En el hospital central, le comunicaron a un enfermero emblemático de emergencias de muchos años de desempeño laboral comprometido, que había tenido algunas publicaciones favorables a la campaña de Milei. De la misma manera ocurrió con algunos enfermeros que se desempeñaban en el área de quirófanos.
Locales02/01/2024
leonardo fernández acosta
Personal contratado, algunos con algunos años y otros con más de diez años de servicio en varios hospitales, fueron llamados para comunicarles que prescindirían de sus servicios y que no renovarían sus contratos. Los afectados tienen cinco días para reclamar formalmente.
El Ministerio de Desarrollo Humano, comunicó a empleados contratados y jornalizados que a partir de este año, prescindirían de sus servicios y a través de los encargados de personal, la comunicación llegó verbalmente.
Según manifestó la diputada provincial por Nuevo País, Gabriela Neme, “Si al personal de la provincia por la Ley 787 de la Carrera Sanitaria, le renuevan dos veces el contrato, deberían pasar a ser empleados de planta permanente y aquellos que hayan sido desplazados de su lugar de trabajo tienen cinco días para hacer los reclamos correspondientes”.
Los despidos se dieron en el Hospital Distrital N° 8, en el Interdistrital Evita y en el Hospital Central, con la particularidad que se trata de personas que no demostraron en la campaña de Insfrán la suficiente lealtad a la causa.
De hecho, hay médicos con 12 años de desempeño y jornalizados en esa misma cantidad de años y enfermeros con la misma o mayor cantidad de años en hospitales, considerados irreemplazables.
En el hospital central, le comunicaron a un enfermero emblemático de emergencias de muchos años de desempeño laboral comprometido, que había tenido algunas publicaciones favorables a la campaña de Milei. De la misma manera ocurrió con algunos enfermeros que se desempeñaban en el área de quirófanos.
Este miércoles, la diputada Neme, invitó a todos los que se animen a acercarse a su estudio jurídico para formalizar los planteos ante la violación de la Ley de la Carrera Sanitaria.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
El Gobierno nacional dejó afuera a Formosa de la mesa de negociaciones y lanzó un mensaje directo: solo recibirán fondos y avales los gobernadores que ajustaron sus cuentas. “No es lo mismo lo que hizo Frigerio que lo que pudo haber hecho Gildo”, admiten en la Casa Rosada. La comparación exhibe el lugar que el mileísmo le asigna a la provincia: lejos del reparto y aún más lejos de la consideración política.
Un cadáver pasó inadvertido durante una semana; una acusada de grooming fue detenida en 24 horas. La desigual rapidez del Estado desnuda que el problema nunca fue la capacidad operativa, sino dónde decide aplicarla.
Mientras Formosa intenta justificar un repunte “estacional” en pleno calor y atribuye el brote a falta de vacunas, el ministro correntino Ricardo Cardozo lo desmiente de plano: en su provincia no hay brote, no faltan dosis y el Covid casi no circula. El contraste deja al descubierto que el problema no es epidemiológico, sino narrativo.
El subjefe policial Rubén Mauri, quien habría sido designado sin carrera ni antecedentes y tras el retiro forzado de comisarios más antiguos, reapareció en la reunión del Norte Grande junto a Insfrán mientras en la provincia crecen el robo de motos, el narcomenudeo y la falta total de estadísticas de seguridad. Su presencia política expone, otra vez, que en Formosa la Policía responde más al poder que a la ciudadanía.
Un cadáver pasó inadvertido durante una semana; una acusada de grooming fue detenida en 24 horas. La desigual rapidez del Estado desnuda que el problema nunca fue la capacidad operativa, sino dónde decide aplicarla.
El Gobierno nacional dejó afuera a Formosa de la mesa de negociaciones y lanzó un mensaje directo: solo recibirán fondos y avales los gobernadores que ajustaron sus cuentas. “No es lo mismo lo que hizo Frigerio que lo que pudo haber hecho Gildo”, admiten en la Casa Rosada. La comparación exhibe el lugar que el mileísmo le asigna a la provincia: lejos del reparto y aún más lejos de la consideración política.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
