La jueza Sánchez se descompensó, pero lo que se activó no fue un protocolo sanitario, sino la maquinaria del miedo: patrullas, forenses, silencio oficial y amenazas a periodistas que hicieron su trabajo.
"En este marco de falta de garantías, en una provincia donde no existe el acceso a la información pública, frente a un gobernador que tiene la suma del poder público en sus manos, donde las instituciones están degradas, donde no existe la división de poderes, donde no existe la justicia independiente y la policía es militante de los caprichos del Gobierno, no es difícil entender que no podemos seguir exponiendo a nuestros periodistas por los menos en los OPNGT, que pareciera se han convertidos en meros actos partidarios solventados con dineros públicos" aseguraron.
La utilización del Código Penal como respuesta estatal a los dichos de un periodista sobre cuestiones de interés público, es una alternativa absolutamente incompatible con la protección que la Constitución Nacional y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos brindan a la libertad de expresión y de prensa, y es, a su vez, una forma de empobrecer el debate público necesario para la convivencia democrática.
El Defensor del Pueblo (mandato vencido), Leonardo Gialluca, denunció a los periodistas (El Comercial, Radio Uno y Radio Parque), Leonardo Fernández Acosta y Julieta González por intimidación pública y presentó como prueba un programa de análisis político lo que de acuerdo a su interpretación constituía una violación del art. 211 del Código Penal lo que constituye una abierta Censura.
En Formosa, los auditores que nunca auditaron vuelven a escena: Graciela de la Rosa y Fabián Cáceres, con pasado inactivo en la AGN y en el control del transporte municipal, son hoy candidatos del gildismo a diputados nacionales. La provincia donde ningún organismo controla nada, ni a nadie.
Gerardo “Quini Seis” González, el diputado que ni Milei quería mostrar, pasó de libertario trucho a traidor profesional: acomodó amantes, vendió remeras al Estado, se entregó a Insfrán y ahora juega a la extorsión política para estirar su vida útil de parásito con fueros.
En Formosa, la operadora Patricia García —ligada al diputado Gerardo González— habría replicado el esquema de coimas que estalló en Chaco y en el ANDIS: aprietes a prestadores del PAMI, descuentos compulsivos a empleados y manejos turbios de fondos públicos. Lo que en otras provincias ya llegó a la Justicia, aquí sigue siendo un secreto a voces, protegido por la impunidad. Con la nueva conducción de LLA en manos de Atilio Basualdo, Gabriela Neme y Francisco Paoltroni, la incógnita es si habrá denuncias o si la corrupción seguirá bajo la alfombra.
La jura de suplentes en la Constituyente terminó exhibiendo al radicalismo dividido, con un oficialismo que capitalizó la confusión y un Juan Carlos Leguizamón que, molesto y desplazado, acusó a sus correligionarios de traicionarlo para no quedar pegados al gildismo
En medio de la décima sesión constituyente, el convencional dejó plantados a Gabriela Neme y a la militancia de Nuevo País para crear su bloque unipersonal. Con acusaciones de “negociar solo” con el oficialismo, Servín quedó señalado como el nuevo ejemplo de cooptación política en Formosa.
