IPV: represión, patotas institucionales y fondos públicos manejados a discreción

Lo sucedido ayer en el Instituto Provincial de la Vivienda no fue un exceso aislado ni un “mal procedimiento”. Fue, una vez más, la confirmación de que en Formosa la Policía actúa como una patota institucional uniformada, sostenida con los recursos de todos los formoseños y puesta al servicio del poder político antes que de la sociedad.

El operativo superó todos los límites del correcto procedimiento y de los protocolos mínimos destinados a evitar la violencia. No hubo orden, ni cadena clara de mandos, ni siquiera coherencia en la acción estatal. Mientras una comisaria mujer leía una orden de desalojo firmada por el juez “empleado del mes”, Marcelo Picabea —funcionario judicial que ha demostrado ejecutar sin chistar cualquier pedido del Poder Ejecutivo de Gildo Insfrán—, el cuerpo antimotines ya avanzaba empujando personas y hasta a la propia comisaria, que ni siquiera había terminado de leer ni aguardado la respuesta de quienes debían comprender y acatar la orden judicial.

El mensaje fue claro: no importaba el procedimiento, ni la legalidad, ni el respeto básico. La decisión ya estaba tomada y era avanzar a los golpes.

Luego, ya en la oscuridad de la vereda, la escena terminó de desnudar el verdadero rostro de la fuerza: uniformados grabados mientras amenazaban con gestos propios de marginales de barrio y otros directamente lanzando patadas contra civiles indefensos. Una situación vergonzante que no solo viola cualquier manual de actuación policial, sino que profundiza la pésima imagen de una institución que, paradójicamente, recibe más presupuesto que todos los municipios de Formosa juntos.

Mientras la inseguridad crece, los robos se multiplican, el narcotráfico avanza y los homicidios dejan de ser excepcionales, la Policía parece no tener ni recursos ni reflejos. Pero cuando se trata de reprimir un reclamo social u opositor, no dudan: palos, empujones y patadas sobran.

En este episodio también cobró relevancia un fenómeno inquietante: el rol de algunas mujeres oficiales, que lejos de aportar una perspectiva distinta, se mostraron incluso más autoritarias y violentas que muchos comisarios hombres. No es una cuestión de género, sino de un sistema que premia la brutalidad y la obediencia política.

El reclamo se dio en un Instituto Provincial de la Vivienda claramente inoperante, financiado con fondos del FONAVI, que debería garantizar soluciones habitacionales y no administrar frustraciones. La gestión de Marcelo Uguelli no solo exhibe un nivel alarmante de mediocridad administrativa, sino que vuelve a quedar bajo la lupa por la discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos.

Desde el IPV se culpa al gobierno nacional de Javier Milei por la falta de envío de recursos, pero esa explicación se vuelve insostenible cuando se observan otros usos del dinero del organismo. Uguelli y su esposa, la concejal María del Carmen “Petu” Argañaraz, utilizarían millones del IPV para financiar su agrupación política y proyectos tan costosos como el engendro propagandístico llamado “Guadalupe Florece”.

El instituto exhibe además casos difíciles de explicar, como el del concejal justicialista Marcelo Sosa, socio político y de campaña de Argañaraz, quien cuenta con dos viviendas en el barrio Nueva Formosa, transformadas en una sola, a modo de chalet. Un privilegio que ningún funcionario del IPV ha sabido o querido justificar.

“Guadalupe Florece” no busca resolver la pobreza ni la marginalidad: intenta taparla. Embellecer lo justo y necesario para que no afee la postal del mastodonte millonario que se levanta enfrente: el estadio cerrado Cincuentenario, una obra de más de 50 millones de dólares. La pregunta es brutal y evidente: ¿cómo traer competencias internacionales sin que se vea la miseria del barrio Guadalupe? La respuesta del poder no es inclusión, es maquillaje urbano.

Formosa se hunde en una decadencia cada vez más visible. Un Estado que reprime mujeres pobres pero protege privilegios; una Policía convertida en fuerza de choque político que no puede caer más bajo; y un Instituto de la Vivienda que usa el drama habitacional como herramienta de disciplinamiento y propaganda.

Lo de ayer no fue un hecho menor. Fue una radiografía precisa de un modelo agotado, autoritario y cada vez más violento. Y, como siempre, financiado con el dinero de quienes después no tienen derecho ni siquiera a reclamar.