El infectólogo del Consejo de Atención Integral a la Emergencia atacó a referentes de la oposición y aseguró que no pensaron en las personas y solo lo hicieron por cargos políticos.
Locales26/03/2022
leonardo fernández acosta
El doctor, Julián Bibolini, miembro del Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID 19, fue contra la Corte Suprema, la oposición y en particular contra el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Fernando Carbajal.
En una entrevista a un medio pautado por el gobierno de la provincia, criticó la decisión de la Corte de permitir el ingreso de formoseños varados y dijo que: “De repente había que dejar entrar a un montón de personas, a miles. Lo que hicieron no fue pensar en el bienestar de las personas y hoy en día, están ocupando cargos políticos”.
No les importo un songo. Lo único que les interesaba era tener los puestos actuales. Es más, tal es así que después que asumieron, hoy recién se los escuchó hablar.
Agregó que: “Desde el principio pensaban en eso. Todo su accionar fue con un fin determinado para tener los cargos actuales. Nunca fue por honestidad en creer que hacían bien. Totalmente no les importó un songo para ver si lo que estaban decidiendo ponían en riesgo o no a una población por una cuestión sanitaria”.
Volvió a reiterar que: “No les importo un songo. Lo único que les interesaba era tener los puestos actuales. Es más, tal es así que después que asumieron, hoy recién se los escuchó hablar. Yo ni siquiera los quiero nombrar para no darle prensa pero recién ahora comienzan a aparecer a 4, 5 o 6 meses de que asumieron y recién aparecen ¡Qué largas vacaciones que se tomaron los muchachos! Pero realmente este era el objetivo de ellos, tener estas vacaciones, estar tranquilos, ni siquiera deber volver a Formosa, deben estar viviendo en otro lugar pero respeto a las personas que lo eligieron”.
Finalmente aseguró que: “Si no hubiésemos hecho todo lo que hicimos antes, hoy sí que no tendría cara para salir a caminar por ahí. Se hubieran muerto miles de personas. Hoy me voy a la calle orgullosísimo de que si hicimos todo lo que fue en bienestar de la población, ni con intenciones u otro objetivo que no fuera salvar vidas”.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras los bancos celebran la baja de tasas, un empleado formoseño necesitaría quintuplicar su salario para que un banco siquiera considere su solicitud. La "reactivación" es solo para quienes ya están del lado adentro de la verja.
La estadística como cortina de humo: Mientras se promociona una tarifa eléctrica baja como "logro social", se oculta que el 90% de los formoseños necesita subsidios crónicos para pagar un servicio básico. El relato oficial celebra la dependencia como si fuera un triunfo, silenciando tres décadas de estancamiento que condenan a la provincia a la asistencia perpetua. El verdadero costo no está en la factura de la luz, sino en la factura política de un sistema que produce pobres para luego exhibir su pobreza como mérito propio.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
Sin la Ley de Lemas, sin sobres y sin miedo suficiente, el reino de Insfrán mostró su verdadera desnudez: un poder sostenido por la pobreza y el silencio que empieza a resquebrajarse. La impunidad sigue, pero el mito se rompió.
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Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
