En un increíble parte oficial, la policía asegura que no había cuidador por “falta de pago” y que el estado de abandono al encontrarse en una zona alejada de la población propicia los robos.
Locales21/04/2024
leonardo fernández acosta
Efectivos de la Subcomisaría Namqom investigan un ilícito ocurrido en una casa quinta ubicada a la vera de la Ruta Nacional Nº 81, a la altura del kilómetro 1186.
Este sábado en horas de la siesta, efectivos de la Subcomisaría Namqom tomaron conocimiento a través de las redes sociales, sobre un supuesto hecho de vandalismo ocurrido en una casa quinta ubicada a la vera del Riacho El Perdido de esta ciudad.
Luego de realizar una transmisión en vivo a través de las redes sociales, la propietaria se acercó a la Subcomisaría, donde expresó que no iba a realizar la denuncia por lo sucedido y luego se retiró.
Posteriormente, los auxiliares de la justicia se trasladaron al lugar del hecho, donde fueron recibidos por el esposo de la funcionaria, quien autorizó el ingreso del personal para realizar las diligencias procesales del caso.
Según lo expresado por el damnificado, personas desconocidas provocaron daños en las aberturas de la casa; además le robaron un inodoro, una pileta lavatorio, tres bancos de madera, el motor de la piscina, 10 metros de manguera de PVC y 25 metros de cable aéreo.
Conforme relevamiento realizado en torno al caso, los investigadores establecieron que en la casa no reside ninguna persona; en tanto el cuidador se retiró hace un mes y medio aproximadamente de ese lugar, aduciendo falta de pago por el trabajo realizado.
Por otra parte, el estado de abandono del inmueble, la falta de personas que residan en la casa o de un cuidador, al encontrarse en una zona rural y alejada de la población, propicia que constantemente se produzcan hechos de raterismo.
Posteriormente, minutos después de las 18:00 horas, el damnificado acudió a la dependencia jurisdiccional, donde realizó la denuncia del caso y se inició una causa judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 2 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Formosa.
Por el caso, el jefe de la Delegación Unidad Regional Uno Distrito Cinco, conformó una comisión policial para investigar lo sucedido, con la colaboración de efectivos del Departamento Informaciones Policiales y sección motorizada Alacrán, a los efectos de esclarecer el hecho.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
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Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
Un cadáver pasó inadvertido durante una semana; una acusada de grooming fue detenida en 24 horas. La desigual rapidez del Estado desnuda que el problema nunca fue la capacidad operativa, sino dónde decide aplicarla.
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El fallecimiento de Marcos Godoy, un joven de Villafañe que murió en circunstancias aún no esclarecidas, quedó en manos del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº4 de Marcelo Picabea, el mismo que tramita la causa por el femicidio de Xiomara Portillo. Pese a las pruebas, los testimonios y los vínculos políticos señalados por la familia, el expediente no avanza porque se trataría de un sobrino del dirigente sindical, Hilario Martínez.
