leonardo fernández acosta
“Actualizar los estándares”, “reparar históricamente”, “garantizar el acceso a los derechos”. Las palabras suenan nobles, cargadas de humanidad, cuando las pronuncian los convencionales del oficialismo en la Convención Constituyente de Formosa. Pero suenan huecas, insostenibles, si se las confronta con la realidad más reciente. Porque esos mismos convencionales que hoy invocan la defensa de los derechos humanos y el acceso a la identidad, fueron cómplices o protagonistas del más feroz atropello institucional que vivió Formosa en democracia: la pandemia bajo el régimen de Gildo Insfrán.
Valeria Ruth Méndez, convencional gildista, fue quien presentó la reforma del artículo 23 de la Constitución provincial, relativo al amparo, para hacerlo más "moderno y efectivo". La iniciativa, según explicó, busca alinearse con la Constitución Nacional y tratados internacionales, ampliando la protección a otros derechos como salud, educación y derechos sociales. Hasta aquí, nada objetable. El problema es otro: ¿dónde estaban estos defensores del derecho cuando los formoseños no podían entrar a su propia provincia, ni salir de sus casas sin permiso, ni manifestarse sin ser reprimidos?
La enumeración original del artículo 23 incluye, entre otros, derechos básicos como: entrar, permanecer, transitar, reunirse, opinar, profesar culto, ejercer derechos políticos, de prensa, de trabajar y de enseñar y aprender. Todos, sin excepción, violados sistemáticamente durante la cuarentena eterna que impuso el gobierno provincial. Y no por omisión, sino por decisión directa del poder político.
El convencional opositor Guillermo Evans fue quien lo dejó claro en su intervención: “Estos derechos que están acá explicitados no deben quedar solamente incluidos en un texto amplio, tienen que tener un carácter didáctico para que nos estén interpelando como me ocurre a mí cuando los leo. Esto es exactamente lo que no nos dejaron hacer en la pandemia”.
Recordó con precisión quirúrgica los 8.000 varados que esperaron en la frontera provincial durante meses, hasta que la Corte Suprema obligó al gobierno a dejarlos ingresar. Mencionó el caso “Ibarrola”, que abrió una grieta judicial en el blindaje político del gildismo. Y apuntó contra la omisión intencional en el nuevo texto que reemplaza el “procederá el recurso de amparo” por el más débil “puede interponer acción”. No es sólo un cambio de redacción: es una claudicación de garantías.
Evans también subrayó cómo el derecho a trabajar fue pulverizado por decisiones autoritarias: “Gildo Insfrán nos cercenó el derecho de trabajar. Fundió a muchos con una cuarentena extendida más allá de todo sentido”.
Paradójicamente, mientras se hablaba de derechos, identidad, memoria y reparación, ningún oficialista mencionó las detenciones ilegales, las violaciones a la libertad ambulatoria, ni la represión del 5 de marzo de 2021, cuando más de cien personas fueron detenidas sin paradero desconocido tras protestas contra el regreso a la Fase 1.
La reforma del artículo 23 podría haber sido una oportunidad para rendir cuentas y blindar legalmente a los ciudadanos ante futuros abusos. Pero prefirieron una versión lavada, sin memoria, sin autocrítica, sin nombres. El Estado que tortura no puede ser el mismo que educa sobre derechos. Y si lo es, al menos que no finja sorpresa cuando la historia lo juzgue.
