En el hospital central, le comunicaron a un enfermero emblemático de emergencias de muchos años de desempeño laboral comprometido, que había tenido algunas publicaciones favorables a la campaña de Milei. De la misma manera ocurrió con algunos enfermeros que se desempeñaban en el área de quirófanos.
Locales02/01/2024
leonardo fernández acosta
Personal contratado, algunos con algunos años y otros con más de diez años de servicio en varios hospitales, fueron llamados para comunicarles que prescindirían de sus servicios y que no renovarían sus contratos. Los afectados tienen cinco días para reclamar formalmente.
El Ministerio de Desarrollo Humano, comunicó a empleados contratados y jornalizados que a partir de este año, prescindirían de sus servicios y a través de los encargados de personal, la comunicación llegó verbalmente.
Según manifestó la diputada provincial por Nuevo País, Gabriela Neme, “Si al personal de la provincia por la Ley 787 de la Carrera Sanitaria, le renuevan dos veces el contrato, deberían pasar a ser empleados de planta permanente y aquellos que hayan sido desplazados de su lugar de trabajo tienen cinco días para hacer los reclamos correspondientes”.
Los despidos se dieron en el Hospital Distrital N° 8, en el Interdistrital Evita y en el Hospital Central, con la particularidad que se trata de personas que no demostraron en la campaña de Insfrán la suficiente lealtad a la causa.
De hecho, hay médicos con 12 años de desempeño y jornalizados en esa misma cantidad de años y enfermeros con la misma o mayor cantidad de años en hospitales, considerados irreemplazables.
En el hospital central, le comunicaron a un enfermero emblemático de emergencias de muchos años de desempeño laboral comprometido, que había tenido algunas publicaciones favorables a la campaña de Milei. De la misma manera ocurrió con algunos enfermeros que se desempeñaban en el área de quirófanos.
Este miércoles, la diputada Neme, invitó a todos los que se animen a acercarse a su estudio jurídico para formalizar los planteos ante la violación de la Ley de la Carrera Sanitaria.
Mientras Formosa intenta justificar un repunte “estacional” en pleno calor y atribuye el brote a falta de vacunas, el ministro correntino Ricardo Cardozo lo desmiente de plano: en su provincia no hay brote, no faltan dosis y el Covid casi no circula. El contraste deja al descubierto que el problema no es epidemiológico, sino narrativo.
El subjefe policial Rubén Mauri, quien habría sido designado sin carrera ni antecedentes y tras el retiro forzado de comisarios más antiguos, reapareció en la reunión del Norte Grande junto a Insfrán mientras en la provincia crecen el robo de motos, el narcomenudeo y la falta total de estadísticas de seguridad. Su presencia política expone, otra vez, que en Formosa la Policía responde más al poder que a la ciudadanía.
Hay una diferencia abismal entre la protesta legítima y la intimidación mafiosa. Entre el reclamo con argumentos y la imposición por la fuerza. Lo que hemos presenciado en las puertas del Concejo Deliberante con el acoso al concejal Evans es el triste espectáculo de quienes, queriendo aparentar ser actores sociales, no pueden disimular su esencia de patota.
Mientras crecen los actos de vandalismo, las picadas nocturnas y la ausencia policial, los vecinos hablan de una “zona liberada” en la única ciudad que gobierna la oposición. Todo ocurre en un contexto donde el gildismo ve a Atilio Basualdo como una amenaza real para la sucesión provincial y estaría dispuesto a dejar que Las Lomitas se deteriore antes que permitirle consolidar poder.
En una de las fronteras más calientes del país, el gildismo impulsa a una magistrada sin trayectoria mientras la diputada Gabriela Neme expone una red estatal que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y manipulado expedientes.
Entre sorpresas fingidas y comparaciones forzadas, Zabala volvió a confirmar que en Formosa la Fiscalía de Estado funciona menos como un órgano de control que como una oficina jurídica del patrón de siempre: Gildo Insfrán.
El tablero político de Formosa sumó un nuevo capítulo tras el dictamen del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, quien reconoció la competencia originaria de la Corte Suprema para intervenir en la causa que cuestiona la habilitación de una nueva reelección del gobernador Gildo Insfrán. Con ese aval, los jueces del máximo tribunal deberán analizar la validez de la reforma constitucional que permitió —otra vez— que el histórico mandatario quede habilitado para intentar seguir en el poder.
En una de las fronteras más calientes del país, el gildismo impulsa a una magistrada sin trayectoria mientras la diputada Gabriela Neme expone una red estatal que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y manipulado expedientes.
Mientras crecen los actos de vandalismo, las picadas nocturnas y la ausencia policial, los vecinos hablan de una “zona liberada” en la única ciudad que gobierna la oposición. Todo ocurre en un contexto donde el gildismo ve a Atilio Basualdo como una amenaza real para la sucesión provincial y estaría dispuesto a dejar que Las Lomitas se deteriore antes que permitirle consolidar poder.
Hay una diferencia abismal entre la protesta legítima y la intimidación mafiosa. Entre el reclamo con argumentos y la imposición por la fuerza. Lo que hemos presenciado en las puertas del Concejo Deliberante con el acoso al concejal Evans es el triste espectáculo de quienes, queriendo aparentar ser actores sociales, no pueden disimular su esencia de patota.
Mientras Formosa intenta justificar un repunte “estacional” en pleno calor y atribuye el brote a falta de vacunas, el ministro correntino Ricardo Cardozo lo desmiente de plano: en su provincia no hay brote, no faltan dosis y el Covid casi no circula. El contraste deja al descubierto que el problema no es epidemiológico, sino narrativo.
