La madre de Luis, Susana Ruíz, intentó intervenir para proteger a su hijo, pero fue amenazada por Caldera, quien le dijo: "Andá a denunciarme, te voy a mandar a la brigada para que te maten como perro".
Locales11/04/2023
leonardo fernández acosta
El domingo 2 de abril, alrededor de las 00:00 horas, el Intendente Antonio Caldera, en aparente estado de ebriedad, agredió brutalmente al joven Luis Delgado, de 16 años y empleado de la municipalidad en la localidad de Los Chiriguanos. El incidente tuvo lugar en la plazoleta del pueblo, donde el funcionario acusó a Delgado de haber robado en su domicilio personal en febrero.
Según testigos, la discusión entre Caldera y Delgado duró apenas unos minutos antes de que el Intendente comenzara a golpear al menor. La madre de Luis, Susana Ruíz, intentó intervenir para proteger a su hijo, pero fue amenazada por Caldera, quien le dijo: "Andá a denunciarme, te voy a mandar a la brigada para que te maten como perro".
Tras el altercado, Susana y su hijo acudieron a la comisaría de Los Chiriguanos para denunciar el ataque, pero la policía local se negó a tomar la denuncia. Finalmente, tuvieron que trasladarse a la localidad vecina de Ingeniero Juárez para realizar la denuncia penal. La madre de la víctima, Susana, expresó su decepción y enojo con el Intendente Caldera: "Yo ponía las manos en el fuego por Antonio. Nosotros le tapamos cantidad de cagadas, nos callamos mucho y lo defendíamos a muerte, pero lo que le hizo a mi hijo no se lo voy a perdonar nunca".
Luego de los golpes, el joven ingresó al centro de salud de Los Chiriguanos alrededor de las 01:30 hs para luego ser derivado al hospital de Ingeniero Juárez, ingresando aproximadamente a las 02:30 hs y recibiendo el alta médica cerca de las 11:00 hs. Hasta el momento, no se han hecho públicas las acciones que tomará la justicia. Sin embargo, el caso ha generado indignación en la comunidad y se espera que se investiguen tanto la agresión como las amenazas proferidas por el funcionario.
Este caso pone en evidencia la vulnerabilidad de los trabajadores informales y menores de edad en la administración pública, un flagelo que crece a lo largo y ancho de la provincia. Se espera que este incidente genere un debate en torno a la protección y el respeto de los derechos de estos empleados.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras los bancos celebran la baja de tasas, un empleado formoseño necesitaría quintuplicar su salario para que un banco siquiera considere su solicitud. La "reactivación" es solo para quienes ya están del lado adentro de la verja.
La estadística como cortina de humo: Mientras se promociona una tarifa eléctrica baja como "logro social", se oculta que el 90% de los formoseños necesita subsidios crónicos para pagar un servicio básico. El relato oficial celebra la dependencia como si fuera un triunfo, silenciando tres décadas de estancamiento que condenan a la provincia a la asistencia perpetua. El verdadero costo no está en la factura de la luz, sino en la factura política de un sistema que produce pobres para luego exhibir su pobreza como mérito propio.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
Sin la Ley de Lemas, sin sobres y sin miedo suficiente, el reino de Insfrán mostró su verdadera desnudez: un poder sostenido por la pobreza y el silencio que empieza a resquebrajarse. La impunidad sigue, pero el mito se rompió.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
