Según el Índice de Datos Abiertos de Ciudades de Argentina, solo 8 de 50 lugares analizados tienen un alto nivel de datos abiertos (más del 98%), mientras que 30 están por debajo del 50% de calificación. El promedio en el país es de 28%.
Locales27/09/2022
leonardo fernández acosta
Por cuarto año consecutivo se presentó el Índice de Datos Abiertos de Ciudades de Argentina, un trabajo realizado por la Fundación Conocimiento Abierto. La idea se desprende del Global Open Data Index, un relevamiento diseñado metodológicamente por Open Knowledge International que releva el estado de la apertura de datos a nivel países. La Ciudad de Buenos Aires, Bahía Blanca, Olavarría, Mendoza, Godoy Cruz y General Pueyrredón obtuvieron la calificación más alta.
“Cada año, los gobiernos están haciendo más datos disponibles en formatos abiertos”, explicaron desde la Fundación e indicaron que el Índice “rastrea si estos datos se publican de manera accesible para los ciudadanos, los medios de comunicación y la sociedad civil”.
Se miden variables como límites administrativos, presupuesto, compras y contrataciones, gasto público, acceso a la Información Pública, entre otras.
Según remarcaron, el índice permite comparar el estado de los datos abiertos entre los distintos municipios y de esta manera “se alienta a los gobiernos, las administraciones locales, los ciudadanos, los medios de comunicación y la sociedad civil a trabajar para mejorar la calidad y aumentar la cantidad de datos abiertos”.
En su cuarto informe consecutivo se registraron 50 lugares distintos, lo cual dio un porcentaje de apertura de tan solo el 28%. Es que solo 8 obtuvieron más de un 98% de puntuación (CABA, Bahía Blanca, Olavarría, Mendoza, Godoy Cruz, General Pueyrredón, Crespo y Córdoba) y hay 9 con menos de un 10% de puntaje (San Martín, Río Segundo, Pilar, Ezeiza, Santiago del Estero, Ushuaia, La Rioja, San Isidro y Formosa).
“Inicialmente los dataset relevados se ajustaban a los primeros conjuntos de datos más básicos y sencillos porque los municipios estaban comenzando el proceso de apertura”, explicaron desde la fundación. Hoy son 800 conjuntos de datos agrupados en presupuesto de gobierno (gasto gubernamental previsto, no el real), gasto público, obras públicas, compras y contrataciones, funcionarios (lista de nombres con sueldos), límites administrativos, lugares públicos, medio ambiente, ordenanzas, resultados electorales, transporte, declaraciones juradas, pedidos de acceso a la información pública, género y Covid-19.
El conjunto de datos que más se cumple es el de límites administrativos (38%) esto es la información sobre unidades administrativas o áreas definidas para el propósito de administración por el gobierno local. Los que menos se cumplen son la publicación de ordenanzas (20%), de gasto en pauta publicitaria (20%) y de declaraciones juradas (18%).
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras los bancos celebran la baja de tasas, un empleado formoseño necesitaría quintuplicar su salario para que un banco siquiera considere su solicitud. La "reactivación" es solo para quienes ya están del lado adentro de la verja.
La estadística como cortina de humo: Mientras se promociona una tarifa eléctrica baja como "logro social", se oculta que el 90% de los formoseños necesita subsidios crónicos para pagar un servicio básico. El relato oficial celebra la dependencia como si fuera un triunfo, silenciando tres décadas de estancamiento que condenan a la provincia a la asistencia perpetua. El verdadero costo no está en la factura de la luz, sino en la factura política de un sistema que produce pobres para luego exhibir su pobreza como mérito propio.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
Sin la Ley de Lemas, sin sobres y sin miedo suficiente, el reino de Insfrán mostró su verdadera desnudez: un poder sostenido por la pobreza y el silencio que empieza a resquebrajarse. La impunidad sigue, pero el mito se rompió.
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