Mientras el Gobierno vende como “equidad territorial” algunos metros de ripio, pavimento e iluminación para la foto, en paralelo refuerza la verdadera obra estratégica del modelo: la modernización de la oficina recaudadora que, con el nuevo presupuesto y el Código Tributario modificado, le permitirá a la ATP aumentar impuestos a discreción (en Clorinda, una ciudad fundida). Desarrollo para la tribuna, presión fiscal para la gente.
Locales30/12/2025
leonardo fernández acosta
Mientras Gildo Insfrán corta cintas entre luces LED, piedras partidas y placas de bronce, en silencio pone a punto la verdadera obra estratégica del gobierno: la refacción de la Delegación de la Administración Tributaria Provincial en Clorinda (una ciudad fundida comercialmente). El mismo Estado que celebra 300 metros de pavimento como si estuviera lanzando un plan Marshall, se prepara para usar el nuevo presupuesto y la modificación del Código Tributario como una palanca para disparar aumentos de impuestos a discreción.
Es la versión formoseña de la equidad territorial: ripio para el pueblo, herramienta fiscal para la caja.
Porque detrás de los discursos sobre “redistribución con el interior”, el gobierno afila el sistema que le permitirá exprimir cada peso posible a los contribuyentes. Entre enripiados modestos, sendas peatonales cortas y obras que apenas llegan a la categoría de mantenimiento urbano, el Estado optimiza la oficina que, no casualmente, garantiza la recaudación.
En Clorinda, el ritual se repite: primer acto, calle estabilizada con 500 toneladas de piedra; segundo acto, 400 metros de pavimento; tercer acto, 300 metros más con iluminación LED; y cuarto acto, acaso el más importante, pero dicho en voz baja, la refacción integral de la ATP, con entrepisos técnicos, salones de reuniones y sistemas de “gestión eficiente de cobranzas y acreditaciones”.
Qué curioso: cuando se trata de obras públicas, el relato habla de progreso, identidad y comunidad.
Cuando se trata de impuestos, el lenguaje cambia a “optimizar procesos, coordinar rendiciones, garantizar eficacia”.
Traducido: el Estado se moderniza, pero para cobrar mejor.
El gobierno vende como gesta transformadora lo que en cualquier ciudad normal sería mantenimiento urbano básico. Mientras tanto, el músculo administrativo que más importa no es el que pavimenta calles, sino el que perfecciona la capacidad de esquilmar al ciudadano bajo el nuevo esquema fiscal aprobado por la Legislatura.
Ripio para la foto. Senda peatonal para la prensa. Iluminación LED para el discurso del desarrollo. Y en el centro del escenario, aunque se pretenda invisible, la nueva joya del Modelo Formoseño: la oficina de recaudación puesta a punto para cobrar más. Porque en Formosa, la justicia territorial no llega con derechos ni servicios:
llega con impuestos.
Y después, si queda algo… te inauguran 300 metros de pavimento.
La Legislatura aprobó un presupuesto con números exactos, cuadros detallados y rigor técnico de utilería. Pero detrás de la escenografía contable, la ley entrega al Ejecutivo una llave maestra: puede cambiarlo cuando quiera, como quiera y sin dar explicaciones. Un presupuesto rígido en el papel y líquido en la realidad.
El jefe del bloque gildista intentó presentar en la sesión por la aprobación del presupuesto, la falta de debate, la concentración del gasto y la hegemonía política como “normalidad democrática”. En realidad, su discurso es una defensa explícita del poder sin controles, disfrazada de victimismo y falsa superioridad moral.
Con denuncias de “superpoderes”, fondos fiduciarios que “van en contramano del control republicano” y una estructura de gasto que privilegia a la Secretaría General por encima de áreas sociales clave, Juan Carlos Amarilla expuso en el debate del presupuesto un modelo de concentración, oscuridad y manejo discrecional que, afirmó, deja al Legislativo reducido a una formalidad
El razonamiento y la manipulación discursiva del diputado, Jorge Román, borra deliberadamente el concepto de federalismo fiscal, que combina recursos compartidos con responsabilidades compartidas. Pero eso no le sirve al relato: la idea de responsabilidad fiscal choca con el modelo de provincia subsidiada que Román busca blindar.
El lunes 29, la Legislatura aprobará sobre tablas sin lectura previa ni análisis mínimo, un Presupuesto que volverá a ser un dibujo contable, sancionado por una mayoría que ni siquiera habrá tenido tiempo de conocer sus más de mil fojas. En la misma sesión, los legisladores prorrogarán nuevamente la contradictoria Ley de Emergencia Económica, un instrumento que, pese a los supuestos superávits proclamados año tras año, seguirá blindando al Poder Ejecutivo para postergar pagos y administrar discrecionalmente los recursos públicos. Y, como si fuera poco, también se avanzará en la modificación del artículo 65 del Código Fiscal y de los artículos 61 y 63 de la Ley Impositiva, otorgando mayor poder unilateral al Ministerio de Economía y preparando el terreno para un nuevo impuestazo delegado por una Legislatura que se comportará, una vez más, como una escribanía del gobierno.
Otra vez Muracciole intenta vender como ‘éxito económico’ un derrumbe estadísticamente imposible de la pobreza y la indigencia, apoyándose en números oficiales que no resisten ni el análisis histórico ni la realidad cotidiana de Formosa. Vocero técnico de un relato que borra la pobreza en los números mientras la deja intacta en la calle
El lunes 29, la Legislatura aprobará sobre tablas sin lectura previa ni análisis mínimo, un Presupuesto que volverá a ser un dibujo contable, sancionado por una mayoría que ni siquiera habrá tenido tiempo de conocer sus más de mil fojas. En la misma sesión, los legisladores prorrogarán nuevamente la contradictoria Ley de Emergencia Económica, un instrumento que, pese a los supuestos superávits proclamados año tras año, seguirá blindando al Poder Ejecutivo para postergar pagos y administrar discrecionalmente los recursos públicos. Y, como si fuera poco, también se avanzará en la modificación del artículo 65 del Código Fiscal y de los artículos 61 y 63 de la Ley Impositiva, otorgando mayor poder unilateral al Ministerio de Economía y preparando el terreno para un nuevo impuestazo delegado por una Legislatura que se comportará, una vez más, como una escribanía del gobierno.
El razonamiento y la manipulación discursiva del diputado, Jorge Román, borra deliberadamente el concepto de federalismo fiscal, que combina recursos compartidos con responsabilidades compartidas. Pero eso no le sirve al relato: la idea de responsabilidad fiscal choca con el modelo de provincia subsidiada que Román busca blindar.
Con denuncias de “superpoderes”, fondos fiduciarios que “van en contramano del control republicano” y una estructura de gasto que privilegia a la Secretaría General por encima de áreas sociales clave, Juan Carlos Amarilla expuso en el debate del presupuesto un modelo de concentración, oscuridad y manejo discrecional que, afirmó, deja al Legislativo reducido a una formalidad
El jefe del bloque gildista intentó presentar en la sesión por la aprobación del presupuesto, la falta de debate, la concentración del gasto y la hegemonía política como “normalidad democrática”. En realidad, su discurso es una defensa explícita del poder sin controles, disfrazada de victimismo y falsa superioridad moral.
Mientras el oficialismo proclama autonomía, el propio debate revela dependencia estructural: la provincia subsiste con dinero nacional, sube impuestos donde más duele y reparte recursos con desigualdad entre municipios, consolidando un modelo que concentra poder y castiga al trabajador.
