La utilización del Código Penal como respuesta estatal a los dichos de un periodista sobre cuestiones de interés público, es una alternativa absolutamente incompatible con la protección que la Constitución Nacional y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos brindan a la libertad de expresión y de prensa, y es, a su vez, una forma de empobrecer el debate público necesario para la convivencia democrática.
Locales22 de agosto de 2021
leonardo fernández acosta
ADEPA observa con gran preocupación la denuncia efectuada por los periodistas Julieta González y Leonardo Fernández Acosta, quienes el pasado viernes habrían sido acusados penalmente por el Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa; allí se consideraría que las críticas periodísticas a la política sanitaria provincial constituirían una intimidación pública en los términos del artículo 211 del Código Penal. También se afirma que allí se habría solicitado la detención de los periodistas.
La utilización del Código Penal como respuesta estatal a los dichos de un periodista sobre cuestiones de interés público, es una alternativa absolutamente incompatible con la protección que la Constitución Nacional y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos brindan a la libertad de expresión y de prensa, y es, a su vez, una forma de empobrecer el debate público necesario para la convivencia democrática.
ADEPA solicita a las autoridades provinciales un rápido esclarecimiento de la situación y, en su caso, al cese y rechazo claro a toda conducta que suponga la utilización de medidas represivas por las críticas u opiniones que emitan los periodistas.
"Lo del celular es de campeón mundial. Copiar un acta delante del comerciante al que supuestamente van a infraccionar desde un celular no tiene antecedentes" relató el titular del comercio.
El caso del juez Arturo Cabral ha dejado en evidencia la degradación de la Justicia en Formosa y su sometimiento absoluto al poder político del PJ. Cabral, con su impresentable candidatura, expuso la complicidad de los jueces del Tribunal Electoral Permanente, Claudio Moreno y Sandra Moreno, quienes en lugar de actuar con imparcialidad, lo defendieron abiertamente, incurriendo en prejuzgamiento. Pero cuando las impugnaciones formales llegaron, se refugiaron en tecnicismos administrativos para no resolver en el plazo legal y evitar su inhabilitación. Finalmente, la Legislatura, bajo el mando de Insfrán, lo "salvó" aceptando su renuncia y garantizándole una salida sin consecuencias.
En la torpeza de no perder al ejército cooptado con recursos públicos que garantiza que el gobernador, Gildo Insfrán, gane siempre las elecciones, un empleado de la salud se autoincriminó en varios delitos y también involucró al intendente, Julio Murdoch. Queda en claro cuáles son algunas de las estrategias para garantizar el triunfo en cada una de las elecciones del eterno gobernador, Gildo Insfrán.
El oficialismo apela a la falta absoluta de educación y cultura al promover una serie de insultos misóginos contra la diputada provincial, Gabriela Neme, a través del analfabeto funcional, Juan Carlos Mereles.
La sucursal del Banco Nación sucursal calle Fontana, cerró las puertas antes del horario de las 11:45 y a pesar del ruego de los familiares de un abuelo de 92 años en silla de ruedas, ni los policías ni la empleada que se presentó como gerente le permitieron pasar.
El oficialismo apela a la falta absoluta de educación y cultura al promover una serie de insultos misóginos contra la diputada provincial, Gabriela Neme, a través del analfabeto funcional, Juan Carlos Mereles.
En la torpeza de no perder al ejército cooptado con recursos públicos que garantiza que el gobernador, Gildo Insfrán, gane siempre las elecciones, un empleado de la salud se autoincriminó en varios delitos y también involucró al intendente, Julio Murdoch. Queda en claro cuáles son algunas de las estrategias para garantizar el triunfo en cada una de las elecciones del eterno gobernador, Gildo Insfrán.
El caso del juez Arturo Cabral ha dejado en evidencia la degradación de la Justicia en Formosa y su sometimiento absoluto al poder político del PJ. Cabral, con su impresentable candidatura, expuso la complicidad de los jueces del Tribunal Electoral Permanente, Claudio Moreno y Sandra Moreno, quienes en lugar de actuar con imparcialidad, lo defendieron abiertamente, incurriendo en prejuzgamiento. Pero cuando las impugnaciones formales llegaron, se refugiaron en tecnicismos administrativos para no resolver en el plazo legal y evitar su inhabilitación. Finalmente, la Legislatura, bajo el mando de Insfrán, lo "salvó" aceptando su renuncia y garantizándole una salida sin consecuencias.
"Lo del celular es de campeón mundial. Copiar un acta delante del comerciante al que supuestamente van a infraccionar desde un celular no tiene antecedentes" relató el titular del comercio.
