Firmaron la denuncia, además de Carbajal, los diputados Pedro Galimberti (Entre Ríos), Jorge Rizzotti (Jujuy), Juan Carlos Polini (Chaco), Manuel Aguirre (Corrientes), Julio César Cobos (Mendoza) Rodrigo de Loredo (Córdoba), Karina Banfi (Buenos Aires), Natalia Sarapura (Jujuy) y Martín Tetaz (CABA).
Locales14/02/2024
leonardo fernández acosta
El diputado nacional de la UCR, Fernando Carbajal, solicitó a la justicia federal que cite al Presidente Javier Milei para que declare como testigo del presunto cobro y pago de sobornos que el propio jefe de estado denunció públicamente en distintas entrevistas a medios de prensa nacionales.
El legislador nacional por Formosa, junto a otros diputados nacionales, fundamentó su pedido en los propios dichos del primer mandatario nacional para denunciar la presunta comisión de cohecho activo y pasivo.
Carbajal explicó que lo que se pretende con esta instancia judicial es que el presidente diga quiénes pagaron estos supuestos sobornos y a qué legisladores.
La denuncia penal fue presentada ante la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal e involucra a distintos legisladores nacionales de todos los partidos políticos del país y ofrece como testigo al Presidente Milei.
Como prueba, Carbajal y los demás legisladores entregaron a la Cámara una lista de distintas publicaciones periodísticas en las que Milei denunció la comisión de los delitos cohecho activo y pasivo, penalizados gravemente.
Los denunciantes solicitaron concretamente a la Justicia que Javier Milei revele los nombres de los legisladores que habrían percibido sobornos y los nombres de quiénes habrían pagado dichos sobornos.
Tambiénb piden que el jefe de Estado aporte los indicios y pruebas que otorguen base a la información que provea, indicando en su caso las fuentes de información de las cuales se ha valido.
Firmaron la denuncia, además de Carbajal, los diputados Pedro Galimberti (Entre Ríos), Jorge Rizzotti (Jujuy), Juan Carlos Polini (Chaco), Manuel Aguirre (Corrientes), Julio César Cobos (Mendoza) Rodrigo de Loredo (Córdoba), Karina Banfi (Buenos Aires), Natalia Sarapura (Jujuy) y Martín Tetaz (CABA).
Estos son algunos de los hechos ofrecidos como prueba por los diputados nacionales a la Justicia Federal de la Nación.
- Un momento de una entrevista televisiva a Milei, ya abierta la polémica político-legislativa por el DNU 70 lanzado a inicios de su gestión: "Las primeras declaraciones en este sentido corresponden al año 2023, oportunidad en la cual en un programa de televisión del Canal LN+, en relación al cuestionamiento político al dictado del Decreto 70/2023, el presidente afirmó que “A ésos que les gusta tanto la discusión y discutir la coma y todo eso es porque están buscando coimas. Cuidado. Este DNU apunta contra los corruptos. Hay mucho vivillo y delincuente dando vuelta”
- Una entrevista con el periodista Marcelo Bonelli, en Radio Mitre, donde el Primer Mandatario sostuvo: “Los que hablan de consenso son unos corruptos. Viva el consenso es viva la corrupción, viva el toma y daca, viva la entrega de cargos a cambio de plata. Esto no debería sorprendernos. Ya en algún momento, algún diputado del radicalismo me amenazó con que si quería sacar las leyes tenía que entregar cargos y favores a la política. Nosotros no estamos dispuestos a hacer política de esa manera mugrosa, de esa manera perversa, donde se hacen negocios”.
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La estadística como cortina de humo: Mientras se promociona una tarifa eléctrica baja como "logro social", se oculta que el 90% de los formoseños necesita subsidios crónicos para pagar un servicio básico. El relato oficial celebra la dependencia como si fuera un triunfo, silenciando tres décadas de estancamiento que condenan a la provincia a la asistencia perpetua. El verdadero costo no está en la factura de la luz, sino en la factura política de un sistema que produce pobres para luego exhibir su pobreza como mérito propio.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
Sin la Ley de Lemas, sin sobres y sin miedo suficiente, el reino de Insfrán mostró su verdadera desnudez: un poder sostenido por la pobreza y el silencio que empieza a resquebrajarse. La impunidad sigue, pero el mito se rompió.
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Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
