leonardo fernández acosta
Otra vez Formosa. Otra vez Gildo Insfrán. Y otra vez, una denuncia que revela lo que muchos sospechan desde hace años: en esa provincia, el Estado y el Partido Justicialista parecen ser la misma cosa. La reciente imputación del gobernador por malversación de caudales públicos, falsedad ideológica, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público no es solo un golpe judicial; es una radiografía política de un sistema que funciona con lógica feudal.
El expediente judicial —la causa 442/25 del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°8, con el juez Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano— acusa a Insfrán de haber ordenado el envío de más de 1.660 millones de pesos al Partido Justicialista local, bajo el eufemismo de “Haberes”, usando documentación que habría falseado la naturaleza de los destinatarios. El colmo del cinismo: una transferencia por casi 6 millones de pesos aparece registrada a nombre de una "Asociación sin fines de lucro", pero el CUIT corresponde al PJ de Formosa. ¿Error administrativo? Difícil de creer. Esto huele más a fraude con planificación previa.
Y si el dinero iba al partido, ¿quién lo autorizaba? Las transferencias, según evidencia la documentación, figuran como autorizadas por las tesoreras Ana María Tesorieri y Liliana Noemí Barboza, y por el subsecretario de Hacienda y Finanzas, Miguel A. Antinori, cayendo en manos del espacio político oficialista liderado por el propio Gildo en concepto de Haberes.
La legisladora provincial Gabriela Neme, denunciante y querellante, plantea una pregunta incómoda pero urgente: ¿el Gobierno de Formosa paga sueldos del Partido Justicialista? ¿O el gobernador usa la estructura partidaria para triangular fondos públicos? Cualquiera de las dos opciones es inadmisible en una democracia.
Pero esto no es nuevo. Desde hace más de dos décadas, Insfrán maneja la provincia con mano de hierro, impune, blindado por una red de fidelidades y silencios. La oposición es perseguida, la prensa crítica es amedrentada, y el clientelismo se convirtió en política de Estado. Lo que hoy estalla en los tribunales federales es apenas una arista del modelo autoritario y patrimonialista que rige en Formosa desde hace años.
La Ley 26.215 es clara: solo el Estado Nacional puede financiar a los partidos políticos. Que una provincia, bajo la orden directa de su gobernador, desvíe recursos para alimentar a la maquinaria oficialista, no es solo ilegal: es un atentado contra las reglas más básicas del sistema republicano.
La imputación de Insfrán es una noticia de alto voltaje. Pero lo que está en juego no es solo la situación penal de un caudillo. Es la evidencia de cómo, en algunos rincones del país, la democracia está secuestrada por estructuras de poder que ya no distinguen entre lo público y lo partidario. Es hora de que la Justicia hable. Y de que el resto del país escuche.
