En su mensaje a la hora de los homenajes en la sesión de este miércoles, el ex juez federal aludió a lo ocurrido hace 75 años en Rincón Bomba, y le recordó a la Secretaría de DDHH de la Nación que “las violaciones a los derechos humanos no comenzaron en 1976, comenzaron mucho antes”.
Locales12/10/2022
leonardo fernández acosta
El diputado nacional de la UCR, Fernando Carbajal, formuló este miércoles un enfático llamado al gobierno nacional para que ponga fin “al negacionismo” de hechos de violaciones a los derechos humanos ocurridos durante administraciones encabezadas incluso por el propio Juan Domingo Perón, y
En el tramo de homenajes al principio de la sesión ordinaria de este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación, el legislador por Formosa tuvo una encendida intervención al recordar lo sucedido el 10 de octubre de 1947 en el paraje de Rincón Bomba, cerca de Las Lomitas, cuando centenares de integrantes de la comunidad pilagá fueron masacrados por efectivos de Gendarmería Nacional.
En coincidencia con la conmemoración del Día de la Diversidad Cultural, el 12 de octubre. Carbajal llevó al recinto de la Cámara baja lo acontecido en lo que se conoce como la masacre de Rincón Bomba hace 75 años.
En primer lugar narró lo que sucedió en esos días de octubre en el centro oeste de la provincia con la persecución a familias enteras de pilagá, e incluso leyó algunos tramos de testimonios de los sobrevivientes de aquellos hechos.
Luego, recordó que estos hechos ocurrieron durante la presidencia de Juan Domingo Perón, tras lo cual dejó en claro que “esto lo digo no en términos de chicana, lo digo porque tenemos que terminar con el negacionismo profundo que hacemos de las masacres de la que han sido víctimas los pueblos originarios. Pero en serio, no solamente desde los 500 años de historia, porque aun los que estamos aquí somos corresponsables, dejemos de negar esto y hagámonos cargo, porque las violaciones de los derechos humanos no comenzaron en este país 1976, comenzaron mucho antes”, sostuvo.
Al finalizar, mostró al plenario un cuadernillo de tapa roja manifestando: “Hoy llegue a mi oficina y me encontré este panfleto hecho por la Secretaría de Derechos Humanos que habla del negacionismo. Yo les pido que terminemos con el negacionismo, háganse cargo de su historia, pero no para deshacer el pasado que no podemos, por lo menos para empezar a devolverle la dignidad reconociendo los daños que le hemos causado y cumpliendo con las reparaciones que les debemos”.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras los bancos celebran la baja de tasas, un empleado formoseño necesitaría quintuplicar su salario para que un banco siquiera considere su solicitud. La "reactivación" es solo para quienes ya están del lado adentro de la verja.
La estadística como cortina de humo: Mientras se promociona una tarifa eléctrica baja como "logro social", se oculta que el 90% de los formoseños necesita subsidios crónicos para pagar un servicio básico. El relato oficial celebra la dependencia como si fuera un triunfo, silenciando tres décadas de estancamiento que condenan a la provincia a la asistencia perpetua. El verdadero costo no está en la factura de la luz, sino en la factura política de un sistema que produce pobres para luego exhibir su pobreza como mérito propio.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
Sin la Ley de Lemas, sin sobres y sin miedo suficiente, el reino de Insfrán mostró su verdadera desnudez: un poder sostenido por la pobreza y el silencio que empieza a resquebrajarse. La impunidad sigue, pero el mito se rompió.
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Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
