras que el Ministerio de la Producción tiene una disponibilidad de fondos de 2400 millones de pesos. Esta primero un organismo absolutamente improductivo por sobre los productivo, una constante del gobierno de Gildo Insfrán.
El gobierno nunca consideró importante el desarrollo y se concentra en quemar los recursos para mantener una estado parasitario, total, vienen de arriba. De los impuestos del resto de los argentinos.
Nuevamente se delegan superpoderes al gobernador para que haga lo que quiera y los obedientes y sumisos legisladores otorgan facultades discrecionales al Poder Ejecutivo, las cuales existen a los fines del control de la ejecución del presupuesto. Todo es una obra de teatro. El presupuesto puede modificarse al gusto y placer de Insfrán, media hora después de aprobado en la Legislatura.
Entre otros detalles que resaltan aparece una de las únicas industrias que ha creado Insfrán en un cuarto de siglo de gobierno, la industria del empleo público en negro, en donde solo aparecen en el presupuesto 13 mil empleados planta permanente y 18 empleados contratados. 100 mil más están en negro.
La primera pregunta que surge es ¿Porque hay más empleados contratados que planta permanente? y la segunda es ¿Donde figuran los 100 mil monotributistas, pasantes, pago de guardias o cooperativas fantasmas con las que el estado genera un ejercito de trabajadores precarizados?
Seguramente y debido al oscurantismo característico para el acceso a la información, poco a poco la prensa irá enterándose de otros detalles del presupuesto. En el resto de la Argentina la prensa puede encontrar el presupuesto en los portales de Internet de cada uno de los gobiernos, menos en el de Formosa.
De la misma manera que no hay acceso a la información pública, la Legislatura Provincial, ha dejado de transmitir las sesiones a través de sus canales de Youtube, cuando posee la tecnología para hacerlo que en razón de la pandemia se han adecuado, con un costo de cerca de medio millón de pesos.
Todo es oscuro pero claro, en Formosa el 57% de los votos ha avalado que vivamos en una provincia con un gobierno oscuro, sin acceso a la información y con un presupuesto listo para que el año que viene los actos de corrupción en la administración de los recursos públicos, tengan vía libre.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras los bancos celebran la baja de tasas, un empleado formoseño necesitaría quintuplicar su salario para que un banco siquiera considere su solicitud. La "reactivación" es solo para quienes ya están del lado adentro de la verja.
La estadística como cortina de humo: Mientras se promociona una tarifa eléctrica baja como "logro social", se oculta que el 90% de los formoseños necesita subsidios crónicos para pagar un servicio básico. El relato oficial celebra la dependencia como si fuera un triunfo, silenciando tres décadas de estancamiento que condenan a la provincia a la asistencia perpetua. El verdadero costo no está en la factura de la luz, sino en la factura política de un sistema que produce pobres para luego exhibir su pobreza como mérito propio.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
Mientras en el país se celebra el éxito del nuevo sistema de Boleta Única de Papel, en Formosa el oficialismo se aferra a la trampa más vieja del poder: la Ley de Lemas. Nuevo País presentó un proyecto para derogar ese mecanismo perverso que desvirtúa la voluntad popular, pero en la Legislatura gildista las iniciativas que buscan transparencia tienen siempre el mismo destino: el tacho de la basura.
Sin la Ley de Lemas, sin sobres y sin miedo suficiente, el reino de Insfrán mostró su verdadera desnudez: un poder sostenido por la pobreza y el silencio que empieza a resquebrajarse. La impunidad sigue, pero el mito se rompió.
Mientras en el país se celebra el éxito del nuevo sistema de Boleta Única de Papel, en Formosa el oficialismo se aferra a la trampa más vieja del poder: la Ley de Lemas. Nuevo País presentó un proyecto para derogar ese mecanismo perverso que desvirtúa la voluntad popular, pero en la Legislatura gildista las iniciativas que buscan transparencia tienen siempre el mismo destino: el tacho de la basura.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
