Unidos y organizados: “Hoy aprobamos un presupuesto de 3 mil billones que nadie leyó total mañana lo podemos cambiar entero”

El Presupuesto 2026 volvió a cumplir con el ritual institucional. Se leyó el articulado, se mencionaron cifras solemnes, unos tres billones noventa y ocho mil novecientos veintitrés millones novecientos setenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y uno en erogaciones y tres billones ciento veinticinco mil ciento veintiséis millones ciento noventa y nueve mil en recursos y, como corresponde, las manos se levantaron con la convicción de quien aprueba algo que sabe que no será necesariamente lo que después se ejecute.

Los números están ahí, quietitos, prolijos, ordenados. Dan una sensación de seriedad, de responsabilidad fiscal, de Estado planificador. Pero el verdadero corazón del presupuesto no está en esas cifras, sino en su atributo principal: la elasticidad absoluta. Una elasticidad tan amplia que hace que el presupuesto no funcione como límite, sino como permiso expandible.

Porque la ley no solo autoriza el gasto: autoriza a cambiarlo. Aumentar partidas, reducirlas, crear nuevas, mover fondos, redefinir prioridades, reestructurar organismos, renegociar contratos, asumir deudas, reconfigurar sueldos, modificar estructuras y detalle menor, volver a hacerlo cuantas veces sea necesario. Todo dentro del mismo instrumento que, en teoría, debería fijar el rumbo.

Es un presupuesto, sí. Pero también es un software de edición ilimitada.

La Legislatura hace el gesto solemne de enumerar cargos, horas cátedra, plantas permanentes y temporarias con precisión casi quirúrgica. Después, en la misma norma, le entrega al Ejecutivo un cheque en blanco para reorganizarlo todo sin pasar por el incómodo trámite de explicar sus decisiones. Control republicano de baja intensidad; fiscalización versión decorativa.

Nada personal, pura confianza plena. En nombre de la “dinámica de la gestión”, el presupuesto se transforma en una pieza de ficción técnica, una entelequia cuidadosamente redactada para ser modificada en la práctica. Lo que se vota es un borrador con membrete oficial. Lo que se ejecuta es otra cosa, definida lejos del recinto, sin debate, sin discusión pública y, sobre todo, sin contrapesos reales.

La institucionalidad se queda en la forma. El poder, en cambio, se queda con el fondo.

No es que no existan números: existen, pero no obligan. No es que no haya marco legal: lo hay, pero funciona como puerta giratoria. No es que falte presupuesto: sobra discrecionalidad.

Así, año tras año, el procedimiento se repite. El Parlamento actúa, el Ejecutivo decide. La oposición observa, la mayoría acompaña, y la ciudadanía financia una maquinaria donde el presupuesto es aprobado hoy… y mañana puede ser otro completamente distinto. Eso sí: con las planillas siempre al día. Porque la estética contable, en este modelo, jamás se negocia.

En síntesis, la provincia ya tiene su presupuesto. O, para ser más precisos, tiene la versión inicial de algo que el poder podrá reescribir cuando le resulte conveniente.