Del contrato republicano al circo constituyente: Formosa, entre el delirio institucional y la sedición velada

Lo que debía ser una oportunidad histórica para fortalecer los principios democráticos, mejorar la calidad institucional y actualizar una Constitución envejecida, se convirtió en una farsa. Una tragicomedia, si se quiere. En la Convención Constituyente de Formosa, lo que se discute ya no son artículos constitucionales, sino quién grita más fuerte, quién invoca con mayor fervor la identidad provincial como escudo para blindar el poder de siempre. La sesión en la que se trató la reforma del artículo 7 de la Carta Magna provincial fue una síntesis perfecta del extravío político y jurídico que atraviesa el proceso.

El convencional Rodrigo Vera, oficiando de vocero del oficialismo, propuso incluir en la Constitución una cláusula que, en la práctica, establece que cualquier funcionario formoseño que no defienda a rajatabla la autonomía provincial será pasible de sanción política. La redacción es tan ampulosa como peligrosa: sugiere que quien critique, denuncie o incluso evalúe mecanismos institucionales de auxilio nacional, como la intervención federal, estará traicionando a la patria chica. Lo que comenzó como una defensa del federalismo terminó en un delirio retórico donde se iguala a los opositores con los realistas de 1810.

No hay que subestimar el intento. Este nuevo párrafo, más que proteger la autonomía, busca establecer un "bozal legal", como bien denunció el convencional Basualdo, para disciplinar la disidencia. Es el blindaje discursivo del régimen gildista: en nombre del federalismo, se anula la república. Bajo el ropaje de la identidad formoseña, se condena cualquier posibilidad de supervisión externa. Se ensalza la soberanía provincial, pero se pisotean derechos básicos y principios republicanos.

El grotesco alcanzó su clímax cuando Vera, en tono grandilocuente, acusó de "traición" a quienes piden intervención federal. En su visión, una república sin federalismo es imposible; pero su interpretación del federalismo es tan unilateral, tan autoritaria, que en nombre de una parte del contrato (la autonomía), dinamita la otra: la garantía republicana. Nadie en su sano juicio puede negar la importancia del federalismo como piedra angular del sistema argentino. Pero tampoco puede desconocerse que el federalismo no habilita abusos, ni convierte a las provincias en feudos impunes.

La intervención federal, prevista en el artículo 6 de la Constitución Nacional, no es una afrenta al federalismo, sino una válvula institucional para preservar el orden constitucional, cuando este se ve avasallado. Pretender demonizarla es negar la propia arquitectura del sistema argentino.

Mientras Vera teatralizaba desde su atril, el convencional Basualdo, intendente de Las Lomitas, desnudó otra verdad incómoda: la concentración del poder en Formosa no tiene contrapesos. Ni jueces, ni fiscales, ni legisladores escapan al control del "quinto piso". Y esa es la gran tragedia de la provincia: una institucionalidad secuestrada, un simulacro de división de poderes, una Convención que ya no reforma, sino que refuerza el status quo.

Lo que vemos es un proceso constituyente que no enriquece el pacto democrático, sino que lo empobrece. Que no amplía derechos, sino que los encierra en un discurso maniqueo y persecutorio. Y lo más grave: que pretende sustituir el debate político por la obediencia ideológica, y la deliberación por la propaganda.

Frente a este escenario, es urgente que la sociedad formoseña y el país prenda las alarmas. Porque lo que se cocina en Formosa no es un capítulo aislado: es un laboratorio de retroceso institucional, de cómo el poder puede disfrazarse de legalidad para eternizarse y blindarse. Lo que está en juego no es sólo un artículo. Es la república misma.