"Preocupados por la precarización del sector privado, los gremios estatales funcionarios y sindicalistas salen a la calle para exigir que no les toquen un pelo de sus privilegios. Porque la lucha es una sola: la de ellos y sus intereses personales."
Locales12/02/2026
leonardo fernández acosta
La reforma aprobada en el Senado, con cambios en indemnizaciones, período de prueba, modalidades de contratación y otros aspectos propios del régimen privado. impacta centralmente en el empleo regido por la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir, en el sector privado. No en el empleo público provincial, que se rige por su propio estatuto y cuya estabilidad está blindada por un entramado normativo distinto.
Sin embargo, la movilización se presenta como una defensa general del “trabajador formoseño”, como si el epicentro de la amenaza estuviera en la administración pública local. Y no lo está.
Formosa es, estructuralmente, una provincia donde el Estado es el gran empleador. La masa salarial pública sostiene el consumo, dinamiza el comercio y ordena la vida económica. El sector privado formal es reducido y, en muchos casos, depende indirectamente del gasto estatal. En ese contexto, marchar contra una reforma que afecta sobre todo al empleo privado tiene más carga simbólica que impacto directo.
La pregunta inevitable es: ¿a quién representa esa marcha?
Si el argumento es la solidaridad con los trabajadores del sector privado, la discusión es válida. Si es una advertencia política al Gobierno nacional, también. Pero si el discurso sugiere que la reforma pone en jaque inmediato a la mayoría de los asalariados formoseños, la narrativa empieza a desajustarse de la realidad estadística.
Hay, además, una tensión silenciosa. En una provincia donde el empleo público es predominante, la conflictividad sindical históricamente ha sido más contenida que en distritos con fuerte músculo industrial. La dependencia estructural del Estado como empleador no es un dato menor a la hora de medir la intensidad de la protesta. La marcha, entonces, también funciona como gesto político: marca posición, fija alineamientos y construye identidad opositora frente a la agenda nacional.
Lo que no debería hacerse, ni desde la dirigencia sindical ni desde el poder político, es simplificar el debate. La reforma laboral merece discusión técnica, jurídica y económica. Pero también merece honestidad contextual. No es lo mismo discutir flexibilización en el conurbano industrial que en una provincia donde el principal empleador es el propio Estado.
La movilización encabezada por Martínez expone, en definitiva, una contradicción estructural: se protesta contra una reforma que impacta sobre un sector que en Formosa es minoritario, mientras el grueso de los trabajadores depende de un régimen que no fue modificado por la votación en el Senado.
Eso no invalida la protesta. Pero sí obliga a preguntarse si estamos ante una defensa concreta de derechos laborales locales o ante un capítulo más de la disputa política nacional trasladada a la plaza provincial.
En política, como en economía, los números importan. Y en Formosa, los números dicen que el trabajador promedio no está bajo la órbita directa de la reforma que ayer generó la marcha. Esa es la pieza que falta en el discurso.
Del empleo en la estructura política nacional a la constitución de empresas vinculadas a la obra pública y su presencia reiterada en foros internacionales: una trayectoria documentada que, por su velocidad, contexto y conexiones, exige explicaciones claras en nombre de la transparencia.
La violenta represión policial contra mujeres que reclamaban viviendas en el IPV dejó al desnudo un Estado sin protocolos, una fuerza de seguridad usada como patota política y un organismo habitacional atravesado por la discrecionalidad, el uso partidario de fondos públicos y el encubrimiento de la pobreza detrás de proyectos millonarios y propaganda oficial.
Mientras posa con gremialistas bajo la bandera de Aerolíneas Argentinas, Insfrán evita sistemáticamente la línea de bandera y se mueve en vuelos VIP de Baires Fly que cuestan hasta 20 mil dólares. En la recta final de un poder que se le escurre, el gobernador apela a gestos vacíos y montajes simbólicos que solo dejan al desnudo una contradicción obscena: predica lo popular, pero vive como casta. La desesperación por sostener su reinado lo empuja a hacer cualquier cosa, incluso exhibir sin pudor la hipocresía que durante años intentó disimular.
Ni el Defensor del Pueblo que no puede defender, ni la cámara empresarial capturada por los intereses del poder: la Justicia Federal los desconoció como representantes legítimos del pueblo formoseño. En el desolado paisaje institucional de Formosa, donde el estatismo decide quién vive y quién sobrevive, a los ciudadanos les podrían aplicar el famoso dicho de Moria Casán: 'No existís'. El fallo no solo rechazó un amparo; certificó que las voces que pretenden hablar por la gente carecen de sustento real
Insfrán no defiende a los trabajadores. Defiende su monopolio. En su feudo, la única fortuna permitida es la que se hace con el sobre del Estado. La reforma laboral amenaza con darles a los formoseños lo que él más teme: libertad para progresar sin pedirle permiso al patrón único. Su lucha no es ideológica, es de supervivencia. Sobrevivir como el último cacique de un sistema que canjea votos por planes y convierte al ciudadano en siervo del aparato.
Mientras Formosa se hunde en salarios bajos y servicios colapsados, Gildo Insfrán gasta miles de dólares en vuelos privados para operar políticamente en Buenos Aires. El intento de complot junto a otros gobernadores para frenar la reforma laboral terminó en un papelón en el CFI: no hubo reunión, no hubo foto y no hubo resultados. Solo quedó expuesto el contraste obsceno entre el lujo del poder y el fracaso de una maniobra que nadie quiso acompañar.
Detrás del "hombre fuerte" de pueblo con su retórica soez y sus chistes de cuartel en las redes, se esconde un sistema de nepotismo y poder que lo abarca todo. Incluidas según las versiones, la razón por la cual su esposa no aparece en público. No aparece ella y tampoco la denuncia que siempre se diluye cuando se trata de alguíen impune en el oficialismo.
Ni el Defensor del Pueblo que no puede defender, ni la cámara empresarial capturada por los intereses del poder: la Justicia Federal los desconoció como representantes legítimos del pueblo formoseño. En el desolado paisaje institucional de Formosa, donde el estatismo decide quién vive y quién sobrevive, a los ciudadanos les podrían aplicar el famoso dicho de Moria Casán: 'No existís'. El fallo no solo rechazó un amparo; certificó que las voces que pretenden hablar por la gente carecen de sustento real
Mientras posa con gremialistas bajo la bandera de Aerolíneas Argentinas, Insfrán evita sistemáticamente la línea de bandera y se mueve en vuelos VIP de Baires Fly que cuestan hasta 20 mil dólares. En la recta final de un poder que se le escurre, el gobernador apela a gestos vacíos y montajes simbólicos que solo dejan al desnudo una contradicción obscena: predica lo popular, pero vive como casta. La desesperación por sostener su reinado lo empuja a hacer cualquier cosa, incluso exhibir sin pudor la hipocresía que durante años intentó disimular.
Del empleo en la estructura política nacional a la constitución de empresas vinculadas a la obra pública y su presencia reiterada en foros internacionales: una trayectoria documentada que, por su velocidad, contexto y conexiones, exige explicaciones claras en nombre de la transparencia.
"Preocupados por la precarización del sector privado, los gremios estatales funcionarios y sindicalistas salen a la calle para exigir que no les toquen un pelo de sus privilegios. Porque la lucha es una sola: la de ellos y sus intereses personales."
