El funcionario de Insfrán, responsable de la policía de la provincia, justificó el actuar excesivo de los uniformados y el desproporcionado actuar de la justicia provincial. Se quejó de la “doble vara”.
Locales18/03/2024
leonardo fernández acosta
El funcionario más polémico del gabinete provincial descalificó a los abogados que defendieron al joven que terminó preso por hacerle un “Fuck You” a Insfrán.
En principio, remarcó la importancia de contextualizar esta situación. “El gobernador de la provincia tiene una investidura que siempre hay que respetarla, no porque sea Gildo Insfrán, sino porque representa la decisión de los formoseños de quien debe conducir los destinos políticos de la provincia durante cuatro años”, inició diciendo.
Sobre el hecho, relató que “el Gobernador circulaba en su camioneta, en Formosa todo el mundo la conoce y no tiene polarizados y se puede ver su interior; ahí se produce esta situación que para algunos quienes ven desde la tribuna es una tontería, pero hay que estar en ese contexto y tenemos que entender cuál es el rol de la custodia de una persona con la responsabilidad institucional como la que tiene el Gobernador”.
Siguió su relato, destacando que hay dos aspectos que resultaron muy llamativos. “La persona iba en motocicleta, en el semáforo se acerca al Gobernador y la custodia observa que está con una garrafa entre las piernas, que en sí mismo es un elemento cuya manipulación requiere aspectos de seguridad y tiene una potencialidad explosiva”, expuso.
“Empezó a realizar gesticulaciones y a vociferar cosas y hace que la situación de atención para la custodia del Gobernador que se desplaza en otro vehículo atrás haga que esté en alerta y cuando el semáforo da la luz verde esta persona se pone adelante de la camioneta y hace un movimiento de zigzag, una conducta de altísimo riesgo por lo que se actuó”, manifestó el funcionario provincial.
“Cuando se lo redujo, reacciona y no quiere ser detenida, con golpes y patadas. Se lo detiene y se hace la actuación judicial. Ese es en síntesis el hecho. Hubo una situación objetiva de riesgo objetivo de amenazas para el Gobernador. Y una persona que está preparada para custodiar a otra, tiene que reaccionar ante una situación de potencial riesgo”, especificó el titular de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo.
Cabe destacar que el agresor fue liberado en las últimas horas. “Estamos en un contexto sumamente extraño, raro. Si tenemos un Presidente (Javier Milei) que en sus redes sociales tiene un discurso cargado de connotaciones de odio y menciones sumamente agresivas para quienes no piensan como él, en particular con los gobernadores; entonces muchos creen que eso es carta libre para hacer lo que ellos piensan y quieren”, expresó el ministro agregando que “esta sociedad tiene normas y reglas que respetar”.
Sobre los abogados defensores, el ministro Gonzalez mencionó que “son personas conocidas”. “Una diputada de la UCR que apoyan al Gobierno de Milei, el hijo de un exmiembro de la STJ de la dictadura militar y condenado por delitos de lesa humanidad y una asesora del senador Naidenoff. Es claro por donde viene la orientación”, enumeró.
Por último, destacó la necesidad de mencionar “la doble vara en este tipo de situaciones”. “Quienes juzgan las acciones que se llevaron adelante para cuidar ante un riesgo potencial la integridad del Gobernador y de las personas que se encontraban en ese lugar, no dicen nada respecto de las actuaciones sobre supuestas amenazas al presidente (Mauricio) Macri en su momento o al presidente Milei, que incluso irá a juicio oral y público una persona que arrojó una botella de agua a Milei; ahí está la doble vara”, profundizó.
“Tratan de destruir la credibilidad de una actuación, con un profesional que firma y otros que están en redes sociales tratando de generar una noticia sobre esta situación, con una mirada selectiva de la realidad”, finalizó.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras los bancos celebran la baja de tasas, un empleado formoseño necesitaría quintuplicar su salario para que un banco siquiera considere su solicitud. La "reactivación" es solo para quienes ya están del lado adentro de la verja.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
La estadística como cortina de humo: Mientras se promociona una tarifa eléctrica baja como "logro social", se oculta que el 90% de los formoseños necesita subsidios crónicos para pagar un servicio básico. El relato oficial celebra la dependencia como si fuera un triunfo, silenciando tres décadas de estancamiento que condenan a la provincia a la asistencia perpetua. El verdadero costo no está en la factura de la luz, sino en la factura política de un sistema que produce pobres para luego exhibir su pobreza como mérito propio.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
