"Pedimos el juicio politico contra el presidente Fernández por atacar el estado de derecho y la Constitución", escribió este martes el legislador en sus redes sociales, y añadió: "el chicaneo barato de picapleitero de ofrecer bonos basura no cambia nada. Las sentencias se cumplen", advirtió el ex juez federal.
Locales28 de diciembre de 2022
leonardo fernández acosta
El diputado nacional por la UCR, Fernando Carbajal, firmó el proyecto presentado por el bloque del radicalismo en la Cámara baja del Congreso de la Nación, para promover juicio político contra el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, “por mal desempeño y eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional”.
“Pedimos el juicio politico contra el presidente Fernández por atacar el estado de derecho y la Constitución”, escribió este martes el legislador en sus redes sociales, y añadió: “el chicaneo barato de picapleitero de ofrecer bonos basura no cambia nada. Las sentencias se cumplen”, advirtió el ex juez federal.
En los fundamentos del proyecto de resolución, los integrantes del bloque radical en Diputados recuerdan que la Constitución Nacional establece en los artículos 53, 59 y 60 el procedimiento de juicio político. “Su objetivo es permitir la remoción de ciertos funcionarios cuando el Congreso de la Nación determine que su conducta encuadra en alguna de las causales prevista en la Carta Magna”, señalan.
Al justificar el pedido, explican que “se trata de una valoración política que hace el Congreso respecto de lo realizado por el funcionario en cuestión respecto de su conducta y del daño producido por ella para los altos intereses del país y de la comunidad”.
En ese sentido, recordaron que el día 21 de diciembre pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló por unanimidad a favor de la CABA en un expediente donde el gobierno de la ciudad autónoma solicitaba su actuación atento a que el gobierno nacional había decidido unilateralmente recortar los montos de coparticipación que le correspondían a aquella.
El máximo Tribunal ordenó en respuesta a la medida cautelar solicitada, que se le devuelva a la Ciudad de Buenos Aires un 2,95% de la coparticipación. Textualmente dijo: "Ordenar que durante la tramitación del proceso el Estado Nacional entregue a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos definida en el artículo 2° de la ley 23.548" de coparticipación federal". Además, a continuación, agregó cómo debería cumplirse tal manda: “Disponer que las transferencias correspondientes a lo dispuesto en el punto resolutivo anterior se realizarán en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina.”
El Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, anoticiado del decisorio judicial, convocó inmediatamente a los gobernadores de su signo político para luego de evaluar iniciar juicio político contra los jueces de la Corte decidir que el gobierno nacional desconozca y no cumpla el fallo dictado por aquella.
En el proyecto de resolución se advierte que “a pesar de la que la Corte advertía en su sentencia que “…corresponde reiterar que la participación aquí discutida de la Ciudad de Buenos Aires en la masa total de recaudación a distribuir no afecta la coparticipación de las provincias”, el Ejecutivo nacional no dudó en tildarlo de “inédito, incongruente y de imposible cumplimiento”, además de sumarse al coro de gobernadores y ministros que tildaban al fallo de unitario, pulverizador del federalismo e inconstitucional en redes sociales y publicaciones oficiales”.
“Las declaraciones del Presidente de la Nación y las decisiones tomadas tienen como objetivo desoír y desobedecer lo ordenado por el máximo Tribunal de justicia de la Argentina. Ese cuya función última, en nuestro sistema republicano de gobierno, es velar por el cumplimiento de la Constitución Nacional”, resaltaron los diputados radicales.
En este sentido, advirtieron que “el accionar del Ejecutivo nacional, una vez más, es temerario y amenazante del estado de derecho que debe regir en la Argentina. Las sentencias de la Corte deben cumplirse, más allá de cuánto pueda estar de acuerdo con ellas la parte perdidosa”, enfatizaron.
El día lunes 26 de diciembre, luego de que el Estado Nacional fuera notificado de la medida cautelar otorgada por la Corte Suprema de Justicia a favor de la CABA, el Presidente informó que iba a acatar la orden judicial, a pesar de seguir considerándola inapropiada y que lo iba a hacer con bonos, a 90 días. Ello a pesar de que la sentencia era clarísima en el sentido que expresaba: “Disponer que las transferencias correspondientes a lo dispuesto en el punto resolutivo anterior se realizarán en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina.”
En este sentido, consideraron que la falta de acatamiento a lo ordenado por la sentencia de la Corte Suprema “persiste pese al dictado de la Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros ya que de la misma se desprende que pretende girarse a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el porcentaje de coparticipación federal de impuestos que como medida cautelar ordenó el Máximo Tribunal con títulos de la deuda pública lo cual implica un apartamiento manifiesto de lo resuelto” por la Corte.
Para el bloque de la UCR en Diputados, “el quiebre institucional y el conflicto de poderes provocado por el accionar del Presidente de la Nación es inaudito y así catalogado por importantes académicos del Derecho y constitucionalistas. Coinciden con que los fallos de la Corte son inapelables, los jueces irrecusables a esta altura del proceso y que su desobediencia conllevaría a la ingobernabilidad siendo indiscutiblemente causal de mal desempeño y aún de comisión de delito”.
Señalaron que “como legisladores debemos delimitar la responsabilidad política del funcionario que incumple con lo establecido en el texto fundamental y además lo hacemos en el convencimiento de que tales acciones conllevan indefectiblemente al deterioro institucional, con consecuencias económicas y sociales gravísimas”.
“El desconocimiento sobre reglas en la Constitución Nacional, quien cataloga como “suprema” a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, demuestra una manifiesta falta de idoneidad en el manejo de la cosa pública, y el Congreso debe debatir la responsabilidad que le cabe al presidente Alberto Fernández por los hechos descritos y abrir su juicio político”, concluye el proyecto del bloque de la UCR.
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