El interventor, Claudio Samaniego, informó que este lunes 13 un acta complementaria del oportuno convenio con los doctores Pedro Hernán Sánchez y Francisca Oviedo, presidente y secretaria, respectivamente, de la FeMeFor; al igual que Gertrudis María Samudio y Carlos Gabriel Molina, presidenta y secretario de la APS.
El comunicado se difundió este sábado después que hubo una reunión el día viernes entre ACLISA y autoridades del IASEP sin que trascendieran los detalles del acuerdo.
Tras la nueva suspensión del servicio a los afiliados de IASEP por parte de la Asociación de Clínicas y Sanatorios – ACLISA-, el diputado provincial de Juntos por el Cambio Osvaldo Zárate se expresó a través de sus redes sociales y apuntó que la situación responde al objetivo del Gobierno para que "la salud privada colapse".
Según manifiestan, no fueron atendidos en ninguno de sus pedidos para reunirse a tratar las actualizaciones de prestaciones médcas por lo que no tienen más opción que suspender las mismas a excepción de las emergencias y urgencias. El Ministerio de Economía y del Defensor del Pueblo no movieron un dedo en el conflicto.
Ayer por la tarde hubo un ofrecimiento de la intervención de la obra social estatal que hizo que quedara sin efecto la decisión de cortar los servicios de salud privado el día lunes.
La Asociación que nuclea a Clínicas y Sanatorios, informó a través de su Facebook que desde este lunes volverá a normalizar las atenciones a los afiliados de la obra social estatal.
"Queremos metodologías claras de trabajo y la última nota que mandamos todavía no contestaron respecto de si mandamos las pruebas o los pacientes. El espíritu en ACLISA es seguir trabajando con el IASEP y llegar a un acuerdo razonable" afirmaron.
A partir de ahora y debido a la decisión de los especialistas en anatomía patológica de no atender más por los bajos pagos de la IASEP, los análisis se harán en el Hospital de Alta Complejidad y La Madre y El Niño.
La pésima administración del interventor, Claudio Samaniego, ocasiona cada vez más recortes a la obra social que más afiliados tiene en la provincia.
Un video viral mostró a un inspector municipal exigiendo más de 23 mil pesos a un camionero para permitirle el ingreso a la capital formoseña. La maniobra, avalada por una ordenanza del intendente Jorge Jofré, viola los principios constitucionales sobre libre circulación y desató nuevas denuncias por abuso de poder
En Formosa no hay milagro económico: hay obra pública financiada con fondos que nadie transparenta, contratos directos para empresas amigas y un sistema de cartelización que el gobierno vende como “crecimiento”. El supuesto boom de empleo es apenas la consecuencia de una maquinaria opaca que sostiene al régimen, no a los formoseños.
Entre frases inconexas y una conducta llamativamente alterada, Sosa dejó dudas más propias de un examen clínico que de una sesión del Concejo. Defendió a De Vido, varias veces preso, a Chávez y le faltaba el Che Guevara para completar el desvarío.
El tablero político de Formosa sumó un nuevo capítulo tras el dictamen del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, quien reconoció la competencia originaria de la Corte Suprema para intervenir en la causa que cuestiona la habilitación de una nueva reelección del gobernador Gildo Insfrán. Con ese aval, los jueces del máximo tribunal deberán analizar la validez de la reforma constitucional que permitió —otra vez— que el histórico mandatario quede habilitado para intentar seguir en el poder.
Entre sorpresas fingidas y comparaciones forzadas, Zabala volvió a confirmar que en Formosa la Fiscalía de Estado funciona menos como un órgano de control que como una oficina jurídica del patrón de siempre: Gildo Insfrán.
