El gobernador formoseño fue imputado por desviar más de 1.600 millones al partido oficialista. Cuando el poder no rinde cuentas, la corrupción se vuelve sistema en un momento en donde acaban de voltear la Ley de Ficha Limpia.
Locales08/05/2025
leonardo fernández acosta
Otra vez Formosa. Otra vez Gildo Insfrán. Y otra vez, una denuncia que revela lo que muchos sospechan desde hace años: en esa provincia, el Estado y el Partido Justicialista parecen ser la misma cosa. La reciente imputación del gobernador por malversación de caudales públicos, falsedad ideológica, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público no es solo un golpe judicial; es una radiografía política de un sistema que funciona con lógica feudal.
El expediente judicial —la causa 442/25 del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°8, con el juez Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano— acusa a Insfrán de haber ordenado el envío de más de 1.660 millones de pesos al Partido Justicialista local, bajo el eufemismo de “Haberes”, usando documentación que habría falseado la naturaleza de los destinatarios. El colmo del cinismo: una transferencia por casi 6 millones de pesos aparece registrada a nombre de una "Asociación sin fines de lucro", pero el CUIT corresponde al PJ de Formosa. ¿Error administrativo? Difícil de creer. Esto huele más a fraude con planificación previa.
Y si el dinero iba al partido, ¿quién lo autorizaba? Las transferencias, según evidencia la documentación, figuran como autorizadas por las tesoreras Ana María Tesorieri y Liliana Noemí Barboza, y por el subsecretario de Hacienda y Finanzas, Miguel A. Antinori, cayendo en manos del espacio político oficialista liderado por el propio Gildo en concepto de Haberes.
La legisladora provincial Gabriela Neme, denunciante y querellante, plantea una pregunta incómoda pero urgente: ¿el Gobierno de Formosa paga sueldos del Partido Justicialista? ¿O el gobernador usa la estructura partidaria para triangular fondos públicos? Cualquiera de las dos opciones es inadmisible en una democracia.
Pero esto no es nuevo. Desde hace más de dos décadas, Insfrán maneja la provincia con mano de hierro, impune, blindado por una red de fidelidades y silencios. La oposición es perseguida, la prensa crítica es amedrentada, y el clientelismo se convirtió en política de Estado. Lo que hoy estalla en los tribunales federales es apenas una arista del modelo autoritario y patrimonialista que rige en Formosa desde hace años.
La Ley 26.215 es clara: solo el Estado Nacional puede financiar a los partidos políticos. Que una provincia, bajo la orden directa de su gobernador, desvíe recursos para alimentar a la maquinaria oficialista, no es solo ilegal: es un atentado contra las reglas más básicas del sistema republicano.
La imputación de Insfrán es una noticia de alto voltaje. Pero lo que está en juego no es solo la situación penal de un caudillo. Es la evidencia de cómo, en algunos rincones del país, la democracia está secuestrada por estructuras de poder que ya no distinguen entre lo público y lo partidario. Es hora de que la Justicia hable. Y de que el resto del país escuche.
En Formosa, familias enteras denuncian intentos de homicidio y ataques incendiarios por militar fuera del oficialismo. La justicia se mueve lento, la policía mira hacia otro lado y el poder político guarda silencio. La impunidad no es casual: es el verdadero mensaje de un régimen que castiga con fuego a quienes se atreven a pensar distinto.
El discurso de Camilo Orrabalis es pura escenografía: hospitales sin médicos, pasillos llenos de pacientes que esperan horas, derivaciones sistemáticas a clínicas privadas socias del poder y un sistema que se sostiene en la propaganda más que en la atención real. El “Estado presente” que declama solo existe en las fotos y en los actos; en la vida cotidiana, el modelo formoseño es abandono sanitario con maquillaje electoral.
La ex militante gildista reciclada en radical, Bianca Capeletti Puyo, pretende erigirse en guardiana de la ética y la moral mientras reparte amenazas judiciales a periodistas. Con ínfulas de superioridad, ahora sueña con una candidatura en 2027 apadrinada aparentemente por Juan Carlos Amarilla, borrando de la memoria su pasado al lado de los Insfrán.
Mientras la producción citrícola de Formosa ronda apenas las 14 a 19 mil toneladas anuales y está lejos de ser líder nacional, el diputado Ramiro Fernández Patri celebra un festival financiado con recursos públicos —con cachés millonarios para artistas nacionales como Nicki Nicole— como si fuese la prueba viva del “modelo productivo” de Gildo Insfrán.
La convencional Valeria Ruth Méndez defendió con entusiasmo las reformas al Poder Judicial en la nueva Constitución provincial. Paradójicamente, nunca ejerció como abogada ni litigó en los tribunales locales: es empleada del Poder Legislativo. El episodio expone el circo de una Convención donde la improvisación y la obediencia política reemplazaron a la experiencia real.
Una auditoría en la ANSES de Clorinda destapó un esquema de jubilaciones irregulares otorgadas a paraguayos, con domicilios falsos y servicios inexistentes. Más que un fraude administrativo, la maniobra muestra cómo el “modelo formoseño” convierte los beneficios sociales en una maquinaria para importar votos y sostener al poder.
La convencional Valeria Ruth Méndez defendió con entusiasmo las reformas al Poder Judicial en la nueva Constitución provincial. Paradójicamente, nunca ejerció como abogada ni litigó en los tribunales locales: es empleada del Poder Legislativo. El episodio expone el circo de una Convención donde la improvisación y la obediencia política reemplazaron a la experiencia real.
Mientras la producción citrícola de Formosa ronda apenas las 14 a 19 mil toneladas anuales y está lejos de ser líder nacional, el diputado Ramiro Fernández Patri celebra un festival financiado con recursos públicos —con cachés millonarios para artistas nacionales como Nicki Nicole— como si fuese la prueba viva del “modelo productivo” de Gildo Insfrán.
La ex militante gildista reciclada en radical, Bianca Capeletti Puyo, pretende erigirse en guardiana de la ética y la moral mientras reparte amenazas judiciales a periodistas. Con ínfulas de superioridad, ahora sueña con una candidatura en 2027 apadrinada aparentemente por Juan Carlos Amarilla, borrando de la memoria su pasado al lado de los Insfrán.
El discurso de Camilo Orrabalis es pura escenografía: hospitales sin médicos, pasillos llenos de pacientes que esperan horas, derivaciones sistemáticas a clínicas privadas socias del poder y un sistema que se sostiene en la propaganda más que en la atención real. El “Estado presente” que declama solo existe en las fotos y en los actos; en la vida cotidiana, el modelo formoseño es abandono sanitario con maquillaje electoral.
En Formosa, familias enteras denuncian intentos de homicidio y ataques incendiarios por militar fuera del oficialismo. La justicia se mueve lento, la policía mira hacia otro lado y el poder político guarda silencio. La impunidad no es casual: es el verdadero mensaje de un régimen que castiga con fuego a quienes se atreven a pensar distinto.
