El interventor, Claudio Samaniego, informó que este lunes 13 un acta complementaria del oportuno convenio con los doctores Pedro Hernán Sánchez y Francisca Oviedo, presidente y secretaria, respectivamente, de la FeMeFor; al igual que Gertrudis María Samudio y Carlos Gabriel Molina, presidenta y secretario de la APS.
El comunicado se difundió este sábado después que hubo una reunión el día viernes entre ACLISA y autoridades del IASEP sin que trascendieran los detalles del acuerdo.
Tras la nueva suspensión del servicio a los afiliados de IASEP por parte de la Asociación de Clínicas y Sanatorios – ACLISA-, el diputado provincial de Juntos por el Cambio Osvaldo Zárate se expresó a través de sus redes sociales y apuntó que la situación responde al objetivo del Gobierno para que "la salud privada colapse".
Según manifiestan, no fueron atendidos en ninguno de sus pedidos para reunirse a tratar las actualizaciones de prestaciones médcas por lo que no tienen más opción que suspender las mismas a excepción de las emergencias y urgencias. El Ministerio de Economía y del Defensor del Pueblo no movieron un dedo en el conflicto.
Ayer por la tarde hubo un ofrecimiento de la intervención de la obra social estatal que hizo que quedara sin efecto la decisión de cortar los servicios de salud privado el día lunes.
La Asociación que nuclea a Clínicas y Sanatorios, informó a través de su Facebook que desde este lunes volverá a normalizar las atenciones a los afiliados de la obra social estatal.
"Queremos metodologías claras de trabajo y la última nota que mandamos todavía no contestaron respecto de si mandamos las pruebas o los pacientes. El espíritu en ACLISA es seguir trabajando con el IASEP y llegar a un acuerdo razonable" afirmaron.
A partir de ahora y debido a la decisión de los especialistas en anatomía patológica de no atender más por los bajos pagos de la IASEP, los análisis se harán en el Hospital de Alta Complejidad y La Madre y El Niño.
La pésima administración del interventor, Claudio Samaniego, ocasiona cada vez más recortes a la obra social que más afiliados tiene en la provincia.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
En Formosa, el poder ya no gobierna: administra su propio miedo. La decisión del gobierno de Gildo Insfrán de prohibir a las escuelas participar del aniversario de Las Lomitas, solo porque el intendente es opositor, muestra la degradación absoluta de un régimen que perdió toda noción de Estado. En lugar de educar en libertad, se adoctrina en obediencia; en lugar de celebrar una comunidad, se la castiga por pensar distinto. La miseria política se volvió método de control, y la decadencia moral, su marca de identidad.
