Mientras los convencionales oficialistas declaman reformas constitucionales para "ampliar derechos", olvidan que fueron ellos mismos quienes los pisotearon durante la pandemia. La oposición, en voz del convencional Evans, puso el dedo en la llaga: ¿quién defiende los derechos cuando el poder los viola?
Locales07/08/2025
leonardo fernández acosta
“Actualizar los estándares”, “reparar históricamente”, “garantizar el acceso a los derechos”. Las palabras suenan nobles, cargadas de humanidad, cuando las pronuncian los convencionales del oficialismo en la Convención Constituyente de Formosa. Pero suenan huecas, insostenibles, si se las confronta con la realidad más reciente. Porque esos mismos convencionales que hoy invocan la defensa de los derechos humanos y el acceso a la identidad, fueron cómplices o protagonistas del más feroz atropello institucional que vivió Formosa en democracia: la pandemia bajo el régimen de Gildo Insfrán.
Valeria Ruth Méndez, convencional gildista, fue quien presentó la reforma del artículo 23 de la Constitución provincial, relativo al amparo, para hacerlo más "moderno y efectivo". La iniciativa, según explicó, busca alinearse con la Constitución Nacional y tratados internacionales, ampliando la protección a otros derechos como salud, educación y derechos sociales. Hasta aquí, nada objetable. El problema es otro: ¿dónde estaban estos defensores del derecho cuando los formoseños no podían entrar a su propia provincia, ni salir de sus casas sin permiso, ni manifestarse sin ser reprimidos?
La enumeración original del artículo 23 incluye, entre otros, derechos básicos como: entrar, permanecer, transitar, reunirse, opinar, profesar culto, ejercer derechos políticos, de prensa, de trabajar y de enseñar y aprender. Todos, sin excepción, violados sistemáticamente durante la cuarentena eterna que impuso el gobierno provincial. Y no por omisión, sino por decisión directa del poder político.
El convencional opositor Guillermo Evans fue quien lo dejó claro en su intervención: “Estos derechos que están acá explicitados no deben quedar solamente incluidos en un texto amplio, tienen que tener un carácter didáctico para que nos estén interpelando como me ocurre a mí cuando los leo. Esto es exactamente lo que no nos dejaron hacer en la pandemia”.
Recordó con precisión quirúrgica los 8.000 varados que esperaron en la frontera provincial durante meses, hasta que la Corte Suprema obligó al gobierno a dejarlos ingresar. Mencionó el caso “Ibarrola”, que abrió una grieta judicial en el blindaje político del gildismo. Y apuntó contra la omisión intencional en el nuevo texto que reemplaza el “procederá el recurso de amparo” por el más débil “puede interponer acción”. No es sólo un cambio de redacción: es una claudicación de garantías.
Evans también subrayó cómo el derecho a trabajar fue pulverizado por decisiones autoritarias: “Gildo Insfrán nos cercenó el derecho de trabajar. Fundió a muchos con una cuarentena extendida más allá de todo sentido”.
Paradójicamente, mientras se hablaba de derechos, identidad, memoria y reparación, ningún oficialista mencionó las detenciones ilegales, las violaciones a la libertad ambulatoria, ni la represión del 5 de marzo de 2021, cuando más de cien personas fueron detenidas sin paradero desconocido tras protestas contra el regreso a la Fase 1.
La reforma del artículo 23 podría haber sido una oportunidad para rendir cuentas y blindar legalmente a los ciudadanos ante futuros abusos. Pero prefirieron una versión lavada, sin memoria, sin autocrítica, sin nombres. El Estado que tortura no puede ser el mismo que educa sobre derechos. Y si lo es, al menos que no finja sorpresa cuando la historia lo juzgue.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras los bancos celebran la baja de tasas, un empleado formoseño necesitaría quintuplicar su salario para que un banco siquiera considere su solicitud. La "reactivación" es solo para quienes ya están del lado adentro de la verja.
La estadística como cortina de humo: Mientras se promociona una tarifa eléctrica baja como "logro social", se oculta que el 90% de los formoseños necesita subsidios crónicos para pagar un servicio básico. El relato oficial celebra la dependencia como si fuera un triunfo, silenciando tres décadas de estancamiento que condenan a la provincia a la asistencia perpetua. El verdadero costo no está en la factura de la luz, sino en la factura política de un sistema que produce pobres para luego exhibir su pobreza como mérito propio.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
Sin la Ley de Lemas, sin sobres y sin miedo suficiente, el reino de Insfrán mostró su verdadera desnudez: un poder sostenido por la pobreza y el silencio que empieza a resquebrajarse. La impunidad sigue, pero el mito se rompió.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
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Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
