En su mensaje a la hora de los homenajes en la sesión de este miércoles, el ex juez federal aludió a lo ocurrido hace 75 años en Rincón Bomba, y le recordó a la Secretaría de DDHH de la Nación que “las violaciones a los derechos humanos no comenzaron en 1976, comenzaron mucho antes”.
“El sufrimiento que tuvieron nuestros empleados detenidos fue omisión o desidia del juez federal de entonces. Podía entrar al cuartel, inspeccionar los lugares y poner coto a esa situación pero no lo hizo. Es un disparate suponer que porque eramos un STJ, éramos una simple cámara de apelación múltiple porque no había cámaras” explicó.
Este es el sexto juicio por crímenes de lesa humanidad en la provincia y se investigará a los exjueces por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento de los secuestros de 8 trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial de Formosa, de los cuales tres permanecen desaparecidos.
Las pericias forenses determinaron que la menor recibió una puñalada en el cuello con un arma plana mientras aún estaba con vida. Los nuevos datos profundizan los interrogantes sobre la investigación judicial y los tiempos de la Justicia.
El ministro Ibáñez intenta culpar al contexto nacional por la caída del consumo y la crisis económica, pero evita hacerse cargo de un modelo provincial dependiente, sin desarrollo productivo ni empleo genuino, que tras décadas de gestión dejó a Formosa atada a la coparticipación, la obra pública y el relato.
Su historia de esfuerzo y capacidad es real. El sistema la formó con herramientas de vanguardia, pero le negó el mapa para navegar el mercado global que ansía sus habilidades. Mientras el IPF celebra su graduación, miles de ofertas laborales remotas y bien remuneradas pasan, invisibles, frente a sus ojos.
Argentina enfrenta su momento de verdad: o flexibiliza un mercado laboral que genera exclusión o sigue protegiendo rigideces que ya solo benefician a minorías. La reforma llega tarde, es imperfecta, pero es ineludible. El statu quo fue una condena para millones de informales y jóvenes sin futuro.
La defensa reveló que el juez instructor no supervisó los allanamientos donde, según ellos sugirieron, la policía habría "plantado" las pruebas clave. Un relato de hallazgos sospechosos, cámaras que solo graban lo que les indican y un magistrado ausente que enciende la alarma sobre la pureza de todo el proceso judicial.
