El gobierno de Gildo Insfrán apura los trámites para formalizar los cargos en la Universidad de Laguna Blanca pero no las carreras que hasta ahora no existen y nombra a un hombre del derecho especializado en procedimientos tributarios y con impresionantes antecedentes gerenciales de empresas relacionadas al poder.
Locales11/08/2022
leonardo fernández acosta
Este vienes a las 19 horas se realizará el acto de asunción del Rector de la Universidad Provincial de Formosa en el 6to piso de la casa de gobierno y asumirá en funciones el abogado, Enrique Javier Morales.
Morales es docente de la Facultad de Economía y Negocios de la UNaF, en la cátedra de procedimientos tributarios y formó parte del grupo sedicioso, aparentemente comandado por el vicegobernador de la provincia, Eber Solís, para barrer con los cuerpos colegiados de la alta casa de estudios para apropiarse del Poder, con un resultado desastroso.
De hecho, la creación de la Universidad provincial de Formosa, tiene como uno de sus orígenes precisamente la derrota absoluta al intentar apoderarse de la universidad nacional sin pasar por las urnas.
En consecuencia no sorprende que no se considere en la Ley de creación de esta universidad motorizada por el gobierno, la creación de los cuerpos colegiados y aún sin tener siquiera un planteó transparente de las carreras que allí se van a dictar ya se nombre un rector.
De los antecedentes de Morales puede encontrarse una relación societaria con Aguas de Formosa S.A. Fue vicepresidente del Directorio de la empresa. Tuvo relación con la empresa SINERGIA S. A. ubicada en un predio del Parque Industrial y que aparentemente sería proveedora del estado.
También ocupó el puesto de presidente en otra empresa denominada Tecnoga S.A., que casualmente también estaba situada en el Parque Industrial sumandole otra sociedad en su historial de la empresa Cronos SRL dedicada al rubro inmobiliario.
Parafraseando a la vicepresidenta, Cristna Fernández de Kirchner justificando sus bienes, se trataría de un "exitoso abogado" de 47 años de edad que ahora sería el "Rector" nombrado de la Universidad Provincial de Formosa. Un nombramiento que promete sumar más polémica a la universidad militante sin carreras (por el momento) de Gildo Insfrán.
Un video viral mostró a un inspector municipal exigiendo más de 23 mil pesos a un camionero para permitirle el ingreso a la capital formoseña. La maniobra, avalada por una ordenanza del intendente Jorge Jofré, viola los principios constitucionales sobre libre circulación y desató nuevas denuncias por abuso de poder
La manipulación estadística no sólo es un delito: es una forma de desprecio hacia el bien común. En vez de mejorar la realidad, se la falsifica. En vez de enfrentar los problemas, se los maquilla. Y en ese acto se desnuda algo más profundo: el poder entiende que es más importante que la gente crea que todo está bien, que hacer que realmente lo esté.
En Formosa, el poder ya no gobierna: administra su propio miedo. La decisión del gobierno de Gildo Insfrán de prohibir a las escuelas participar del aniversario de Las Lomitas, solo porque el intendente es opositor, muestra la degradación absoluta de un régimen que perdió toda noción de Estado. En lugar de educar en libertad, se adoctrina en obediencia; en lugar de celebrar una comunidad, se la castiga por pensar distinto. La miseria política se volvió método de control, y la decadencia moral, su marca de identidad.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
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