leonardo fernández acosta
Una causa judicial abierta en los tribunales federales de Comodoro Py pone bajo la lupa al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, por la presunta malversación de más de $1.660 millones de fondos públicos destinados —según la denuncia— al financiamiento del Partido Justicialista (PJ) local. El fiscal Eduardo R. Taiano, titular de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal N.º 8, formuló el requerimiento de instrucción para que se avance con la investigación penal en el marco del expediente CFP 442/2025, caratulado “Insfrán, Gildo s/ Malversación de Caudales Públicos, Falsedad Ideológica y Abuso de Autoridad”.
La denuncia fue presentada el 7 de febrero de 2025 por la legisladora provincial Ana Gabriela Neme, quien señaló que los días 2 y 7 de octubre de 2024, el Gobierno de Formosa transfirió desde una cuenta oficial del Tesoro provincial —radicada en el Banco de Formosa S.A.— fondos millonarios hacia una cuenta del Partido Justicialista Distrito Formosa, con asiento en el Banco Nación y presidido por el propio Insfrán.
De acuerdo al documento oficial, los montos transferidos superarían los 1.660 millones de pesos, y habrían sido autorizados por altos funcionarios del Ministerio de Economía provincial: el subsecretario de Hacienda y Finanzas, Miguel A. Antinori, y las tesoreras generales Liliana Noemí Barboza y Ana María Tesorieri.
Tras el ingreso de la causa al Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 8, la fiscalía requirió informes al Banco de Formosa, confirmando que la cuenta utilizada pertenece al Gobierno de la Provincia, bajo la denominación “Rentas Generales”, con fecha de alta del 13 de noviembre de 1996. El fiscal también pidió que el Banco Nación y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informen sobre todos los movimientos registrados entre el 1° de septiembre y el 15 de octubre de 2024, tanto en la cuenta oficial del gobierno como en la del PJ.
La causa aún no tiene imputados formalmente, ya que, según el fiscal Taiano, “no obran en autos elementos que permitan individualizar a los autores”, aunque los indicios apuntan a una maniobra ejecutada desde las más altas esferas del poder provincial. De comprobarse, se trataría de una violación flagrante a la ley que prohíbe el uso de fondos públicos para financiar partidos políticos.
La denuncia también apunta al modelo político de concentración de poder que rige en Formosa desde hace décadas. Gildo Insfrán gobierna la provincia desde 1995, reelecto de forma consecutiva con el respaldo de una estructura que ahora está siendo cuestionada judicialmente por su presunto uso irregular de recursos estatales.
Mientras tanto, la investigación avanza, y será el juzgado federal quien determine si las evidencias reunidas ameritan una imputación formal contra los funcionarios involucrados. El expediente pone en escena un escándalo político y judicial que podría tener fuertes repercusiones institucionales, y que vuelve a instalar en la agenda pública el debate sobre el control de los fondos públicos y la transparencia en el financiamiento de los partidos.
