La mujer de 34 años se quedó en la calle, con tres hijos y durante una licencia por maternidad. "Lo único que quiero es recuperar mi trabajo que tanto me costó", aseguró.
Locales14/03/2023
leonardo fernández acosta
Oriunda de Formosa, viajó hasta Córdoba para formarse en Gendarmería. Desde esa provincia, Yolanda tuvo la oportunidad de ser trasladada hacia la Ciudad de Buenos Aires, donde comenzó a trabajar en el área de Seguridad y Custodia del Edificio Centinela. En 2015, conoció a un compañero identificado con las siglas C. S., que intentó abusar de ella en una de las guardias.
Estábamos en una guardia y ahí fue cuando intentó abusar de mí. Él era mi jefe porque estaba hace más años que yo y era mi superior. Cuando decidí denunciarlo públicamente, comenzaron a maltratarme, a perseguirme y a descreerme", contó la mujer.
"Me dejaron en la calle con mi hija recién nacida y mis otras dos nenas. A veces tenía que ir a revolver la basura de las verdulerías para juntar comida, otras mis compañeras de Gendarmería me daban lo que sobrada de las viandas. Es terrible como estoy viviendo", agregó.
"En ese momento estaba con licencia por maternidad, con tratamiento psicológico y no les importó nada. Ahora estoy viviendo en un local, cobrando un plan, pero yo lo único que quiero es que me devuelvan mi trabajo, que tanto me costó entrar", dijo Yolanda con angustia.
Sin ayuda estatal, ni privada
Después de 4 años de la primera denuncia, Yolanda recorrió todas las fiscalías de la Ciudad, golpeó puertas de ministerios, llamó al 144, y hasta trató de comunicarse con el Ministerio de Mujeres, pero nadie la ayudó.
La mujer también denunció al comandante superior que estaba a cargo de los gendarmes cuando sucedieron los abusos, pero lo único que hicieron fue darla de baja del sistema, sin indemnización ni oportunidad para desempeñarse en su profesión.
"Lo denuncié por persecución laboral, daños y perjuicios, porque cuando les conté que me habían intentado abusar no me creyeron y comenzaron a maltratarme. Ejercieron violencia de género laboral sobre mí. Me hicieron la vida imposible. Y me echaron con la excusa de que yo había faltado mucho, pero la realidad es que faltaba porque estaba con licencia psiquiátrica después del terrible momento que pasé. Estuve muchos años muy mal, me agarró un estado depresivo tremendo", contó.
Tras la denuncia contra su superior, S. C. fue trasladado a Formosa. "Lo más triste es que este hombre está cobrando un sueldo todavía porque lo pasaron a disponibilidad, pero no por mi denuncia, sino por otro hecho en el que abusó de una menor en 2021″, reveló Yolanda.
Ahora, la gendarme vive con su pareja en un pequeño local que alquilan en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas. "Me dejaron sin la posibilidad de darle un techo digno a mis tres hijas, sin un peso. Para colmo, no tengo plata para poner un abogado que pueda ayudarme a avanzar con las denuncias", explicó.
Por eso, Yolanda trató de buscar asesoría por medio del Gobierno. "Me recorrí toda la ciudad, llamé al 144, traté de hablar con la gente del Ministerio de Seguridad, pero nadie me podía asesorar porque era ir contra el Estado. Parece que yo no tengo ningún tipo de derecho y tengo que hacer como que no pasó nada", cerró.
Más destrato de la Justicia
Yolanda radicó una última denuncia en la fiscalía 54 de Talcahuano, el 28 de febrero de este año. "Yo quiero denunciar a mis jefes porque me despidieron cuando yo estaba con licencia por maternidad y con tratamiento psicológico y psiquiátrico", describe el documento al que accedió TN.
