Según el Índice de Datos Abiertos de Ciudades de Argentina, solo 8 de 50 lugares analizados tienen un alto nivel de datos abiertos (más del 98%), mientras que 30 están por debajo del 50% de calificación. El promedio en el país es de 28%.
Locales27/09/2022
leonardo fernández acosta
Por cuarto año consecutivo se presentó el Índice de Datos Abiertos de Ciudades de Argentina, un trabajo realizado por la Fundación Conocimiento Abierto. La idea se desprende del Global Open Data Index, un relevamiento diseñado metodológicamente por Open Knowledge International que releva el estado de la apertura de datos a nivel países. La Ciudad de Buenos Aires, Bahía Blanca, Olavarría, Mendoza, Godoy Cruz y General Pueyrredón obtuvieron la calificación más alta.
“Cada año, los gobiernos están haciendo más datos disponibles en formatos abiertos”, explicaron desde la Fundación e indicaron que el Índice “rastrea si estos datos se publican de manera accesible para los ciudadanos, los medios de comunicación y la sociedad civil”.
Se miden variables como límites administrativos, presupuesto, compras y contrataciones, gasto público, acceso a la Información Pública, entre otras.
Según remarcaron, el índice permite comparar el estado de los datos abiertos entre los distintos municipios y de esta manera “se alienta a los gobiernos, las administraciones locales, los ciudadanos, los medios de comunicación y la sociedad civil a trabajar para mejorar la calidad y aumentar la cantidad de datos abiertos”.
En su cuarto informe consecutivo se registraron 50 lugares distintos, lo cual dio un porcentaje de apertura de tan solo el 28%. Es que solo 8 obtuvieron más de un 98% de puntuación (CABA, Bahía Blanca, Olavarría, Mendoza, Godoy Cruz, General Pueyrredón, Crespo y Córdoba) y hay 9 con menos de un 10% de puntaje (San Martín, Río Segundo, Pilar, Ezeiza, Santiago del Estero, Ushuaia, La Rioja, San Isidro y Formosa).
“Inicialmente los dataset relevados se ajustaban a los primeros conjuntos de datos más básicos y sencillos porque los municipios estaban comenzando el proceso de apertura”, explicaron desde la fundación. Hoy son 800 conjuntos de datos agrupados en presupuesto de gobierno (gasto gubernamental previsto, no el real), gasto público, obras públicas, compras y contrataciones, funcionarios (lista de nombres con sueldos), límites administrativos, lugares públicos, medio ambiente, ordenanzas, resultados electorales, transporte, declaraciones juradas, pedidos de acceso a la información pública, género y Covid-19.
El conjunto de datos que más se cumple es el de límites administrativos (38%) esto es la información sobre unidades administrativas o áreas definidas para el propósito de administración por el gobierno local. Los que menos se cumplen son la publicación de ordenanzas (20%), de gasto en pauta publicitaria (20%) y de declaraciones juradas (18%).
La provincia forma parte del grupo de 19 jurisdicciones donde el gasto educativo en 2024 fue más bajo que en 2014. También redujo su presupuesto entre 2023 y 2024, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo de los salarios docentes y menor prioridad del área en el gasto total.
El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Formosa explicó que la medida apunta a que quienes más usan y desgastan las calles colaboren en su mantenimiento. Aseguró que no afecta a los vecinos capitalinos y que el sistema se ajustará para evitar demoras.
Un video viral mostró a un inspector municipal exigiendo más de 23 mil pesos a un camionero para permitirle el ingreso a la capital formoseña. La maniobra, avalada por una ordenanza del intendente Jorge Jofré, viola los principios constitucionales sobre libre circulación y desató nuevas denuncias por abuso de poder
La manipulación estadística no sólo es un delito: es una forma de desprecio hacia el bien común. En vez de mejorar la realidad, se la falsifica. En vez de enfrentar los problemas, se los maquilla. Y en ese acto se desnuda algo más profundo: el poder entiende que es más importante que la gente crea que todo está bien, que hacer que realmente lo esté.
En Formosa, el poder ya no gobierna: administra su propio miedo. La decisión del gobierno de Gildo Insfrán de prohibir a las escuelas participar del aniversario de Las Lomitas, solo porque el intendente es opositor, muestra la degradación absoluta de un régimen que perdió toda noción de Estado. En lugar de educar en libertad, se adoctrina en obediencia; en lugar de celebrar una comunidad, se la castiga por pensar distinto. La miseria política se volvió método de control, y la decadencia moral, su marca de identidad.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
La manipulación estadística no sólo es un delito: es una forma de desprecio hacia el bien común. En vez de mejorar la realidad, se la falsifica. En vez de enfrentar los problemas, se los maquilla. Y en ese acto se desnuda algo más profundo: el poder entiende que es más importante que la gente crea que todo está bien, que hacer que realmente lo esté.
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