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Mayans descansa en una playa de la costa bonaerense a la que la inmensa mayoría de los formoseños nunca podrá acceder: no por falta de ganas, sino por salarios que no alcanzan, distancias imposibles y un modelo de poder que condena a muchos a no conocer jamás el mismo descanso que disfrutan quienes dicen representarlos.

En la provincia “más barata” del país, el salario promedio del empleado público no alcanza para vivir: llenar el changuito exige destinar todo el sueldo a alimentos, dejando afuera alquiler, servicios y transporte. Por eso, el changuito completo no existe: se compra menos, se recorta y se sobrevive.

Lo que está en juego excede largamente una polémica circunstancial o una pelea de redes sociales. Aquí se expone un mecanismo preocupante: un alto funcionario provincial se vale de registros sensibles, de procedencia nunca aclarada, para montar una operación de desgaste contra una dirigente opositora, amparado en un anonimato tan oportuno como funcional y amplificado por el aparato mediático oficial. No es azar ni torpeza: es un libreto conocido que muestra cómo el poder administra la intimidación desde el Estado.

La detención de un ex concejal de Pirané con cinco kilos de marihuana, cocaína y dinero en efectivo no puede ser presentada como un problema de adicciones ni como un drama familiar. Se trata de un caso de narcotráfico que involucra a una figura pública y que tiene consecuencias políticas directas para su padre, ex intendente y actual referente de La Libertad Avanza, que intenta correr el eje del hecho hacia la victimización personal para diluir responsabilidades institucionales.

La coparticipación es el arma de castigo de Insfrán: en su Formosa, un ciudadano de un municipio leal vale nueve veces más que uno de un pueblo disidente. No es gestión, es venganza política. La lealtad se paga con el hambre ajeno.