En el hospital central, le comunicaron a un enfermero emblemático de emergencias de muchos años de desempeño laboral comprometido, que había tenido algunas publicaciones favorables a la campaña de Milei. De la misma manera ocurrió con algunos enfermeros que se desempeñaban en el área de quirófanos.
Locales02/01/2024
leonardo fernández acosta
Personal contratado, algunos con algunos años y otros con más de diez años de servicio en varios hospitales, fueron llamados para comunicarles que prescindirían de sus servicios y que no renovarían sus contratos. Los afectados tienen cinco días para reclamar formalmente.
El Ministerio de Desarrollo Humano, comunicó a empleados contratados y jornalizados que a partir de este año, prescindirían de sus servicios y a través de los encargados de personal, la comunicación llegó verbalmente.
Según manifestó la diputada provincial por Nuevo País, Gabriela Neme, “Si al personal de la provincia por la Ley 787 de la Carrera Sanitaria, le renuevan dos veces el contrato, deberían pasar a ser empleados de planta permanente y aquellos que hayan sido desplazados de su lugar de trabajo tienen cinco días para hacer los reclamos correspondientes”.
Los despidos se dieron en el Hospital Distrital N° 8, en el Interdistrital Evita y en el Hospital Central, con la particularidad que se trata de personas que no demostraron en la campaña de Insfrán la suficiente lealtad a la causa.
De hecho, hay médicos con 12 años de desempeño y jornalizados en esa misma cantidad de años y enfermeros con la misma o mayor cantidad de años en hospitales, considerados irreemplazables.
En el hospital central, le comunicaron a un enfermero emblemático de emergencias de muchos años de desempeño laboral comprometido, que había tenido algunas publicaciones favorables a la campaña de Milei. De la misma manera ocurrió con algunos enfermeros que se desempeñaban en el área de quirófanos.
Este miércoles, la diputada Neme, invitó a todos los que se animen a acercarse a su estudio jurídico para formalizar los planteos ante la violación de la Ley de la Carrera Sanitaria.
Muracciole exhibe como un acto épico del gobierno formoseño el pago del FONID, la conectividad y la garantía salarial con fondos propios, pero omite un dato básico: todas las provincias tuvieron que absorber los recortes nacionales. Presentarlo como una excepcionalidad es parte del relato, no de la realidad.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
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De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
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El fallecimiento de Marcos Godoy, un joven de Villafañe que murió en circunstancias aún no esclarecidas, quedó en manos del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº4 de Marcelo Picabea, el mismo que tramita la causa por el femicidio de Xiomara Portillo. Pese a las pruebas, los testimonios y los vínculos políticos señalados por la familia, el expediente no avanza porque se trataría de un sobrino del dirigente sindical, Hilario Martínez.
