Entre sorpresas fingidas y comparaciones forzadas, Zabala volvió a confirmar que en Formosa la Fiscalía de Estado funciona menos como un órgano de control que como una oficina jurídica del patrón de siempre: Gildo Insfrán.
Con la Corte Suprema dispuesta a tratar la reelección indefinida en Formosa y esperando el descargo del gobierno provincial, los abogados patrocinantes dejaron vencer los plazos y la causa podría entrar en un callejón sin salida.
Insfrán se apunta un poroto gracias a la impericia o la negligencia de los abogados partes que debían promover cada uno de los procesos y no lo hicieron. La falta de notificación sería exclusiva responsabilidad de los letrados patrocinantes.
Descartó que pueda conseguir los 2/3 para llegar a la Corte. Reiteró sus cuestionamientos a la designación del juez federal en el Tribunal Superior, asegurando que con su postura busca “cuidar” al presidente.
Además Gabriela Neme insistió en su propuesta de la intervención de la Justicia Provincial de Formosa teniendo en cuenta que otro fragmento del fallo sobre la provincia de San Juan, la Corte Suprema menciona "La influencia en la composición del poder judicial local y de los órganos de control, el manejo de los fondos públicos, el control de la agenda política y legislativa, entre otros factores, tal como se dijo en los considerandos anteriores, se traduce en una significativa concentración de poder que erosiona la separación de poderes y rompe las ‘condiciones generales de igualdad’".
Lejos de ser el principal problema de los intendentes sumisos al gildismo, el dinero para la campaña pasa a un segundo plano, cuando caen en la cuenta (aquellos que han averiguado) que pueden correr la misma suerte de impugnación, que el compañero conductor, Gildo Insfrán.
Estimaron que la Corte podría rechazarlo "in limine" y sería dentro de lo malo, lo mejor que podría pasar, pero si le da cabida y lo rechaza por motivos de fondo o carecer de sustancia generaría un precedente muy complicado. "No hay agravio concreto y la Corte no se expide en términos generales" afirmaron algunos abogados.
Ante las presentaciones que se van a realizar en la Corte Suprema por la candidatura al octavo mandato de Insfrán, el Dr. en Ciencias Jurídicas, fue tajante al afirmar que no alcanza solo con la impugnación al cargo sino de la misma Constitución Provincial.
En la provincia “más barata” del país, el salario promedio del empleado público no alcanza para vivir: llenar el changuito exige destinar todo el sueldo a alimentos, dejando afuera alquiler, servicios y transporte. Por eso, el changuito completo no existe: se compra menos, se recorta y se sobrevive.
Lo que está en juego excede largamente una polémica circunstancial o una pelea de redes sociales. Aquí se expone un mecanismo preocupante: un alto funcionario provincial se vale de registros sensibles, de procedencia nunca aclarada, para montar una operación de desgaste contra una dirigente opositora, amparado en un anonimato tan oportuno como funcional y amplificado por el aparato mediático oficial. No es azar ni torpeza: es un libreto conocido que muestra cómo el poder administra la intimidación desde el Estado.
La detención de un ex concejal de Pirané con cinco kilos de marihuana, cocaína y dinero en efectivo no puede ser presentada como un problema de adicciones ni como un drama familiar. Se trata de un caso de narcotráfico que involucra a una figura pública y que tiene consecuencias políticas directas para su padre, ex intendente y actual referente de La Libertad Avanza, que intenta correr el eje del hecho hacia la victimización personal para diluir responsabilidades institucionales.
La coparticipación es el arma de castigo de Insfrán: en su Formosa, un ciudadano de un municipio leal vale nueve veces más que uno de un pueblo disidente. No es gestión, es venganza política. La lealtad se paga con el hambre ajeno.
Detrás del "Modelo Formoseño", un esquema de capitalismo de amigos: el Estado como socio oculto y garante de negocios presentados como privados en donde REFSA funciona más como una caja política y un operador financiero opaco que como una empresa al servicio del bienestar público.
