Firmaron la denuncia, además de Carbajal, los diputados Pedro Galimberti (Entre Ríos), Jorge Rizzotti (Jujuy), Juan Carlos Polini (Chaco), Manuel Aguirre (Corrientes), Julio César Cobos (Mendoza) Rodrigo de Loredo (Córdoba), Karina Banfi (Buenos Aires), Natalia Sarapura (Jujuy) y Martín Tetaz (CABA).
Locales14/02/2024
leonardo fernández acosta
El diputado nacional de la UCR, Fernando Carbajal, solicitó a la justicia federal que cite al Presidente Javier Milei para que declare como testigo del presunto cobro y pago de sobornos que el propio jefe de estado denunció públicamente en distintas entrevistas a medios de prensa nacionales.
El legislador nacional por Formosa, junto a otros diputados nacionales, fundamentó su pedido en los propios dichos del primer mandatario nacional para denunciar la presunta comisión de cohecho activo y pasivo.
Carbajal explicó que lo que se pretende con esta instancia judicial es que el presidente diga quiénes pagaron estos supuestos sobornos y a qué legisladores.
La denuncia penal fue presentada ante la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal e involucra a distintos legisladores nacionales de todos los partidos políticos del país y ofrece como testigo al Presidente Milei.
Como prueba, Carbajal y los demás legisladores entregaron a la Cámara una lista de distintas publicaciones periodísticas en las que Milei denunció la comisión de los delitos cohecho activo y pasivo, penalizados gravemente.
Los denunciantes solicitaron concretamente a la Justicia que Javier Milei revele los nombres de los legisladores que habrían percibido sobornos y los nombres de quiénes habrían pagado dichos sobornos.
Tambiénb piden que el jefe de Estado aporte los indicios y pruebas que otorguen base a la información que provea, indicando en su caso las fuentes de información de las cuales se ha valido.
Firmaron la denuncia, además de Carbajal, los diputados Pedro Galimberti (Entre Ríos), Jorge Rizzotti (Jujuy), Juan Carlos Polini (Chaco), Manuel Aguirre (Corrientes), Julio César Cobos (Mendoza) Rodrigo de Loredo (Córdoba), Karina Banfi (Buenos Aires), Natalia Sarapura (Jujuy) y Martín Tetaz (CABA).
Estos son algunos de los hechos ofrecidos como prueba por los diputados nacionales a la Justicia Federal de la Nación.
- Un momento de una entrevista televisiva a Milei, ya abierta la polémica político-legislativa por el DNU 70 lanzado a inicios de su gestión: "Las primeras declaraciones en este sentido corresponden al año 2023, oportunidad en la cual en un programa de televisión del Canal LN+, en relación al cuestionamiento político al dictado del Decreto 70/2023, el presidente afirmó que “A ésos que les gusta tanto la discusión y discutir la coma y todo eso es porque están buscando coimas. Cuidado. Este DNU apunta contra los corruptos. Hay mucho vivillo y delincuente dando vuelta”
- Una entrevista con el periodista Marcelo Bonelli, en Radio Mitre, donde el Primer Mandatario sostuvo: “Los que hablan de consenso son unos corruptos. Viva el consenso es viva la corrupción, viva el toma y daca, viva la entrega de cargos a cambio de plata. Esto no debería sorprendernos. Ya en algún momento, algún diputado del radicalismo me amenazó con que si quería sacar las leyes tenía que entregar cargos y favores a la política. Nosotros no estamos dispuestos a hacer política de esa manera mugrosa, de esa manera perversa, donde se hacen negocios”.
La provincia forma parte del grupo de 19 jurisdicciones donde el gasto educativo en 2024 fue más bajo que en 2014. También redujo su presupuesto entre 2023 y 2024, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo de los salarios docentes y menor prioridad del área en el gasto total.
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La manipulación estadística no sólo es un delito: es una forma de desprecio hacia el bien común. En vez de mejorar la realidad, se la falsifica. En vez de enfrentar los problemas, se los maquilla. Y en ese acto se desnuda algo más profundo: el poder entiende que es más importante que la gente crea que todo está bien, que hacer que realmente lo esté.
En Formosa, el poder ya no gobierna: administra su propio miedo. La decisión del gobierno de Gildo Insfrán de prohibir a las escuelas participar del aniversario de Las Lomitas, solo porque el intendente es opositor, muestra la degradación absoluta de un régimen que perdió toda noción de Estado. En lugar de educar en libertad, se adoctrina en obediencia; en lugar de celebrar una comunidad, se la castiga por pensar distinto. La miseria política se volvió método de control, y la decadencia moral, su marca de identidad.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
La manipulación estadística no sólo es un delito: es una forma de desprecio hacia el bien común. En vez de mejorar la realidad, se la falsifica. En vez de enfrentar los problemas, se los maquilla. Y en ese acto se desnuda algo más profundo: el poder entiende que es más importante que la gente crea que todo está bien, que hacer que realmente lo esté.
Un video viral mostró a un inspector municipal exigiendo más de 23 mil pesos a un camionero para permitirle el ingreso a la capital formoseña. La maniobra, avalada por una ordenanza del intendente Jorge Jofré, viola los principios constitucionales sobre libre circulación y desató nuevas denuncias por abuso de poder
El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Formosa explicó que la medida apunta a que quienes más usan y desgastan las calles colaboren en su mantenimiento. Aseguró que no afecta a los vecinos capitalinos y que el sistema se ajustará para evitar demoras.
La provincia forma parte del grupo de 19 jurisdicciones donde el gasto educativo en 2024 fue más bajo que en 2014. También redujo su presupuesto entre 2023 y 2024, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo de los salarios docentes y menor prioridad del área en el gasto total.
