El gobernador formoseño fue imputado por desviar más de 1.600 millones al partido oficialista. Cuando el poder no rinde cuentas, la corrupción se vuelve sistema en un momento en donde acaban de voltear la Ley de Ficha Limpia.
El fiscal Eduardo R. Taiano, titular de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal N.º 8, formuló el requerimiento de instrucción para que se avance con la investigación penal en el marco del expediente CFP 442/2025, caratulado “Insfrán, Gildo s/ Malversación de Caudales Públicos, Falsedad Ideológica y Abuso de Autoridad”. Ya constataron que la cuenta desde donde se habría efectuado la operación pertenece al gobierno de la provincia y habrían sido autorizados por altos funcionarios del Ministerio de Economía provincial: el subsecretario de Hacienda y Finanzas, Miguel A. Antinori, y las tesoreras generales Liliana Noemí Barboza y Ana María Tesorieri. Hasta el momento no hay imputados
La denuncia es por el delito de malversación de fondos públicos o peculado que es específicamente cuando se usa algo que está destinado para otra cosa: Artículos 248, 261, 266, 267 y 268 del Código Penal e involucra al gobernador y sus vuelos charter de 20 mil dólares a la empresa Baires Fly para ir de vacaciones.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
