A pesar del anuncio de apresurar en un mes el aumento que se hizo efectivo en el mes de marzo, con un 40% que se hará efectivo para el mes de junio, el sueldo de bolsillo del empleado público, está 40 mil pesos por debajo de la canasta básica total, es decir por debajo de la línea de la pobreza.
Locales31/05/2022
leonardo fernández acosta
El gobernador, GIldo Insfrán, anunció esta mañana que debido a la etapa difícil respecto de la economía que atraviesa la sociedad formoseña, “Con el objetivo de sostener el poder adquisitivo de los salarios de los agente de la administración pública provincial y promover su incremento en términos reales, he dispuesto un adelantamiento del cronograma remanente del aumento del 50% acordado para el presente año acordado con las entidades gremiales del sector público, estableciendo nuevos periodos de vigencia y los porcentajes”.
Detalló que se realizará de la siguiente manera. “Aumento del 15% en junio, que se iba a hacer en julio se adelanta para junio, sumando al 25% que ya dimos sumará el 40%. Esta modificación impactará en los montos de la primera cuota del aguinaldo. Un aumento del 10% en agosto, antes estaba previsto para setiembre”.
Se adelantarán los salarios mínimos de bolsillo garantizados a saber, “58.000 pesos en el mes de junio. Antes estaba previsto para el mes de julio. 65.000 pesos para el mes de agosto, antes estaba previsto para el mes de setiembre”.
Respecto del escalafón docente, también se adelantarán los aumentos de puntos índice y salario mínimo de bolsillo para los docentes. Punto índice para junio es 157.125477, antes estaba previsto para julio. Para agosto 172,837989 antes para el mes de setiembre y salario mínimo de bolsillo garantizado, 58.000 para el mes de junio, antes estaba previsto para el mes de julio y 65.000 pesos para el mes de agosto que antes estaba previsto para el mes de setiembre”.
Explicó que el aumento también se extiende a los haberes previsionales de los beneficiarios de la Caja de Previsión Social y beneficiarios del Instituto de Pensiones Sociales, “Esta decisión representa un desembolso extra para el tesoro provincial superior a los 2.150 millones de pesos que sumando a los previstos para cubrir la política salarial ya establecida, totaliza un importe superior a los 23.350 millones para el presente ejercicio fiscal que se destina al pago del personal”.
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Lo que está en juego excede largamente una polémica circunstancial o una pelea de redes sociales. Aquí se expone un mecanismo preocupante: un alto funcionario provincial se vale de registros sensibles, de procedencia nunca aclarada, para montar una operación de desgaste contra una dirigente opositora, amparado en un anonimato tan oportuno como funcional y amplificado por el aparato mediático oficial. No es azar ni torpeza: es un libreto conocido que muestra cómo el poder administra la intimidación desde el Estado.
