Ataque a la prensa

La jueza Sánchez se descompensó, pero lo que se activó no fue un protocolo sanitario, sino la maquinaria del miedo: patrullas, forenses, silencio oficial y amenazas a periodistas que hicieron su trabajo.

"En este marco de falta de garantías, en una provincia donde no existe el acceso a la información pública, frente a un gobernador que tiene la suma del poder público en sus manos, donde las instituciones están degradas, donde no existe la división de poderes, donde no existe la justicia independiente y la policía es militante de los caprichos del Gobierno, no es difícil entender que no podemos seguir exponiendo a nuestros periodistas por los menos en los OPNGT, que pareciera se han convertidos en meros actos partidarios solventados con dineros públicos" aseguraron.

La utilización del Código Penal como respuesta estatal a los dichos de un periodista sobre cuestiones de interés público, es una alternativa absolutamente incompatible con la protección que la Constitución Nacional y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos brindan a la libertad de expresión y de prensa, y es, a su vez, una forma de empobrecer el debate público necesario para la convivencia democrática. 

El Defensor del Pueblo (mandato vencido), Leonardo Gialluca, denunció a los periodistas (El Comercial, Radio Uno y Radio Parque), Leonardo Fernández Acosta y Julieta González por intimidación pública y presentó como prueba un programa de análisis político lo que de acuerdo a su interpretación constituía una violación del art. 211 del Código Penal lo que constituye una abierta Censura.