Insaurralde

El lunes 29, la Legislatura aprobará sobre tablas sin lectura previa ni análisis mínimo, un Presupuesto que volverá a ser un dibujo contable, sancionado por una mayoría que ni siquiera habrá tenido tiempo de conocer sus más de mil fojas. En la misma sesión, los legisladores prorrogarán nuevamente la contradictoria Ley de Emergencia Económica, un instrumento que, pese a los supuestos superávits proclamados año tras año, seguirá blindando al Poder Ejecutivo para postergar pagos y administrar discrecionalmente los recursos públicos. Y, como si fuera poco, también se avanzará en la modificación del artículo 65 del Código Fiscal y de los artículos 61 y 63 de la Ley Impositiva, otorgando mayor poder unilateral al Ministerio de Economía y preparando el terreno para un nuevo impuestazo delegado por una Legislatura que se comportará, una vez más, como una escribanía del gobierno.

El razonamiento y la manipulación discursiva del diputado, Jorge Román, borra deliberadamente el concepto de federalismo fiscal, que combina recursos compartidos con responsabilidades compartidas. Pero eso no le sirve al relato: la idea de responsabilidad fiscal choca con el modelo de provincia subsidiada que Román busca blindar.

Con denuncias de “superpoderes”, fondos fiduciarios que “van en contramano del control republicano” y una estructura de gasto que privilegia a la Secretaría General por encima de áreas sociales clave, Juan Carlos Amarilla expuso en el debate del presupuesto un modelo de concentración, oscuridad y manejo discrecional que, afirmó, deja al Legislativo reducido a una formalidad

El jefe del bloque gildista intentó presentar en la sesión por la aprobación del presupuesto,  la falta de debate, la concentración del gasto y la hegemonía política como “normalidad democrática”. En realidad, su discurso es una defensa explícita del poder sin controles, disfrazada de victimismo y falsa superioridad moral.

Mientras el oficialismo proclama autonomía, el propio debate revela dependencia estructural: la provincia subsiste con dinero nacional, sube impuestos donde más duele y reparte recursos con desigualdad entre municipios, consolidando un modelo que concentra poder y castiga al trabajador.