Mientras los convencionales oficialistas declaman reformas constitucionales para "ampliar derechos", olvidan que fueron ellos mismos quienes los pisotearon durante la pandemia. La oposición, en voz del convencional Evans, puso el dedo en la llaga: ¿quién defiende los derechos cuando el poder los viola?
La reforma constitucional borra del mapa a los caídos del 5 de octubre, canoniza al PAIPPA como modelo productivo y consagra como “causas provinciales” a un catálogo de obras fantasmas financiadas pero nunca ejecutadas. Todo con el mismo gobernador y el mismo verso.
La Convención Constituyente de Formosa se ha convertido en una parodia de institucionalidad. Con el pretexto de reformar el artículo 7, el gildismo intenta consagrar un dogma de subordinación total a la lógica del poder local, blindando la autonomía provincial contra cualquier crítica o intervención, incluso si los abusos se multiplican. La República, mientras tanto, es arrinconada en los márgenes del discurso.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
Mientras los bancos celebran la baja de tasas, un empleado formoseño necesitaría quintuplicar su salario para que un banco siquiera considere su solicitud. La "reactivación" es solo para quienes ya están del lado adentro de la verja.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
