La jueza Sánchez se descompensó, pero lo que se activó no fue un protocolo sanitario, sino la maquinaria del miedo: patrullas, forenses, silencio oficial y amenazas a periodistas que hicieron su trabajo.
"En este marco de falta de garantías, en una provincia donde no existe el acceso a la información pública, frente a un gobernador que tiene la suma del poder público en sus manos, donde las instituciones están degradas, donde no existe la división de poderes, donde no existe la justicia independiente y la policía es militante de los caprichos del Gobierno, no es difícil entender que no podemos seguir exponiendo a nuestros periodistas por los menos en los OPNGT, que pareciera se han convertidos en meros actos partidarios solventados con dineros públicos" aseguraron.
La utilización del Código Penal como respuesta estatal a los dichos de un periodista sobre cuestiones de interés público, es una alternativa absolutamente incompatible con la protección que la Constitución Nacional y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos brindan a la libertad de expresión y de prensa, y es, a su vez, una forma de empobrecer el debate público necesario para la convivencia democrática.
El Defensor del Pueblo (mandato vencido), Leonardo Gialluca, denunció a los periodistas (El Comercial, Radio Uno y Radio Parque), Leonardo Fernández Acosta y Julieta González por intimidación pública y presentó como prueba un programa de análisis político lo que de acuerdo a su interpretación constituía una violación del art. 211 del Código Penal lo que constituye una abierta Censura.
Guillermo Francos blanqueó lo que ya se sabía: el gobierno de Milei no piensa hacer nada ante el régimen de Gildo Insfrán. Como antes con Alberto Fernández, la república termina en el Bermejo.
Mientras Ricardo Cabrera se retira con todos los honores del Superior Tribunal de Justicia de Formosa, su exsocio Marcelo D'Alessio es condenado por integrar una red de espionaje, extorsión y lavado de dinero. Una historia de vínculos, privilegios y negocios turbios que la Justicia nunca quiso investigar.
En Formosa, ni sacar más votos te garantiza una banca. Gabriela Neme quedaría afuera de la Legislatura por una combinación perversa de ley de lemas, reparto arbitrario y castigo político. Molesta al oficialismo y eclipsa a una oposición cómoda: el sistema la quiere afuera, y el Tribunal Electoral obedece.
Cobran por la memoria, pero militan el olvido. Juan Lenscak y otros “referentes” de derechos humanos devenidos en empleados del régimen de Insfrán, transformaron su condición de víctimas en una franquicia oficialista: ahora encubren, relativizan o directamente niegan violaciones actuales a cambio de sueldos, cátedras y micrófonos pagos por el Estado que los necesita obedientes.
La UCR formoseña volvió a lo que mejor sabe hacer: pactar con el poder que dice combatir. Lejos de denunciar la estafa electoral contra Gabriela Neme, se alineó con el gildismo y celebró una banca obtenida gracias a una trampa vergonzosa. En lugar de defender el voto popular, se convirtió en su verdugo. Una oposición que festeja el fraude no es oposición: es parte del problema.