A pesar de que le tomaron la declaración, en la misma no detallaron los nombres de los denunciados y la causa quedó archivada por "inexistencia de delito", según la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
"Me tomaron el pelo, porque yo le di los datos de los denunciados. En el papel pusieron como que no me acordaba. Cómo no me voy a acordar de quien me abusó y me maltrató. Es una locura", sostuvo Yolanda.
Ahora espera que la Justicia actúe con todo el peso de la ley contra estas personas que la hicieron vivir un calvario, pero que hasta el momento siguen en sus cargos, mientras ella se las rebusca para seguir adelante. Fuente (TN)
Un cadáver pasó inadvertido durante una semana; una acusada de grooming fue detenida en 24 horas. La desigual rapidez del Estado desnuda que el problema nunca fue la capacidad operativa, sino dónde decide aplicarla.
Mientras Formosa intenta justificar un repunte “estacional” en pleno calor y atribuye el brote a falta de vacunas, el ministro correntino Ricardo Cardozo lo desmiente de plano: en su provincia no hay brote, no faltan dosis y el Covid casi no circula. El contraste deja al descubierto que el problema no es epidemiológico, sino narrativo.
El subjefe policial Rubén Mauri, quien habría sido designado sin carrera ni antecedentes y tras el retiro forzado de comisarios más antiguos, reapareció en la reunión del Norte Grande junto a Insfrán mientras en la provincia crecen el robo de motos, el narcomenudeo y la falta total de estadísticas de seguridad. Su presencia política expone, otra vez, que en Formosa la Policía responde más al poder que a la ciudadanía.
Hay una diferencia abismal entre la protesta legítima y la intimidación mafiosa. Entre el reclamo con argumentos y la imposición por la fuerza. Lo que hemos presenciado en las puertas del Concejo Deliberante con el acoso al concejal Evans es el triste espectáculo de quienes, queriendo aparentar ser actores sociales, no pueden disimular su esencia de patota.
Mientras crecen los actos de vandalismo, las picadas nocturnas y la ausencia policial, los vecinos hablan de una “zona liberada” en la única ciudad que gobierna la oposición. Todo ocurre en un contexto donde el gildismo ve a Atilio Basualdo como una amenaza real para la sucesión provincial y estaría dispuesto a dejar que Las Lomitas se deteriore antes que permitirle consolidar poder.
En una de las fronteras más calientes del país, el gildismo impulsa a una magistrada sin trayectoria mientras la diputada Gabriela Neme expone una red estatal que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y manipulado expedientes.
Entre sorpresas fingidas y comparaciones forzadas, Zabala volvió a confirmar que en Formosa la Fiscalía de Estado funciona menos como un órgano de control que como una oficina jurídica del patrón de siempre: Gildo Insfrán.
Hay una diferencia abismal entre la protesta legítima y la intimidación mafiosa. Entre el reclamo con argumentos y la imposición por la fuerza. Lo que hemos presenciado en las puertas del Concejo Deliberante con el acoso al concejal Evans es el triste espectáculo de quienes, queriendo aparentar ser actores sociales, no pueden disimular su esencia de patota.
El subjefe policial Rubén Mauri, quien habría sido designado sin carrera ni antecedentes y tras el retiro forzado de comisarios más antiguos, reapareció en la reunión del Norte Grande junto a Insfrán mientras en la provincia crecen el robo de motos, el narcomenudeo y la falta total de estadísticas de seguridad. Su presencia política expone, otra vez, que en Formosa la Policía responde más al poder que a la ciudadanía.
Mientras Formosa intenta justificar un repunte “estacional” en pleno calor y atribuye el brote a falta de vacunas, el ministro correntino Ricardo Cardozo lo desmiente de plano: en su provincia no hay brote, no faltan dosis y el Covid casi no circula. El contraste deja al descubierto que el problema no es epidemiológico, sino narrativo.
Un cadáver pasó inadvertido durante una semana; una acusada de grooming fue detenida en 24 horas. La desigual rapidez del Estado desnuda que el problema nunca fue la capacidad operativa, sino dónde decide aplicarla.
