A pesar del anuncio de apresurar en un mes el aumento que se hizo efectivo en el mes de marzo, con un 40% que se hará efectivo para el mes de junio, el sueldo de bolsillo del empleado público, está 40 mil pesos por debajo de la canasta básica total, es decir por debajo de la línea de la pobreza.
Locales31/05/2022
leonardo fernández acosta
El gobernador, GIldo Insfrán, anunció esta mañana que debido a la etapa difícil respecto de la economía que atraviesa la sociedad formoseña, “Con el objetivo de sostener el poder adquisitivo de los salarios de los agente de la administración pública provincial y promover su incremento en términos reales, he dispuesto un adelantamiento del cronograma remanente del aumento del 50% acordado para el presente año acordado con las entidades gremiales del sector público, estableciendo nuevos periodos de vigencia y los porcentajes”.
Detalló que se realizará de la siguiente manera. “Aumento del 15% en junio, que se iba a hacer en julio se adelanta para junio, sumando al 25% que ya dimos sumará el 40%. Esta modificación impactará en los montos de la primera cuota del aguinaldo. Un aumento del 10% en agosto, antes estaba previsto para setiembre”.
Se adelantarán los salarios mínimos de bolsillo garantizados a saber, “58.000 pesos en el mes de junio. Antes estaba previsto para el mes de julio. 65.000 pesos para el mes de agosto, antes estaba previsto para el mes de setiembre”.
Respecto del escalafón docente, también se adelantarán los aumentos de puntos índice y salario mínimo de bolsillo para los docentes. Punto índice para junio es 157.125477, antes estaba previsto para julio. Para agosto 172,837989 antes para el mes de setiembre y salario mínimo de bolsillo garantizado, 58.000 para el mes de junio, antes estaba previsto para el mes de julio y 65.000 pesos para el mes de agosto que antes estaba previsto para el mes de setiembre”.
Explicó que el aumento también se extiende a los haberes previsionales de los beneficiarios de la Caja de Previsión Social y beneficiarios del Instituto de Pensiones Sociales, “Esta decisión representa un desembolso extra para el tesoro provincial superior a los 2.150 millones de pesos que sumando a los previstos para cubrir la política salarial ya establecida, totaliza un importe superior a los 23.350 millones para el presente ejercicio fiscal que se destina al pago del personal”.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras los bancos celebran la baja de tasas, un empleado formoseño necesitaría quintuplicar su salario para que un banco siquiera considere su solicitud. La "reactivación" es solo para quienes ya están del lado adentro de la verja.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
