Según manifiestan, no fueron atendidos en ninguno de sus pedidos para reunirse a tratar las actualizaciones de prestaciones médcas por lo que no tienen más opción que suspender las mismas a excepción de las emergencias y urgencias. El Ministerio de Economía y del Defensor del Pueblo no movieron un dedo en el conflicto.
Locales13/01/2023
leonardo fernández acosta
Los representantes de la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de Formosa, (ACLISA) emitieron un comunicado a la opinión pública en donde manifiestan que suspenderán las prestaciones médicas a los afiliados del IASEP a partir del 16 de enero del corriente año.
En el comunicado, aclaran que: "En atención a la falta de respuesta de parte del IASEP respecto al pedido de reunión para tratar la cuestión relativa a la necesidad de incremento de valores prestacionales, a la falta de respuesta del Poder Ejecutivo respecto al pedido de reunión para la misma cuestión y a la falta de respuesta del Defensor del Pueblo de la provincia, Leonardo Gialluca a los pedidos de gestión para una audiencia con IASEP y al Ministerio de Economía de la Provincia para tratar el tema y dada la imposibilidad de sostener el servicio de atención médica y sanatorial con los valores que actualmente paga dicha obra social por las prestaciones, nos vemos en la obligación de suspender la atención de pacientes del IASEP a partir del día 16 de enero de 2023, a excepción de las emergencias y urgencias".
Agregaron que también se seguiran prestando las internaciones que se encuentren en curso hasta el otorgamiento del alta, "Como anticiparamos en comunicaciones anteriores, durante el año 2020 no hemos recibido ningún incremento en los aranceles y el incremento de los sueldos de los empleados públicos provinciales no se vio reflejado de igual manera en los valores prestacionales, lo que sumado al proceso inflacionario que atravesamos generó la imposibilidad de sostener el servicio de atención médica y de poder cumplir con las obligaciones de las clínicas con sus empleados, que cuentan con paritarias nacionales".
Cerraron afirmando que: "Esperamos ser escuchados por las autoridades que toman las decisiones para poder dar una respeusta a todas las familias que dependen de nuestro trabajo como así también el acompañamiento y comprensión de los afiliados del IASEP".
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En la provincia “más barata” del país, el salario promedio del empleado público no alcanza para vivir: llenar el changuito exige destinar todo el sueldo a alimentos, dejando afuera alquiler, servicios y transporte. Por eso, el changuito completo no existe: se compra menos, se recorta y se sobrevive.
Mayans descansa en una playa de la costa bonaerense a la que la inmensa mayoría de los formoseños nunca podrá acceder: no por falta de ganas, sino por salarios que no alcanzan, distancias imposibles y un modelo de poder que condena a muchos a no conocer jamás el mismo descanso que disfrutan quienes dicen representarlos.
Gildo Insfrán, de vacaciones bajo secreto, se pierde el anuncio de un subsidio energético que Formosa necesita hace décadas y que nunca gestionó con sus aliados. Lo logró Milei. La ironía política perfecta: el "monstruo" libera, el "protector" desaparece.
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Lo que está en juego excede largamente una polémica circunstancial o una pelea de redes sociales. Aquí se expone un mecanismo preocupante: un alto funcionario provincial se vale de registros sensibles, de procedencia nunca aclarada, para montar una operación de desgaste contra una dirigente opositora, amparado en un anonimato tan oportuno como funcional y amplificado por el aparato mediático oficial. No es azar ni torpeza: es un libreto conocido que muestra cómo el poder administra la intimidación desde el Estado.
La detención de un ex concejal de Pirané con cinco kilos de marihuana, cocaína y dinero en efectivo no puede ser presentada como un problema de adicciones ni como un drama familiar. Se trata de un caso de narcotráfico que involucra a una figura pública y que tiene consecuencias políticas directas para su padre, ex intendente y actual referente de La Libertad Avanza, que intenta correr el eje del hecho hacia la victimización personal para diluir responsabilidades institucionales.
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